Por Francisco Cabrera

En el acto de homenaje que el Partido Liberal le rindió a César Gaviria, con motivo de cumplirse 20 años de la Constitución de 1991, Juan Manuel Santos aprovechó para hacer una defensa en toda la línea de la era neoliberal que se inició en ese entonces y de la cual él ha sido protagonista de primer orden. Después de explayarse en alabanzas al ex presidente, de colmarlo de títulos y declararlo su jefe, dijo sentirse orgulloso de terminar, con la firma del TLC con Estados Unidos, la tarea de apertura de nuestro mercado que aquel iniciara. En este artículo no nos detendremos a examinar las curiosas volteretas políticas del mandatario, y Notas Obreras habrá de hacer un balance de las desastrosas consecuencias para la Nación de estas dos décadas de vigencia de la carta del 91. Aquí nos ocuparemos de un aspecto al cual Santos dedicó buena parte de su intervención: la Ley 100, frente a la cual traza la política contumaz de apuntalarla y de concentrar el negocio de las EPS en unas pocas.

Como si se tratara de algo gratuito, Santos empieza diciendo que “hoy es casi moda criticar esta ley” y pasa a blandir la principal arma que Uribe, el jefe de la víspera, usó en su defensa: la cobertura del 96%. Argumento que en el debate nacional ha quedado plenamente desvirtuado. Hasta el punto que El Tiempo, tan caro para el gobernante, reconoció en un reciente editorial que de nada sirve un carné si la gente se enfrenta a barreras que les niegan los servicios, incluidos los del Plan Obligatorio de Salud, POS, y señaló que desde la promulgación de la Ley 100 el país ha retrocedido o se ha estancado en algunos indicadores claves en salud[1] . Aunque el editorial no acepta que el origen de los problemas está en haber introducido el negocio del aseguramiento en la salud y fomentado su privatización, muestra claramente que ya no es tan fácil defender a ultranza ese perverso sistema.

Frente al robo de billones de pesos, Santos minimiza el problema reduciéndolo a una “coyuntura especial generada por casos puntuales de corrupción”, que “más que una crisis es una verdadera oportunidad que estamos aprovechando para fortalecer el sistema”. A renglón seguido esboza la propuesta de “conservar pocas EPS pero que sean realmente fuertes”, o sea que será la mano visible del Estado la encargada de repartir la fortuna y la desgracia. Lo único cierto es que el gobierno de la “Prosperidad Democrática” se pasa por la faja olímpicamente las críticas hechas desde diversos sectores al sistema de aseguramiento y decidió “fortalecerlo” concentrándolo. De la misma manera, mira con desdén las enseñanzas de la experiencia que han sacado a flote los escándalos de los últimos meses, demostrativas de que cuanto más grandes son las EPS, mayores son su poder corruptor sobre el Estado y el tamaño de sus fauces. Ahí está el caso de Saludcoop con sus tres y medio millones de afiliados.

A mediados de mayo, Noticias Uno reveló que en 2009 el actual ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, trabajó para Saludcoop en una consultoría por la que recibió 144 millones de pesos. La principal recomendación que hace en el estudio que presentó, es que para garantizar el negocio de las EPS éstas deben profundizar la integración vertical, además de proponer, entre otras, que se triplique la cotización de los trabajadores y que el Estado cubra los gastos en que incurran las aseguradoras para su defensa en procesos instaurados en su contra, referentes a servicios no cubiertos por el POS. El hoy Ministro critica a los jueces por su papel excesivamente “garantista” y propone que si esto continúa debe presentarse al Congreso una “ley estatutaria que limite el alcance del derecho a la salud”, según lo dio a conocer CaracolTV. En un principio, Echeverry negó haber participado en el debate sobre la reforma a la salud cuando se le acusó de incurrir en un conflicto de intereses. Sin embargo, los medios demostraron que mentía pues sí intervino en el trámite de la Ley 1438. Pero no sólo eso, habría que agregar algo más grave aún: la defensa del proyecto de acto legislativo sobre la sostenibilidad fiscal que limita la tutela y en general los derechos del pueblo, estuvo a cargo del titular de la cartera de Hacienda y el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho a la salud fue presentado al Congreso conjuntamente por los ministros de Hacienda y de la Protección Social. Echeverry ha dicho cínicamente que se siente orgulloso del estudio y que éste debería donarse al gobierno, lo cual no es necesario, ya que él se ha encargado de convertir sus recomendaciones en política de Estado.

Las influencias de Carlos Gustavo Palacino, cabeza de Saludcoop no terminan ahí. Estas llegan hasta otros dos ministros del gabinete de Santos. En su columna de Semana titulada Impecable lavandería, Daniel Coronel cuestiona que Paola Vergara Acevedo, esposa del ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, se hubiera mantenido trabajando para Saludcoop hasta un mes después de que su marido se posesionara y que posteriormente hubiese hecho un arreglo para seguir recibiendo por un contrato lo mismo que ganaba como empleada. Hasta el mes de octubre la señora ocupaba cargos en las juntas directivas y consejos de administración de varias de las empresas del grupo mediante las cuales Saludcoop se auto presta servicios aprovechando la integración vertical. Dentro de las funciones del contrato por 147 millones de pesos, que vence en octubre de 2011, estaba mantener informada a la aseguradora sobre los aspectos que afectaran sus intereses en el trámite de los proyectos de ley relacionados con la salud. Coronel llamó la atención sobre el hecho de que Saludcoop se encuentra a la espera de una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio —adscrita a la cartera que dirige Diaz-Granados—, porque conformó un cartel en la Asociación Colombiana de Medicina Integral, ACEMI, junto con otras 13 EPS, para manipular los informes que sirven de base para definir la Unidad de Pago por Capitación y para el pago de los recobros por el Fosyga. En todo caso, de ser sancionada, no lo será por sus defraudaciones al Estado, sino por “prácticas restrictivas de la competencia”. El abogado que hace la defensa de los intereses de la EPS en el proceso mencionado, es Enrique Vargas Lleras, hermano del Ministro del Interior y de Justicia.

A partir de las denuncias que se han venido conociendo, La Silla Vacía elaboró un gráfico —que habrá de irse completando— con la “red de contactos en esferas del poder” armada por Carlos Gustavo Palacino. Además de lo que aquí se ha mencionado, en ella se encuentran personajes como Julio César Turbay Noguera, hijo del anterior Contralor, quien trabajó como contratista para Saludcoop; Miguel Rueda Serbausek, ex viceministro de salud y ex director del Invima, actualmente presidente de Epsifarma, empresa del grupo; Darío Mejía Villegas, miembro de la junta directiva de esa misma empresa, quien se desempeñó como secretario general de la Defensoría del Pueblo y como defensor delegado para la salud; el ex magistrado de la Corte Constitucional, Luis Eduardo Montealegre, asesor jurídico de la aseguradora, y Jaime Eduardo Barrero, quien como antiguo Curador Urbano Nº 4 de Bogotá le concedió licencia de construcción a varias clínicas de Saludcoop en la Autopista Norte, sin el lleno de los requisitos y que posteriormente apareció como socio de Palacino en Villa Valeria, el lujoso condominio en Restrepo, Meta, en el que algunos de los nombrados tienen propiedades.

De esta forma la más grande EPS del país ha logrado poner el Estado a su servicio y burlar la ley. Sólo cuando los medios destaparon la olla podrida de sus actuaciones se produjo la intervención de la Superintendencia de Salud, lo cual no descarta que gracias a sus poderosas relaciones pueda terminar impune. Ante las denuncias que comprometen a sus ministros, Santos se encoge de hombros y aquellos responden invariablemente autocalificándose como un dechado de virtudes, dejando al desnudo la hipocresía de frases como “el pudor en el manejo de lo público” o “gobernar en urna de cristal” que tanto le gustan al mandatario.

Al igual que lo han hecho otros exponentes del neoliberalismo frente a la nueva crisis de la salud, Santos dijo en su discurso del 7 de junio que “parte de los problemas se deben a que el sistema es muy complicado y genera incentivos perversos para comportamientos corruptos”, refiriéndose principalmente al mecanismo de los recobros. La verdad es que desde su creación, al convertir la salud en un negocio, el sistema de la Ley 100 le puso a la codicia privada el más grande y perverso de los incentivos: una torta que hoy suma 30 billones de pesos y de la cual las EPS han querido sacar la mayor tajada posible. Como premio a sus desafueros hoy Santos les ofrece que el reparto de esa porción será entre un selecto grupo.


Notas:


[1] Trancribimos los párrafos del editorial en los que se mencionan algunos datos importantes:
“Infortunadamente, la enorme inversión de dinero, que actualmente bordea los 30 billones de pesos anuales, no se compadece con los resultados de algunos indicadores claves de salud de la población.

“Distintos estudios demuestran, por ejemplo, que la tendencia a la baja de las muertes evitables se estancó a partir de 1993, año en que se expidió la Ley 100, que creó el Sistema General de Seguridad Social.

“No se entiende cómo en un país que registra una cobertura superior al 90 por ciento, todavía se presente una tasa de mortalidad de 59 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, según datos oficiales.

“Persisten, además, las inequidades en materia de mortalidad infantil, que es un 42 por ciento más alta en la región del Pacífico que en la oriental y un 220 por ciento mayor entre la gente más pobre del país.

“También es lamentable que hagamos parte del grupo de naciones de América Latina que presentan los peores indicadores en una enfermedad de la Edad Media como la tuberculosis. Sin hablar del rápido crecimiento que han registrado los males transmitidos por vectores como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria, que desdibujan las acciones en salud pública puestas en marcha durante los últimos años.

“En este preocupante diagnóstico, capítulo aparte merece la calidad de los servicios que reciben las personas. De nada sirve que estén afiliadas y que exhiban un carné que las acredita como tales, si deben enfrentarse a barreras administrativas que les dificultan el acceso a citas con especialistas, a exámenes y pruebas diagnósticas y a procedimientos y medicamentos a los que incluso tienen derecho.

“Prueba de ello es que un alto porcentaje de las tutelas interpuestas por los ciudadanos durante años contra las empresas promotoras de salud reclamaban servicios que estaban contenidos en su plan de beneficios (POS).

“Por eso, es válido preguntar si detrás del hecho de que en Colombia hoy se pierdan 279,5 años de vida saludable por cada mil habitantes (105,5 más que en 1995) está la falta de programas serios de promoción y prevención y de calidad de los servicios.”