Por Patricia García

El pasado jueves 24 de septiembre, más de mil personas desfilaron por las calles principales del municipio de Zipaquirá para exigir que el Hospital San Juan de Dios no se reestructure ni liquide. Con pancartas que denunciaban la política privatizadora de Álvaro Uribe y del gobernador Andrés González, marcharon los trabajadores de las distintas secciones de esa entidad: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal de laboratorio y de la planta administrativa. También participaron delegaciones de los municipios vecinos Nemocón, Ubaté, Pacho y Cogua, y de los barrios Altamira, Samaria, Bolívar 83, San Juanito, San Carlos, Centro, Prado, Cedrales y otros muchos.

Varios concejales y dirigentes del municipio también tomaron parte en esta gran movilización, la cual finalizó, de manera pacífica, en el parque principal con una plegaria por el Hospital, que había sido redactada por varios médicos y enfermeras.

A lo largo de los dos últimos meses los defensores de la salud pública han organizado, además, un foro departamental y una toma de la Gobernación de Cundinamarca. La política de Andrés González, dirigente del partido Liberal, es la misma de Uribe: entregar los hospitales a unos cuantos consorcios privados para que hagan de ellos una gran fuente de negocios.

El San Juan de Dios fue reestructurado en 2003, y años atrás había sido convertido en Empresa Social del Estado, ESE, figura mediante la cual siguió siendo propiedad pública pero sometido a un régimen en el que tenía que atenerse a los criterios de rentabilidad, como lo hacen las empresas privadas. Aquel año, más de 200 empleados fueron despedidos, muchos de ellos tuvieron que someterse al contrato a través de cooperativas de trabajo asociado; se cerraron los centros de salud que atendían en veredas y en algunos barrios, y se provocó una desmejora notable del servicio, puesto que se saturó la capacidad de la entidad; la atención es lenta y tiene que cubrir a muchos pacientes remitidos por las EPS, que en vez de asumir su responsabilidad prefieren descargarla en las instituciones públicas. De tal manera que tanto los empleados como los usuarios se han visto perjudicados por dicha reforma.

El Hospital enfrenta una crisis económica, entre otras razones, porque las EPS no cumplen con el pago de los servicios que éste les presta, y el gobierno nacional, mediante el recorte de las transferencias, y el departamental vienen limitando los recursos que necesita.

El Gobernador acaba de anunciar que se obstina en la liquidación, lo que supone la pérdida del empleo para más de 200 personas de planta, y peores condiciones para todos los que sean enganchados, pues quedarían sujetos al sistema de cooperativas, lo que implica la pérdida de toda garantía o prestación laboral. A su vez, los habitantes de la zona, especialmente los de los estratos uno, dos y tres carecerán del servicio puesto que los precios que impondrá la comercializadora de la salud que lo compre serán impagables.

Por ello, trabajadores y usuarios han constituido el Comité Cívico Pro Defensa de la Salud Pública, que ha resuelto librar la batalla para impedir la aplicación de nuevas medidas neoliberales en contra de la salud y del empleo de los zipaquireños. El Comité está llamando a que se organicen los distintos barrios del municipio, los jóvenes, los estamentos educativos, el comercio y demás sectores para que formen un solo frente con los trabajadores en defensa del Hospital, que va a cumplir 133 años de servicio. Por esa razón, para el día 7 octubre, fecha de la efeméride se realizará una gran marcha de antorchas. Los dirigentes han manifestado que están dispuestos a programar un paro cívico para lograr que se derogue la liquidación. Tanto las asambleas populares como las del personal hospitalario han depositado en dicho comité cívico todas las facultades para abrir el diálogo con el gobierno, bajo la directriz de que no se aceptarán el debilitamiento de la entidad  ni la rebaja de los salarios o prestaciones sociales. A la cabeza del movimiento se encuentran dirigentes tan lúcidos y resueltos como el doctor Rafael Torres; la doctora Martha Márquez; la dirigente de Sindess, Elena Gómez; el activista de Anthoc, Manuel Gutiérrez; los líderes de los usuarios Augusto Torres, Mercedes Barbosa y Claudina Rojas; y la vocera del Instituto Nacional Sindical, doctora Aidé Calderón.

Es tan amplio el respaldo que el miércoles 30 de septiembre, la Junta Directiva del San Juan de Dios, con la excepción vergonzosa de Jorge Eliécer Conde, Gerente del Hospital, se pronunció enfáticamente contra el funesto plan del gobierno departamental. Mientras, centenares de trabajadores y usuarios entonaban consignas y expresaban su decisión de luchar a brazo partido por la supervivencia de la entidad.

Notas Obreras quiere expresar su más cálido respaldo a esta justa lucha del pueblo  y señalar que constituye un ejemplo para que los demás municipios impidan la privatización definitiva de la salud.

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