Por Vladimir Castañeda y Patricia García

A mediados de 2003 se presentaron en el país 93 casos de fiebre amarilla, a consecuencia de los cuales murieron 41 personas. El 25 de diciembre, José Benjamín Ropero, un campesino pobre, de 22 años de edad, falleció en Santa Marta, a causa de una segunda epidemia; veinticuatro días después, la enfermedad acabó con las vidas de su hermano menor y de su abuela y, entre el 20 y el 21 de enero de este año, con las de otras seis personas en Bogotá, Valledupar, Caldas, Magdalena, Villavicencio y Granada. Durante ese mismo mes los medios informaron de centenares de víctimas.

El manejo de la salud

Por Vladimir Castañeda y Patricia García
A mediados de 2003 se presentaron en el país 93 casos de fiebre amarilla, a consecuencia de los cuales murieron 41 personas. El 25 de diciembre, José Benjamín Ropero, un campesino pobre, de 22 años de edad, falleció en Santa Marta, a causa de una segunda epidemia; veinticuatro días después, la enfermedad acabó con las vidas de su hermano menor y de su abuela y, entre el 20 y el 21 de enero de este año, con las de otras seis personas en Bogotá, Valledupar, Caldas, Magdalena, Villavicencio y Granada. Durante ese mismo mes los medios informaron de centenares de víctimas.

La epidemia, cuyos primeros casos se conocieron en julio de 2003 en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, es una imperdonable consecuencia de la falta de previsión de enfermedades que, de acuerdo con la fanfarria de los inspiradores de la Ley 100 de 1993, con Uribe a la cabeza, era la columna vertebral del sistema de salud. Desde donde quiera que se mire esta siniestra situación, que ha costado tantas vidas, aparecen como claros culpables el gobierno y su ministro de la Protección Social, Diego Palacio, pues no sólo fueron incapaces de impedirla, sino que además, una vez apareció, no tomaron las medidas del caso para su control, tales como vacunar a los habitantes de las zonas de riesgo, eliminar aguas estancadas y fumigar, razón por la cual se extendió al Magdalena y la Guajira. Ni siquiera los hechos de julio sirvieron para que el gobierno se abasteciera con vacunas, por lo que hubo de importarlas de Venezuela y Brasil, a causa de la reaparición del contagio en diciembre. Como si lo anterior fuera poco, a pesar de la evidente presencia del vector en los parques Tayrona, Sierra Nevada, Los Flamencos, Ciénaga Grande e Isla Salamanca, el ministro, amangualado con poderosos grupos económicos del turismo, permitió criminalmente que ingresaran allí miles de personas. Con el mayor de los descaros, Palacio, quien estuvo más preocupado pensando cómo arrebatarles conquistas a los obreros que en conjurar el mal, dijo tener la conciencia tranquila, y se dolió del diagnóstico “apresurado” e “irracional” de sus detractores y de la falta de “rigor científico” para tratar el tema.

El “fortalecimiento” del esquema de prevención en salud arrancó con el arrasamiento de sus más importantes instituciones. Fue desmantelado el Servicio de Erradicación de la Malaria, SEM, después de 60 años de haber acumulado buena experiencia en el combate contra la fiebre amarilla, dengue y paludismo, gracias, entre otras cosas, a su sistema de información centralizado. Los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, que se encargaban de la elaboración de suero antiofídico, vacunas contra la fiebre amarilla, el tétano y la rabia, además de otros compuestos, fueron abandonados en manos de las empresas privadas Arbofarma S.A. y Probiol Ltda., con los resultados catastróficos que están a la vista.

Pero la crisis de la salud no se limita a lo señalado, pues ésta alcanzó proporciones todavía mayores a raíz de la caótica situación financiera de los hospitales de tercer nivel. El pasado 27 de enero los gerentes de La Samaritana y el Federico Lleras denunciaron que el Estado y los intermediarios privados les debían cerca de 630 mil millones de pesos, desde 1999. El primero de los nombrados culpó a la Ley 100 porque, según dijo, “obliga a los hospitales a vender sus servicios a crédito sin garantía de pago”. La plata de la red hospitalaria se la roban los intermediarios del sistema de salud. No de otra manera podría explicarse que tras nacer en una casita del barrio La Castellana de Bogotá, un par de años después, Saludcoop, saltara a ocupar el puesto 23 entre las empresas más grandes del país. En su edición del 30 de noviembre de 2003, el periódico El Espectador mencionó que Saludcoop, luego de surgir “tímidamente” y de reunir $1.000 millones, capital mínimo exigido por el gobierno para empezar a funcionar, además de comprar las EPS Cruz Blanca y Cafesalud, se “convirtió en el principal grupo financiero de financiamiento (sic.) en salud”. El patrimonio de esta EPS pasó de $ 2.500 millones, en 1995, a $ 75.000 millones un lustro después. Tras una revisión minuciosa de sus declaraciones de renta, correspondientes a los años 2001 y 2002, la Dian detectó que la “cooperativa” le adeuda a la nación cerca de $ 25 mil millones. (El Tiempo, febrero 13 de 2004).

Mientras que millones de colombianos carecen de seguridad social y quienes entre los pobres y la clase media, cotizan mensualmente a costa de grandes sacrificios, batallan a diario para que el “Estado Social” les reconozca los servicios de salud, un puñado de intermediarios —entre los que se encuentran Empresas Promotoras y Administradoras del Régimen Subsidiado—, estrechamente ligados al sistema financiero nacional e internacional, se alzan con sumas astronómicas; de ahí que la oligarquía sólo proponga maquillar los peores efectos de la crisis y no atacar sus causas.

Cuando todo parecía indicar que ya habían aflorado las peores manifestaciones del cáncer que carcome al sistema de salud, aparecieron otras dos. En febrero, el diario El Tiempo dio a conocer que Estados Unidos, bajo el chantaje de no renovarle las preferencias arancelarias a Colombia, exigió que se prohíba a la industria farmacéutica nacional producir cualquier medicamento sobre el cual las multinacionales gringas aleguen tener la propiedad. Ni corto ni perezoso, el gobierno arrodillado de Uribe empezó a aplicar el decreto 2085 de 2002 que impide fabricar genéricos para tratar enfermedades como demencia, disfunción eréctil y epilepsia. Se sabe que estudia 34 nuevas solicitudes. Esta veda disparará más los precios de las drogas, hoy inalcanzables para el grueso de la población. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado encontrarán en los altos precios otra excusa para seguir recortando del Plan Obligatorio de Salud (POS) el suministro de medicinas a sus afiliados.

Recorte que a finales de ese mismo mes anunció el ministro de la Protección Social, acompañándolo con la notificación de excluir del POS la atención odontológica. En contraprestación por la merma de los servicios, el gobierno, lerdo en atender la epidemia de la fiebre amarilla, ahora, diligente, les encareció a los usuarios las cuotas moderadoras y copagos en más del 15 por ciento, es decir, casi el doble de la inflación proyectada y del ajuste salarial firmado con las camarillas obreras.

Con la misma argucia que se utilizara para imponer la Ley 100, es decir, la de ampliar la cobertura a las capas más empobrecidas, el gobierno menoscaba el POS y eleva las cuotas moderadoras y los copagos. Al final de cuentas, como sucedió durante los últimos diez años, la única cobertura que se incrementará va a ser la de los cotizantes, a costa de quienes hoy están en el régimen subsidiado. Más y más colombianos tendrán que sacar de donde no tienen para pagar unos aportes bien caros y recibir, si acaso, una atención médica general a las carreras y unas cuantas aspirinas.

Enfrentemos, encabezados por el personal de hospitales y centros de salud, esta política criminal del gobierno. En medio de la lucha aclaremos que no habrá alivio ninguno a la insalubridad, mientras la salud siga siendo un negocio de los vampiros del capital financiero.

Marzo 13 de 2004