Por Francisco Cabrera

En los últimos días un escándalo tras otro dejaron plenamente al descubierto el entramado criminal mediante el que se desfalcan los recursos que deberían destinarse a la salud de los colombianos. En la cabeza se encuentran las EPS y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, el cartel que las agrupa. La red que sustenta su acción predadora se extiende por todas las instituciones del sistema: El ministerio de la Protección Social, el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia de Salud. Según ha tenido que reconocerlo el propio gobierno, el desangre podría llegar a sumar una cifra de varios billones de pesos. Semejante corruptela se incubó al amparo de la Ley 100 y del andamiaje legal que entregó la vital actividad a la codicia de los negociantes. Con todo y lo dramático de la situación, hay un aspecto positivo: ya la ciudadanía sabe en donde están los culpables de la catástrofe.

Los sucesos recientes son los episodios culminantes de la crisis por los recobros que estalló a finales de 2009 y que le sirvió de base a Uribe para declarar la Emergencia Social. El presidente y su ministro Palacio culparon malévolamente a los usuarios de llevar el sistema de salud al colapso al abusar del recurso de tutela para exigir, decían, cirugías estéticas. Entonces, le encomendaron la redacción de los decretos de la Emergencia a quienes siempre dictaron, a su medida, las normas del sector para poder saquearlo y lucrarse a sus anchas: a las EPS. Los decretos despertaron la indignación general porque reducían el Plan Obligatorio de Salud, POS, a “la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y la odontología general”. Todo lo que estuviese por fuera de dicho Plan debían sufragarlo el paciente y su familia, respondiendo con el patrimonio, las pensiones y las cesantías si fuese necesario. Los médicos, a quienes se les amenazaba con multas y con la destitución si con sus prescripciones “ponían en riesgo la estabilidad financiera del sistema” salieron en defensa de la autonomía de su profesión. Los hospitales de la red pública alertaron que los decretos de Emergencia los condenaban a la liquidación al cambiar el mínimo del 60% que las EPS estaban obligadas a contratar con ellos, por un máximo, lo cual les dejaba a aquellas expedito el camino hacia la integración vertical. De remate, al pueblo se lo castigaba con más tributos, con el supuesto fin de salvar la salud del desastre. Los hechos se encargaron de demostrar las falacias del régimen y dieron la razón a quienes, como Notas Obreras, hemos dirigido el dedo acusador hacia las EPS.

Las EPS hacen lo que quieren porque tienen el control del sistema

En el mes de diciembre de 2010, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y el instituto de Investigaciones Clínicas (IIC) de la Universidad Nacional entregaron a la CRES un estudio que ésta tomaría como base para definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para el año 2011. La investigación contiene varias revelaciones de suma importancia. La primera, es que las EPS son la única fuente de información de la que dispone el Estado para la toma de decisiones y para la labor que le corresponde de inspeccionar, vigilar y controlar. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? La respuesta la dio otra investigación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio después de tener acceso a las actas de ACEMI y a una abundante cantidad de correos electrónicos y material hallado en las computadoras de la agremiación, en los que se ve que las aseguradoras, actuando como un cartel, acuerdan manipular la información que deben entregar al Ministerio de la Protección Social, con base en la cual se determina el valor anual de la UPC y la que sirve de referencia para el pago de los recobros por el FOSYGA[1]. Según el informe, el cartel también concierta cuáles de los servicios contemplados en el POS se le niegan a los pacientes para convertirlos en objeto de recobros, una de las grandes fuentes de la hemorragia del sistema.

Otro asunto que puso de relieve el estudio de la Universidad Nacional es la importancia que tiene para las aseguradoras la integración vertical, pues cuando contrata con sus propias clínicas, droguerías, lavanderías, empresas de vigilancia y de servicios generales manejan los precios a su arbitrio, lo que les permite inflar los costos que presentan al gobierno. De allí se desprende el hallazgo del escándalo, pues al analizar las cifras de los gastos reportados por las EPS, los investigadores encontraron que entre 2008 y 2009, estos presentaron un desproporcionado incremento del 24%, debido principalmente a que en tres EPS, Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud, todas del mismo grupo, se dan aumentos, de un año a otro, de hasta un 246% en los 25 medicamentos de mayor consumo. Estas cifras obligaron a realizar otro informe del propio ministerio que coincidió en el análisis del aumento de los costos, lo que llevó a que el acuerdo de la CRES para fijar la UPC para el presente año fuera provisional hasta resolver las “inconsistencias en la información”.

La declaración de Saludcoop frente a estos hechos es de una absoluta desfachatez. En un comunicado aparecido en la página web de la Confederación de Cooperativas de Colombia se dice que “la información de la EPS se remitió al Ministerio y esta entidad la devolvió pidiendo rectificación de algunas inconsistencias (…) efectivamente había un costo equivocadamente elevado para los medicamentos pero también había costos equivocadamente bajos para otros servicios como hospitalización, servicios ambulatorios y urgencias (…) de hecho, el costo total del POS en Saludcoop está por debajo del costo promedio de todas las EPS que existen en el país.” Nótese la frescura con la que se reconoce la manipulación en el manejo de lo que deben informar; lo que les importa es que el costo total del POS esté dentro de un determinado rango, el acordado por el cartel de ACEMI para forzar el monto de la UPC.

El informe de la Universidad Nacional vino a confirmar una denuncia insistente y de muchos años de la Federación Médica Colombiana a través de su Observatorio del Medicamento. Después de una valerosa batalla legal este gremio tuvo acceso a la base de datos del FOSYGA y ha venido demostrando, con lo que llaman “casos emblemáticos”, sobrecostos de miles de millones en drogas como el Rituximab, en cuyos recobros se encontraron sobrecostos por 70.614 millones de pesos, entre 2007 y 2009; o los antihemofílicos VIII y IX, que estando dentro del POS, fueron recobrados como no-POS con sobrecostos de 21.700 millones, en el mismo período. El gremio también ha criticado con agudeza la libertad de precios en los medicamentos decretada por el gobierno para complacer las exigencias de las multinacionales en las negociaciones del TLC, así como la incapacidad del Estado para controlar el mercado farmacéutico.

La cosa nostra

El robo al Estado es contra toda la poblaciónCuando el escándalo por el desfalco a la salud y las denuncias contra ACEMI estaban ocupando el primer plano en los medios de comunicación y la ciudadanía se preguntaba indignada por qué el Estado había permitido semejante corrupción con unos recursos que pertenecen a toda la sociedad, y que por su destinación deberían ser objeto del mayor celo, el gobierno corrió presuroso a ponerse un taparrabo. El presidente, acompañado por el Ministro de la Protección Social, la fiscal, el comandante de la policía y las cabezas de los organismos de control, apareció en una rueda de prensa para anunciar la captura de cinco personas que hacían parte de una red dedicada a tramitar recobros de manera fraudulenta, dentro de las que se encuentra Claudia Patricia Rojas, coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimientos de Recobros del Ministerio de la Protección Social. Santos señaló que el desfalco encontrado de 30.000 millones era apenas “la punta del iceberg” y que se podría estar hablando de billones. El vicepresidente, por su parte, le puso su pintoresco toque de “izquierda” a la pantomima oficial y propuso el desmonte de la intermediación en la salud.

La sensación que dejaron estas capturas fue la de que esos no eran los verdaderos capos dentro del gobierno y en las EPS, menos si, como lo dijo Santos, están involucrados billones. Hasta El Tiempo lo expresó a su manera: “Seis capturas de funcionarios y particulares de mediano nivel son un buen comienzo”. Hoy las pesquisas involucran a Carlos Jorge Rodríguez, ex viceministro técnico del Ministerio de la Protección Social y a la ex directora de financiamiento de esa cartera, Luisa Fernanda Bellini.

Como sucedió con Agro Ingreso Seguro o con la contratación en la infraestructura de donde brotaron criaturas como los Nule, la mafia de los recobros se montó durante la pasada administración, cuando en 2006 el Ministerio estableció de manera “provisional” las llamadas mesas de trabajo por compensación para estudiar si se hacían o no 21.000 de aquellos pagos; fue allí en donde se inició el tráfico entre las EPS, funcionarios del Minprotección y del FOSYGA y empresas que se especializaron en la asesoría para el trámite de recobros. El negocio resultó tan bueno que las tales mesas se volvieron permanentes. Diego Palacio, bajo cuya administración sucedió todo esto sólo atinó a decir que se equivocó confiando en Claudia Rojas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Aún no lo sabemos. Probablemente todo dependa de cómo evolucionen las relaciones entre Santos y Uribe, quien al parecer, tenía más de tres huevitos por cuidar.

La intervención a Saludcoop ¿castigo o salvavidas?

El último episodio de esta crisis es la intervención temporal de Saludcoop por la Superintendencia del ramo el pasado 12 de mayo, porque según esa entidad, después de realizar una visita a la aseguradora, ésta no aclaró inconsistencias en la situación contable, financiera y administrativa y porque se encontraron graves problemas de cartera vencida por 370.000 millones de pesos. El episodio nada tiene que ver con el saqueo a los recursos de la salud ni con la apropiación de 627.000 millones de los dineros de la UPC para hacer inversiones ajenas a la prestación de los servicios que, como se recordará, fue motivo de un escándalo el año anterior y llevó a que el superintendente de ese momento ordenara la restitución de esos recursos. La resolución, sin embargo, fue revocada por su sucesor quien explicó que había salvado a la nación de una demanda entablada por Saludcoop, la cual alegaba que se le había violado el debido proceso y exigía ser resarcida con una suma igual a la que estaba obligada a restituir. Son los comportamientos que se han vuelto típicos en los saqueadores del erario, quienes para estafar a la sociedad se valen de las laxitudes que la ley le otorga a los sacrosantos intereses privados. Ese pleito aún no ha concluido, pues la conciliación a la que llegó el superintendente Conrado Gómez fue cuestionada por la contraloría. Lo cierto es que hasta ahora la intervención solo tiene que ver con cuestiones administrativas. Incluso el agente interventor Edgar Pavón y el superintendente han hablado de que el gobierno debe buscar lo más pronto posible un desembolso de 180.000 millones para darle liquidez a la aseguradora. Todavía no se sabe cuándo ni quién va a asumir las investigaciones sobre el enriquecimiento del señor Palacino y la cúpula de Saludcoop —entidad sin ánimo de lucro— que desde hace un año viene denunciando Daniel Coronel con pruebas abundantes[2].

El chocante cuadro de la opulencia de los magnates del cartel, con sus lujosas villas, condominios, campos de golf, inversiones en el mercado financiero y un sinnúmero de negocios particulares que ahora están empezando a conocerse, y que se hacen desviando los recursos de la salud, contrasta con el calvario que sufren miles de pacientes por cuenta de las EPS. Pese al cúmulo de hechos que los delatan, Juan Manuel Díazgranados, presidente de ACEMI, asegura cínicamente que esas corporaciones “no dan utilidades”. Y ya hay quienes desde los medios han comenzado a darle al señor Palacino una aureola de mártir de la causa empresarial en el país.

Ante la debacle ¿otra reforma?

Apenas han transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la Ley 1438 y ya estamos en otra crisis, esta vez, sin lugar a dudas, la más profunda en lo que lleva de vigencia la Ley 100. El gobierno suspendió el trámite del proyecto de ley estatutaria para regular el derecho a la salud a sabiendas de que los escándalos que han sobrevenido y el desprestigio de las EPS dificultan la defensa del sistema basado en el aseguramiento y en la privatización del servicio. Desde distintos ángulos se exigen correctivos. Se trata de cómo brindar salud a los colombianos con los cerca de 30 billones de pesos que la sociedad destina a sufragarla. La posición del gobierno fue la que expuso el ministro Santamaría en el trámite de la Ley 1438, que deja intactos los pilares del sistema que hace aguas y va rumbo al naufragio. Es la teoría que contra toda evidencia ensalza las bondades de la Ley 100 y encuentra la causa de los tropiezos del sistema en las exigencias por el pueblo de sus derechos en salud mediante tutelas; son las mismas tesis que, para ponerles freno a esos reclamos, abogan por la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal. Es tal la devoción del gobierno actual por el “libre mercado” y por el papel bienhechor del capital privado, que acaba de proponer para la educación superior una reforma que copia de la salud las recetas que la llevan hacia la bancarrota.

En otro flanco se encuentra un clamor creciente por cambiar de raíz el inicuo régimen creado por la Ley 100. Notas Obreras ha estado haciendo sus modestos aportes a este propósito. El sistema existente basado en el aseguramiento y en el que participan el sector público y el privado se diseñó para que ingentes recursos provistos por toda la sociedad terminen engordando las arcas de unos cuantos magnates mientras miles de compatriotas son sometidos a diario a los más crueles padecimientos y a la muerte. Estamos convencidos de que Colombia necesita un sistema público de salud que concentre todos los recursos para emplearlos en un servicio integral, que cubra a todos los habitantes, capaz de resolver las situaciones más complejas sin reparar en la billetera del paciente, y en el que la promoción, la prevención y la atención no sean una frase vacua, sino una realidad.

La inconformidad nacional contra el modelo de la Ley 100 debe juntarse en un gran frente de lucha capaz de convertir la rebeldía existente en un poderoso movimiento de resistencia civil, el cual debe emprender todas las acciones necesarias para propiciar una reforma que recoja las demandas populares. Para este propósito reiteramos la importancia de la organización de comités municipales y barriales que se ocupen de la defensa del derecho a la salud, que recojan denuncias, eduquen, hagan propaganda y movilicen a la gente contra las infamias de las EPS y del gobierno.


Notas:

[1] La UPC es el dinero que el Estado les reconoce a las EPS por afiliado y que se calcula promediando todos los costos en los que incurren las aseguradoras más un margen para sus utilidades, las cuales aumentan cuando a los pacientes se les niegan los servicios o los medicamentos incluidos en el POS. Los recobros son los dineros con los que el FOSYGA les paga a las EPS todo lo que se conoce como no-POS y que los usuarios consiguen mediante tutelas o decisiones de los Comités Tecnico-científicos y se constituyen en fuente de rentas adicionales para las EPS.

[2] Ver las columnas de Daniel Coronel en Semana:


El presente articulo se puede reproducir total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, www.notasobreras.net, y el autor, Francisco Cabrera.