Por Francisco Cabrera

sin_derechos_thumbAntes de culminar su mandato, Uribe presentó ante el Congreso, con la firma de los ministros de Hacienda saliente y entrante, un proyecto de acto legislativo que introduce en la Constitución el principio de la sostenibilidad fiscal, una especie de talanquera que les dice a los funcionarios de las tres ramas, a todos los niveles, que la satisfacción de los derechos de los ciudadanos depende de los recursos limitados del erario, algo que día tras día el pueblo padece en carne propia, pero que, tras sus protervos intereses, el régimen oligárquico considera debe quedar consagrado en la Carta de 1991.


Los argumentos del santismo

El proyecto de acto legislativo “Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal” reforma los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución, que tratan sobre la intervención del Estado en la economía, el Plan Nacional de Desarrollo y la formulación del presupuesto, respectivamente y señala que tal principio debe “orientar a las Ramas y Órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”. En realidad abarca todos aquellos campos que tienen que ver con el erario. Aunque allí se dice que se trata de un “instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho”, en la práctica significa todo lo contrario: éste sólo será Social y de Derecho hasta donde la plata alcance y, como se sabe, ésta alcanza cada vez menos.

En la defensa del proyecto el gobierno y su coalición en el Congreso trajeron a cuento la situación que hoy enfrentan varios países de la Unión Europea para decir que aquella obedece a que no se midieron en sus gastos y por ello ahora el precio que pagan, o las “ofrendas” como las llaman los ponentes Gerlein Echeverría y Vélez Uribe, son “bajadas de las pensiones, subidas de impuestos, recortes de ayudas públicas, despidos de miles de funcionarios, retirada de las inversiones, incrementos de la edad de jubilación...”. Es el típico enfoque de los defensores del libre mercado para quienes el capital es su dios y la depredación económica algo inherente al mundo de los negocios. Como se ha analizado ya en Notas Obreras la causa de la crisis europea —que en mayor o menor medida es de todos los países— tiene su origen en las maniobras especulativas de los financistas del mundo cuyo centro está en Wall Street, respaldados por las políticas de los gobiernos de las metrópolis, especialmente la norteamericana. Aquí lo que hay que resaltar es que las medidas de ajuste que se viven en el Viejo Continente provocadas por el endeudamiento “son bastante conocidas por los colombianos y por todos los latinoamericanos, quienes las vienen padeciendo por décadas”, como bien lo dice Catalina Mendoza en su artículo Austeridad: preparando el terreno del descontento mundial. En Colombia, el Fondo Monetario Internacional, FMI, en nombre de los tiburones de las finanzas, cada cuanto le exige al gobierno de turno, entre otras medidas, hacer una reforma tributaria con nuevos gravámenes y mayores tasas impositivas; o cambiar el sistema pensional para aumentar la edad de jubilación, incrementar el monto de los aportes y disminuir las mesadas; o le exige, como ya lo ha hecho en dos oportunidades, que se modifique el régimen de transferencias para quitarles recursos a la salud y a la educación. De todas formas, cada nuevo apretón reduce la capacidad de maniobra de los opresores.

Los ponentes Gerlein y Vélez no pueden ocultar el papel que juega el endeudamiento en la propuesta del proyecto:

“Empezando el año 2009, la deuda externa del país, estaba en un 19% del PIB Nacional, pero al terminar este año, la deuda ya representará aproximadamente el 24% del PIB, según un boletín del Banco de la República.

“Este incremento de aproximadamente 5% porcentuales (sic) de la Deuda Externa respecto al Producto Interno Bruto en un año, nos muestra que las obligaciones del país en nivel externo ascendieron en 1 año en un 15.5%, situación preocupante (…)

“Por eso es necesario este proyecto que busca la sostenibilidad fiscal”

El Congreso aprobó en septiembre el Presupuesto General, el cual retrata de manera perfecta la situación del país: de los 147,3 billones de pesos que es el monto total, 84 billones corresponden a gastos de funcionamiento, 37,7 billones se destinarán al servicio de la deuda — amortizaciones más intereses— y los restantes 25,6 billones serán para inversión. Si a esta última cifra se le descuentan los varios billones que se esfuman por las corruptelas en las que se maridan los funcionarios y el “eficiente” sector privado, lo que queda para resolver los ingentes problemas de la población es un mínimo porcentaje del erario. El colombiano es un Estado burocrático y corrupto puesto al servicio del capital financiero imperialista y de una oligarquía vendepatria. La sostenibilidad fiscal será un instrumento para perpetuar esta situación calamitosa en la que se originan los padecimientos de millones de gentes trabajadoras.

Distribución del Presupuesto General de la Nación - 2011

Presupuesto 2011

La ponencia muestra que un objetivo central de la reforma es constreñir las decisiones del mismo Congreso y de los jueces. Refiriéndose a las sentencias de éstos últimos anota:

“La lógica jurídica con la que se pronuncian, la mayoría de las veces, va en contravía a la lógica economicista con la que las instituciones encargadas del manejo de las finanzas del Estado tienen que operar, y de ahí el llamado a que haya una convergencia.

“Hay enfoques que resultan siendo contradictorios en relación con los compromisos que debe asumir el Estado, por ejemplo, frente al amparo que debe ofrecer a un grupo vulnerable como el de los desplazados y otro como el de los reinsertados, puede costar una cifra cercana a los 30 billones de pesos, cerca al 9% del PIB (...)

“Sobre fallos que inciden en la viabilidad fiscal del país, vale hacer alusión a la Sentencia de Unificación 1194/00 donde la Corte Constitucional tuvo que salirle al paso a las múltiples tutelas que solicitaban el incremento salarial a todos los servidores públicos, declarando esas tutelas improcedentes en el proceso de revisión de múltiples fallos dictados por numerosos jueces del país, que concedían reajustes salariales a través de esta acción instauradas (sic) por trabajadores del Estado, en contra de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

De manera deliberada los ponentes omiten el tema de la enorme cantidad de tutelas que reclaman servicios de salud[1], pues saben que sus torcidos objetivos son los mismos que provocaron la indignación del país contra los decretos de la Emergencia Social. Desentenderse olímpicamente de sus obligaciones en asuntos tan graves como el de los desplazados que afecta a cerca de cinco millones de colombianos porque eso vale mucha plata, negarles sus derechos a los trabajadores y al pueblo y cerrar el camino para que estos derechos puedan ser reclamados mediante tutelas u otro tipo de recursos legales, tales son, entre otros, los infames propósitos de la enmienda constitucional propuesta.

Los señores Gerlein y Vélez no hacen sino expresar un clamor que existe dentro de la burguesía para que se les pongan límites a la tutela y en general a los fallos judiciales que afectan las finanzas públicas. En editorial del diario Portafolio del 14 de septiembre titulado Repensar la tutela se lee:

“Nadie sensato discutiría la importancia de la 'tutela' en los días que corren o se atrevería siquiera a proponer su eliminación. Es innegable que, desde cuando la Constitución de 1991 la creó, quienes vivían en constante desprotección judicial encontraron en ella un precioso instrumento para hacer valer sus derechos más elementales. Sin embargo, también es cierto que en su nombre se han cometido varios excesos que han descuadrado las finanzas públicas, obstaculizado el desarrollo económico, y puesto en jaque, en más de una oportunidad, el concepto de seguridad jurídica que impide la productividad de la Nación y aleja la confianza inversionista (…) Ciertamente, desbordar ese carácter lleva a las autoridades del Estado a prometer imposibles, a crear falsas expectativas entre los ciudadanos y continuar girando indiscriminadamente contra la finita chequera de la Nación. De allí que no parezca un exabrupto sugerir que dentro de la preparación de los jueces de la República se incluyan también lecciones de hacienda pública y consideraciones macroeconómicas a las que es imposible seguir haciendo caso omiso.”

Si algo prueba la abrumadora cantidad de tutelas que se interponen en el país es precisamente lo antidemocrático del régimen que le niega continuamente sus derechos a la inmensa masa del pueblo, algo que siempre ha sido requisito de la “confianza inversionista”. De otro lado, el sólo hecho de interponer una tutela no le garantiza a nadie, de por sí, el derecho que reclama, lo cual queda al arbitrio de los jueces para los que, de remate, Portafolio pide un adiestramiento especial en “hacienda pública y consideraciones macroeconómicas”. Aun así, el gobierno de Uribe realizó varios intentos por acabar ese recurso o anular sus efectos, especialmente en el campo de la salud en donde la Constitución reconoce el derecho a ella, pero a renglón seguido lo niega convirtiéndola en negocio financiero, que fue lo que se consagró en la Ley 100. Como para garantizarles la rentabilidad a las aseguradoras el Estado terminó respondiendo por los servicios no contemplados en los Planes Obligatorios de Salud, POS, a los que la gente accede mediante tutelas, ahora pretenden sacudirse de la obligación forzando los fallos judiciales y esgrimiendo para ello la sostenibilidad fiscal.

Las posiciones del liberalismo y el Polo Democrático

El Partido Liberal, ahora integrante de la coalición santista, junto con el Polo Democrático, votaron negativamente la ponencia en esta primera vuelta. La dirección del liberalismo expidió un comunicado ambiguo para explicar que comparte “el espíritu del proyecto que busca que el país tenga un presupuesto equilibrado y unas finanzas públicas sanas”, pero que en este caso se aparta del gobierno por considerar que tales propósitos se pueden alcanzar con La ley de Regla Fiscal, también en trámite, sin necesidad de una reforma constitucional que “atenta contra los derechos económicos y sociales de los colombianos, recorta los alcances de la Acción de Tutela, va en contravía del estado social de derecho consagrado por la Constitución de 1991 que el liberalismo defiende y debilita la rama judicial y legislativa del poder público.”

No puede haber mayor inconsistencia. El “espíritu del proyecto” es el mismo que inspira la Ley de Regla Fiscal mencionada en el comunicado que, como hemos visto, no es otro sino mermar los recursos destinados a la satisfacción de los “derechos económicos y sociales”, bajo el supuesto de proteger el equilibrio de las finanzas estatales, luego, no queda sino una explicación a sus lamentaciones: que con el recorte a la Acción de Tutela quede al desnudo la falsedad de la democracia oligárquica.

Por su parte el vocero de la bancada del Polo, el senador Jorge Robledo, publicó un artículo titulado El entierro de la Constitución de 1991, en el que rebaja la dialéctica al nivel del cretino parlamentario para instruir acerca de “dos concepciones contradictorias” en la Carta:

“Cada día se entiende mejor que la Constitución de 1991 contiene dos concepciones contradictorias. Por un lado consagra derechos y principios democráticos que deben respaldarse y sobre los cuales se ha dicho tanto que podría pensarse que esa es la única característica de la Carta. Por el otro establece que sus principios económicos son los del Consenso de Washington y el libre comercio.

(…)

“La contradicción entre las dos partes de la Constitución, la democrática y la retardataria, no se expresa solo en la lucha política y social. También se da en las demandas ciudadanas y en los fallos de los jueces, generalmente a partir de la tutela, derecho individual digno de defenderse que también indica que la Carta no cubre bien los derechos colectivos.

“Ante las exigencias plutocráticas de impedir que la Corte Constitucional privilegie lo democrático de la Constitución sobre lo neoliberal, así ello solo ocurra por excepción, Uribe presentó ante el Congreso, y Santos y el uribo-santismo la tramitan, la que puede ser la más regresiva reforma constitucional en 20 años: la de la sostenibilidad fiscal (…)”

Ese “cada día se entiende mejor” es una manera muy suya de decir que estamos ante una revisión, pues el doctor Robledo debería decir de frente que ha abandonado la posición marxista sobre el Estado y sobre la democracia ateniéndose a las cuales Francisco Mosquera analizó la Constitución de 1991; debería decir, además, que en tales asuntos él se ha tornado inofensivo y ahora pertenece a los partidos del orden. Esa Constitución en la que el vocero del Polo ve consagrados “derechos y principios democráticos que deben respaldarse” es un cuerpo compacto que compendia, en todos los aspectos, unas reglas de juego para el vasallaje sobre la Nación. No queda más remedio que traer a la memoria algunos hechos.

El cambio constitucional de 1991 transformó el andamiaje jurídico del país para permitir la completa colonización económica de éste por el imperialismo norteamericano. Los procedimientos utilizados por el gobierno de César Gaviria para montar la Asamblea Constituyente y lograr su cometido fueron antidemocráticos desde el principio hasta el fin y violatorios del orden legal existente hasta ese momento. La enmienda producto de aquellas maquinaciones fue la base de la más profunda regresión, en todos los campos, vivida por la República en muchos años. El alumbramiento del engendro fue saludado con alborozo por la derecha y por la izquierda; ésta se había prestado para la comparsa y los representantes del M-19 y el Partido Comunista la rubricaron. Desde entonces, para engañar al pueblo, esa izquierda contribuyó a montar el embeleco de que aquella era una Constitución “garantista” y de derechos. En sus últimos escritos Francisco Mosquera realizó el más lúcido análisis de los acontecimientos de ese período[2] y la hipocresía burguesa expresada en el talante de la nueva Carta fue desenmascarada por el fundador del Moir en una frase lapidaria: “Exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo.”

Todas las constituciones burguesas reconocen formalmente un catálogo de derechos, pero sucede con estos que no basta con que estén consignados en el papel para que, por ensalmo, se realicen, especialmente porque cuando se iguala a los individuos ante la ley, se hace con personas desiguales, dependiendo de si son o no los dueños de los medios de producción, de donde se derivan las diferencias de fortuna[3]. La tutela fue el recurso que establecieron los asambleístas del 91 para demostrar que se garantizaría la “protección y aplicación de los derechos”. El término en sí expresa un cierto desprecio por el pueblo al tratarlo como menor de edad o incapacitado mentalmente, pues el significado que tiene es el de cuidado de “quién no tiene completa capacidad civil”, según el diccionario de la Academia. El que la tutela se haya convertido en un problema para los mandaderos del imperialismo no es porque “la Carta no cubre bien los derechos colectivos”, como lo insinúa babosamente el doctor Robledo, sino porque la democracia de los opresores compendiada en esa Constitución es para los oprimidos un campo erizado de alambradas y sembrado de minas quiebrapatas que los obliga a buscar cualquier resquicio para no morir en las puertas de los hospitales o hacerse pagar obligaciones de trabajo.

El Polo Democrático clama al cielo que están acabando con su Estado Social de Derecho. Si bien en beneficio de la causa popular las fuerzas que anhelan el progreso están obligadas a utilizar al máximo las escasas prerrogativas que dejan los opresores y a desenmascarar los intentos por restringirlas aún más, no pueden dejar de recordar una vieja enseñanza del marxismo: que la más perfecta democracia de los capitalistas no es más que un engaño, pues, por encima de todo, será una dictadura sobre las masas laboriosas.

Otro asunto llama la atención. Si la que se discute representa “la más regresiva reforma constitucional en 20 años” ¿por qué de allí no se desprende ninguna propuesta para impedirla? ¿Qué ha hecho el Polo democrático al respecto? ¿Qué queda de toda esa parrafada seudodialéctica del doctor Robledo? ¿En qué se diferencian sus lamentaciones por “el entierro de la Constitución de 1991” de las de los liberales?

Se sabe que las fuerzas del santismo tienen las mayorías para aprobar su nefasto proyecto en el Congreso. No queda otro camino sino apelar al pueblo alertándolo acerca de las implicaciones de la llamada sostenibilidad fiscal sobre las escasas garantías que le quedan para hacer valer sus derechos y llamarlo a las calles. Sea el que fuere el resultado de esta batalla, a la postre, después de un tortuoso trasegar, las gentes del común terminarán percatándose de que no pueden cifrar sus esperanzas de redención en la legalidad existente y de que su único recurso cierto es el de la lucha.

 


Notas

[1] El informe de la Defensoría del Pueblo La tutela y el derecho a la salud 2006- 2008, revela que de las 344.468 tutelas interpuestas en 2008, 142.957, es decir, 41,52%, corresponden a reclamos del derecho a la salud.


[2] Consúltense los siguientes escritos:


[3] En la constitución de 1991, el artículo 13 reza:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.”

Nótese que curiosamente no se mencionan las diferencias de clase, las que determinan, por encima de todas, la discriminación para el goce de los “derechos, libertades y oportunidades”. Además, mientras existan tales diferencias, ninguna igualdad será “real y efectiva”.