Por Francisco Cabrera

La crisis tiene nombre: Ley 100

El país padece un verdadero desastre en la salud, originado en el sistema creado por la Ley 100 de 1993 —cuyo ponente fue Álvaro Uribe— que convirtió este servicio en un jugoso negocio del capital financiero. Son algunas de las manifestaciones de esta calamidad nacional: la mitad de los colombianos carece de acceso a servicios médicos, altos índices de mortalidad infantil, epidemias que se creían controladas, quiebra de la red hospitalaria pública, mala calidad en la atención, alto costo de los medicamentos, robo de millonarios recursos por las ARS y las EPS. Todos estos hechos son hoy una preocupación colectiva y los maestros deben tomar parte activa en el debate nacional que se ha abierto al respecto.

Resulta increíble que cuando presenciamos la catástrofe ocasionada por la Ley 100, el gobierno expidiera, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Acuerdo 04 del 22 de julio, que cambia el modelo de salud de los docentes introduciendo la intermediación de las EPS.

Desde 1989, con la Ley 91, el magisterio cuenta con un sistema propio de prestaciones sociales que fue producto de un acuerdo entre Fecode y el gobierno de Barco. Llama la atención que el ponente de la mencionada Ley también fuera el por entonces Senador Álvaro Uribe Vélez. Aunque el magisterio logró asegurar la prestación de los servicios de salud, el acuerdo no era bueno, pues se aceptó la contratación con el sector privado y se entregó la retroactividad de las cesantías para los maestros que se vincularan a partir de enero de 1990.

Si se piensa realmente en el bienestar colectivo, ningún sistema de salud para los trabajadores y el pueblo puede concebirse como un negocio. Por ello, para que sea positivo, cualquier cambio de las condiciones actuales debe eliminar el criterio del lucro y la intermediación. En el modelo que rige para el magisterio, el Fondo de Prestaciones contrata los servicios directamente con las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS. En el acuerdo 04, entre el Fondo y las IPS entran a jugar las EPS, cuya intermediación, como sucede hoy en el régimen de la Ley 100, es un elemento parasitario que se devora una porción considerable de los recursos. ¿De dónde saldrán los gastos administrativos y operativos, de mercadeo, de pago de impuestos, para el pago de interventorías y aseguradoras y, por supuesto, las utilidades de las EPS? No pueden salir sino del Fondo, con la consecuencia de que se recortarán los servicios, mermará la calidad y se incrementarán los aportes. ¿No es eso lo que nos muestra la experiencia de los últimos 10 años con la aplicación de la Ley 100?

La discusión debe centrarse en lo antedicho para que el profesorado no se engañe con el argumento de que con el nuevo modelo podrán “escoger libremente” su EPS. Si esta falacia se acepta, con ello se permite que estas entidades parasitarias comiencen a chuparles los recursos al Fondo de Prestaciones. Para que los docentes muerdan el anzuelo, el Ministerio dice que “se conservan todos los beneficios actuales” y agrega otros como “la nivelación por lo alto para todos los docentes y la igualdad de servicios para todas las regiones del país”; solo le faltó ofrecerles la vida eterna. Al gobierno lo que le interesa es hacerles el mandado a los traficantes de la salud. Los recortes vendrán después, cuando para asegurarles las utilidades a las EPS, se comience a hablar de que el sistema “no es viable”. Y la realidad será la nivelación por lo bajo.


Comparación entre el P.O.S. del régimen contributivo
y el plan de salud del magisterio

Servicio

P.O.S. régimen Contributivo - Ley 100

Plan de salud del magisterio - Ley 91

Medicina General

Limitado

Integral

Odontología

Limitado

Integral

Suministro de medicamentos

Limitado

Integral

Laboratorio clínico

Limitado

Integral

Radiologías y ecografías

Limitado

Integral

Exámenes especiales

Limitado

Integral

Apoyo terapéutico

Limitado

Integral

Suministros

Limitado

Integral

Procedimientos

Limitado

Integral

Transporte

Limitado

Integral

Hospitalización

Limitado

Integral

Cirugía

Limitado

Integral

P y P

Limitado

Integral

Programas especiales

Limitado

Integral

Salud ocupacional

Limitado

Integral

Alto costo

Limitado

Integral

Cuotas moderadoras - copagos

Si

No

Preexistencias - período carencia

Si

No

Recobro al Fosyga (md-tutelas)

Si

No

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional

Si

Si


Pensiones: todo para su majestad, el capital financiero

Golpear las pensiones se convirtió en uno de los medios exigidos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para que el Estado pueda garantizar el pago de la deuda externa; los otros han sido mayores impuestos, reducción de salarios y privatizaciones. En el 2005, de un presupuesto de 93 billones de pesos, la nación destinará 32,2 billones al pago de la deuda. Para el gobierno ese compromiso es lo único intocable y es lo que explica el desespero de Uribe por imponer su paquete de medidas antipopulares. Las reformas pensionales que el gobierno ha hecho —leyes 797 y 860, ambas de 2003— han estado orientadas a elevar la edad y el número de semanas cotizadas para poder jubilarse, a reducir el monto de las mesadas y a cambiar el régimen de transición. La que cursa en el Congreso, además de establecer que los regímenes especiales pierden vigencia a partir del 31 de diciembre del 2007, consagra la “sostenibilidad financiera” del sistema, es decir, convierte en norma constitucional que el gobierno le pueda meter mano a las pensiones cuantas veces quiera, prohíbe la posibilidad de otorgar cualquier beneficio adicional a los trabajadores, acaba con el criterio de los derechos adquiridos y elimina la mesada 14. Adicionalmente, el proyecto de reforma tributaria plantea comenzar a gravar las pensiones.

Lo que se conoce como regímenes prestacionales especiales son aquellos fruto de convenciones colectivas u otros acuerdos, en los que las edades para pensionarse y los tiempos de cotización son inferiores a los establecidos en la Ley 100, y el monto de las pensiones es superior; en el Referendo Uribe fue derrotado en su intento por eliminarlos con la reforma al artículo 48 de la Constitución y ahora lo intenta de nuevo con el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso. Los maestros se pueden jubilar sin importar el número de semanas cotizadas, con una liquidación en base al 75% del último salario —superior a la de la complicada fórmula que introdujo la Ley 797—, y existe compatibilidad entre salario y pensión. Por el tamaño del gremio, eliminar el régimen especial del magisterio resulta prioritario para el gobierno, y por ello, plantear que éste se mantendrá gracias a las maniobras de los senadores Dussán y Avellaneda, es un engaño que desmoviliza a los docentes.

La ley 100 creó un paraíso para los especuladores

La Ley 100 estableció dos sistemas de pensiones: el de prima media en el que las cotizaciones de las nuevas generaciones financian las pensiones de los jubilados, y el de ahorro individual en el que cada cual ahorra lo de su pensión. El primero atraviesa por una honda crisis, es estatal y lo administran el ISS, las cajas de previsión o fondos como el del magisterio; el segundo, es administrado por el sector financiero a través de fondos privados y maneja la fabulosa suma de 22 billones de pesos. Las dos situaciones son el resultado del esquema impuesto por la mencionada Ley sumado a las decisiones de los gobiernos a lo largo de los últimos 10 años. Para poner a andar el negocio de los tiburones financieros, el Estado descremó el Seguro Social sacándole cerca de dos millones de cotizantes y mediante el mecanismo del bono pensional trasladó a los trabajadores de empresas con fondo propio a los fondos privados. Al tiempo que el gobierno desangraba sin contemplaciones el sistema público para atender sus necesidades y dejaba de pagarle los recursos a los que estaba obligado, se convirtió en el principal deudor de los fondos privados, los cuales tienen colocados 11 billones de pesos en bonos de deuda pública. Sobre el ISS recae la mayor parte de la carga pensional pues en diciembre de 2004 cancelaba mesadas a 530 mil pensionados con un costo de 330 mil millones al mes, cuando los fondos privados solo le pagaban 14 mil millones a sus 10 mil pensionados. En materia de pensiones, la Ley 100 creó un paraíso para el sector financiero y convirtió la pensión en un sueño irrealizable para los asalariados.

Octubre 18 de 2004
Publicado en el Leonardo da Vinci N° 11