Por Alejandro Torres[*]

El episodio de la reforma constitucional mediante la cual se redujeron las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, destinados a los gastos de salud y educación, dividió el país en dos bandos claramente definidos: de un lado, el pueblo que rechazaba la abrupta merma de los ya insuficientes fondos, y del otro, la cúspide oligárquica empecinada en «honrar», sin más dilaciones, su «pacto» de diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional.

El 20 de junio, al «final del comienzo» de la enconada batalla -frase de Churchill, citada por el editorialista de El Espectador, para expresar su contento por la aprobación de la reforma y pedir que se continuara la andanada antipopular-, el apátrida ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, hizo la V de la victoria asomado a los balcones del Capitolio. Los manifestantes, llenos de la más profunda indignación y el odio más acerbo estremecieron con sus consignas la Plaza Mayor de Colombia: «¡Abajo el 012! ¡Abajo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional! ¡ Y no queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana! ¡Abajo el gobierno de Pastrana!». La escena concentraba lo acontecido a lo largo de casi dos meses. El portentoso movimiento del pueblo había sido derrotado por el establecimiento, pero la conciencia de millones de colombianos, guiados consecuentemente por Fecode, había avanzado lustros. El transitorio fracaso se convirtió en halagüeña señal de que el avance de los relegados de siempre, en procura de sus anhelos libertarios, lo detendrán cada vez menos la confusión de las mentes y la falta de confianza en las propias fuerzas.

El XVII Congreso de Fecode elucidó que el combate contra el Acto Legislativo 012 era inevitable y orientó a las bases a apresurar los preparativos para librarlo. La Junta Nacional del 4 de mayo concretó este mandato ordenando un cese de 48 horas, los días 9 y 10 de mayo, y dispuso el inicio del paro nacional indefinido para el 15 del mismo mes. La grandiosidad de la primera jornada presagió que la lucha sería de enormes proporciones. Colombia estuvo semiparalizada hasta el 20 de junio. Los días en que no había tomas de las capitales, se hacían masivas asambleas o jornadas de agitación barrial para explicar las razones de la lucha. No obstante que la Plenaria del Senado aprobó el proyecto el 15 de mayo y que deberían pasar más de 20 días para que fuera abordado por la Cámara, el Comité Ejecutivo de la Federación tomó, unánimemente, una de las más cruciales y audaces decisiones: profundizar el paro y no suspenderlo. La consecuente jefatura puso el oído en tierra, y al sentir el tumulto que venía de abajo tomó la certera determinación. De no haber sido así, la eclosión del movimiento estudiantil y el apoyo popular se habrían frustrado y el paro entrado en bancarrota. La Toma de Bogotá del 5 de junio fue un río humano que llenó varias veces durante el día la Plaza de Bolívar. Igual sucedió el 7, en el paro nacional convocado por el Comando Unitario, acatado por la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y que tuvo las características de un combativo movimiento cívico. Ni la represión ni la prohibición de los desfiles arredraron a nadie. El paro sólo paró cuando, aprobada la ley, el Frente Común, liderado por Fecode y Anthoc, dio la orden de tomar un respiro para afrontar los ingentes retos del próximo semestre. Y si los gringos a través de Alberto Alesina notificaron que se proponían «quebrarle el espinazo» a Fecode, para poder darles vía libre a las reformas, la Federación, que terminó más fortalecida que nunca, les demostró que los trabajadores colombianos seguirán contando con uno de sus bastiones más preciados, incluso cuando ya no quede ni sombra de los que hoy se proponen destruirlo.

El «frente común» de la reacción y el oportunismo

En cambio la victoria pastranista fue poco menos que pírrica. Para lograrla hubo de utilizar los aviesos métodos que constituyen el acontecer normal en las lides parlamentarias: el chantaje, el halago, el soborno, la amenaza, el trueque. No es que los sectores más avanzados dentro del comando de la protesta se hubieran hecho ilusiones sobre que el establo parlamentario produjera nada distinto de lo que en efecto produjo; pero sabían que la pelea debía librarse con el telón de fondo del debate en las Cámaras, porque tal coyuntura facilitaba canalizar la energía popular contra el oprobioso designio.

Pero el gobierno no solamente recurrió al chalaneo parlamentario para imponer su política. Alineó tras de sí a los seis ex presidentes de la República, quienes suelen emitir sus sabias opiniones en favor de su congénere en el mando cuando pasa aprietos; recogió el aval de todos los aspirantes a la primera magistratura; puso a recitar la cartilla a los voceros de los gremios económicos; formó su «frente común» con los ministros de Hacienda, Educación, Salud, Trabajo y el director del Departamento Nacional de Planeación para marcar a los congresistas; sedujo a la plana mayor de los informadores, desde los más encumbrados, pasando por los infaltables don Juan y don Yamid, hasta llegar a las presentadoras de las notículas de farándula, quienes debían cacarear la salmodia de que el gobierno lo que quería era aumentarles los giros a las regiones pero que, inexplicablemente, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y padres de familia se oponían a tan loable propósito. Para esta «campaña de opinión», de harta utilidad resultaban los jefes de las Carteras que debían tramitar el asunto: dos vástagos de las encumbradas familias que han acumulado las ofensivas fortunas y privilegios que ostentan, traficando por décadas con la tergiversación consuetudinaria de las informaciones: los señoritos Juan Manuel Santos y Francisco José Lloreda, herederos de las casas editoriales El Tiempo y El País, respectivamente.

Todos los nombrados desempeñaron a fondo el papel que se les asignó. Comencemos por los ex presidentes. Éstos, como cuando ejercieron el mando, actuaron en el papel de embaucadores. Para no faltar a la verdad, el único que no se molestó en hipocresías fue Gaviria. López Michelsen favoreció la iniciativa porque «los economistas reconocidos no están contra el proyecto», argumento que demuestra más bien lo lesivo del mismo, si se tiene en cuenta que los más aureolados miembros de esa cofradía lo que hacen es balbucir las deformaciones imperialistas de esa ciencia. El «compañero jefe» agregó que se trataba no de reducir la plata sino de «cuantificarla de otro modo». Para Samper, lo que se perseguía era «racionalizar los recursos», y su «prueba reina» era que así se lo había manifestado el ministro de Hacienda. Turbay Ayala estimó que estábamos, evidentemente, ante una «nueva modalidad» de asignar los caudales. A Carlos Lemos, tan crítico de Pastrana, la utilidad del proyecto le pareció «indudable». Belisario Betancur, el poeta amagacita, atacó en acre prosa a los inconformes: la educación únicamente se privatizará «si triunfan los enemigos de la reforma». Por el contrario, Gaviria, el más influyente de todos, no se puso con los disimulos de sus colegas: «La situación de las finanzas públicas se está volviendo insostenible. El servicio de la deuda cada día pesa más en el presupuesto nacional y consume una proporción creciente de los ingresos corrientes. Sin una reforma constitucional a las transferencias la situación se torna explosiva»; y agregó que de ser así el gobierno quebraría. Es decir, la verdad monda y lironda: o se hacían los recortes o se suspendían los pagos del principal y los réditos de la deuda externa. Sobra anotar que la primera opción era la que aconsejaba el secretario general del Ministerio de Colonias, la OEA.

Si el anterior fue el comportamiento de los ex presidentes, qué decir de los que aspiran a serlo. Destaquemos apenas, y por si las dudas, a Horacio Serpa. El candidato de la «sensibilidad social», el de la «oposición patriótica», el hoy por hoy principal sustentáculo del desprestigiado Pastrana, a quien le viene sacando las castañas del fuego desde cuando se saldó el chico del referendo, le dio la orden a la bancada oficialista del liberalismo de apoyar sin reservas la iniciativa gubernamental. Sus objetivos eran obvios: buscar el favor de los amos del Norte, el del gobierno, el del ministro de Hacienda, su díscolo copartidario y competidor, que puede mover sus influencias para que la prensa se torne más benévola hacia su candidatura y para que hasta lo traten de «estadista». Una vez más se comprueba lo ya archisabido: que los doctores Serpa y Samper gustan posar de abanderados de las «causas sociales», pero siempre secundan las patrañas urdidas contra el pueblo y la nación. A pesar de esto quedan por ahí todavía algunos evadidos de las toldas izquierdistas, incluidos ciertos ex compañeros de viaje de nuestro Partido, que esperan que el susodicho impostor se dé a «sublevar la gleba» contra Pastrana y el imperio, cuando el país supo cómo, aún en los álgidos momentos en que sobre el gobierno anterior caía el azote gringo, el patriotismo de su ministro del Interior se ceñía, rigurosa y altivamente... a cobrar cada mes el cheque de la nómina.

Dentro del «frente común» oficialista, participó el ministro del Trabajo, Angelino Garzón. Éste, mientras los estudiantes eran golpeados salvajemente en las calles de todo el país y sus demostraciones atacadas a punta de bombas lacrimógenas, repetía, imperturbable, que el gobierno no profesaba otro ánimo que el de respetar la protesta social. Pero cada vez agregaba razones nuevas para justificar la anulación de la graciosa garantía: que no consentiría que «cualquier conflicto social o político trate de dirimirse atacando a la prensa, cuya única misión es informar»; que la protesta debía «ser compaginada con el derecho a la educación y a la salud». Como en los casos de Antonio Díaz, Jorge Carrillo u Orlando Obregón, el «ministro obrero» no pasaba de ser una comparsa del régimen reaccionario. La no declaratoria de ilegalidad del paro obedeció, antes que al respeto a la protesta, a la preocupación del gobierno por que se hiciera efectivo el nombramiento de la «comisión de encuesta» como una sanción de la OIT. Asunto que se puso de manifiesto con el tratamiento despótico dado a los maestros luego del paro como si éste se hubiera ilegalizado.

En Bogotá marchas sin precedentes

Uno de los obstáculos que más pesaron al comienzo, cuando se estaba pertrechando el contingente, fue la debilidad en Bogotá. «El paro indefinido se aprobó –dice Carlina Polo, activista de la Asociación Distrital de Educadores— aun a sabiendas de que en la capital había baches. Fue un gran acierto de Fecode. No había otro camino. Los maestros debíamos librar la gran batalla».

Los hechos demostraron, en efecto, que al atreverse a dar la orden, el Comité Ejecutivo de la Federación de Educadores atinó en el análisis. Innumerables veces se colmó a reventar la Plaza de Bolívar, tras aguerridas marchas, sin precedentes en la historia del magisterio bogotano.

En Bogotá, la lucha acometida por Fecode y la ADE fue el canal de expresión del descontento ciudadano, que, en vez de apaciguarse con los días, se hizo más radical. Aquí, como en decenas de ciudades, la presencia masiva de padres de familia y estudiantes fue el rasgo principal del movimiento.

Su combatividad se hizo notoria en todas partes. En la localidad de Suba, desde el martes 22 de mayo hasta el levantamiento del paro, el Comité Pro Defensa de la Educación Pública, con el apoyo valeroso del director de la jornada mañanera, cerró el Nueva Gaitana, que alberga a 1.500 estudiantes. Y cuando, al mando de un piquete, un mayor de Carabineros quiso forzar la puerta, un padre de familia tomó la vocería: «Si usted, mayor, nos atropella, aténgase a las consecuencias». Después, con sangre fría, y ante el denuesto temerario que le lanzara el oficial, el hombre replicó: «Terroristas, no va a encontrar aquí, compañero. Nosotros somos padres de familia y estamos defendiendo con el paro la educación de nuestros hijos. Si usted desea entrar, vaya y me trae una orden de allanamiento».

En el aún más populoso sector de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, escuelas y colegios se vieron clausurados en su gran mayoría por las asociaciones de padres de familia y por los mismos estudiantes. En el Rodrigo Lara Bonilla, que agrupa en tres jornadas a 2.700 alumnos, se citó una asamblea comunal para votar el paro indefinido o la reapertura del colegio. Un maestro propuso abrir las puertas. Freddy, un muchacho de dieciséis años, invidente, que acabó convirtiéndose en el líder estudiantil, se paró a responderle, en medio del silencio más solemne: «Profesor, la educación comienza por tener dignidad. No haga que le perdamos el respeto».

Fue de allí de donde salió quizá el más resonante de los coros, cuyo estribillo pegajoso no tardó en ser cantado por millones de colombianos hasta en los más distantes rincones de la patria:

Y nó-que-re-mos
y-no-nos-da-la-gana
ser-una-colo-nia
norte-a-me-ri-ca-na.
Y sí-que-re-mos
Y juntos-lucha-re-mos
Por-una-Colom-bia
Libre-y-sobe-ra-na.

El hecho se presta para recordar la explicación que les diera Carlos Marx a los obreros franceses acerca de que los verdaderos ministerios del Trabajo en la sociedad capitalista son los de Hacienda, Comercio, Obras Públicas, en los cuales «se acuña la moneda que tiene circulación», y que junto a ellos «un ministerio proletario del trabajo tenía que ser necesariamente el ministerio de la impotencia, el ministerio de los piadosos deseos». Desde luego que no se nos ocurre pensar que al ministro Angelino GGarzón lo animen, para atornillarse al cargo, las mismas intenciones idealistas que a los obreros galos cuando levantaban la consigna del ministerio obrero, en el alba de las luchas del proletariado como clase independiente.

La anterior actitud guarda relación con la de algunos que también desde supuestas posiciones contestatarias, han decidido adoctrinar a las masas y a las fuerzas revolucionarias sobre cómo «modernizar» la llamada protesta social. Uno de los casos es el del académico Alejo Vargas, sedicente ideólogo de la «izquierda», quien mientras el pueblo libraba la desigual lucha se dedicó a divagar, desde el periódico santista, sobre presuntas lecciones de la huelga en torno a «como se relaciona la sociedad civil con lo político»; y sobre las larguezas de la Constitución de 1991 que permiten que se manifiesten los diversos intereses «incluida la protesta social». Empero, en sus vacuos raciocinios no le cupo ni siquiera una ligera alusión de apoyo al paro; apenas acotó, condescendiente, que estábamos ante «una manera distinta, aunque confusa, de expresión política de lo social». Dicho con todo respeto por el acatado profesor, las que resultan arrevesadas son sus especulaciones, ya que el movimiento no sólo fue claro sino que ayudó a despejar la oscuridad.

Licencias para los de arriba...

Las admoniciones del ministro Garzón sobre la sacrosanta y neutral misión de informar de la prensa, y las ponderaciones del profesor Vargas a la Carta de 1991, nos sirven para recabar en un aspecto de la naturaleza de las libertades en la sociedad burguesa. Las clases dominantes alardean sobre el inapreciable bien de la libertad de prensa que ellas defienden para todos, sin distingo alguno. Pero a la hora de nona las mayorías se enteran por su propia experiencia, que una cosa son las declaraciones solemnes sobre sus supuestas prerrogativas y otra muy distinta la posibilidad real de ejercitarlas. Y si no que se diga dónde estaban las rotativas para que maestros y trabajadores hospitalarios pudieran expresar ampliamente las razones reales de su lucha; dónde las potentes emisoras para que los padres de familia expusieran las causas por las que apoyaban tan decididamente la protesta de sus hijos; en qué lugar los canales televisivos a disposición de los líderes sindicales y estudiantiles para rechazar las calumnias proferidas contra ellos. En cambio el gobierno utilizaba sin tasa ni medida los grandes diarios y las estaciones públicas y privadas de radio y televisión, para esparcir un sartal de mentiras sobre la protesta popular, para maquillar las intenciones del Acto Legislativo, para presionar a los parlamentarios. Los dineros públicos corrieron a rodo para esto, hasta que inclusive sectores ajenos a los sucesos expresaron su rechazo por el descaro oficial, lo que obligó a la propia Comisión Nacional de Televisión, cuando el trabajo sucio estaba hecho, a «exigirle» al gobierno que cambiara los mensajes que empezaban con la frase malintencionada de «no se deje engañar». El ex ministro Jaime Castro señaló que la campaña publicitaria del gobierno era un evidente «abuso de poder». Por contraste, a Fecode, para dar a conocer la verdad verdadera de lo que estaba sucediendo, le tocaba entregarle a los Santos las sumas millonarias que valen los avisos en su diario. Y el ministro que derrochaba ilegalmente el erario en la campaña contra los huelguistas y en pro del 012, «denunciaba» a Fecode por no utilizar los dineros pagados a El Tiempo en comprar desayunos para los niños pobres; cínica provocación de un gobernante de esos que «exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo».

En Medellín: «Ejerciendo la autoridad»

«Es la palabra de ustedes contra la del gobierno, y les creemos es a ustedes», fue la expresión de un padre de familia en el Liceo Pedro Luis Villa, del populoso barrio de Manrique, en Medellín, cuando, en presencia de un vocero de Adida, se estaba dirimiendo en asamblea si se ratificaba el paro indefinido. Fue el mismo vecindario –pues «esta lucha es de nosotros»— el que por aplastante mayoría votó sellar las puertas con cerrojos, candados y cadenas, para que no quedaran dudas. Idénticas escenas se vivieron en el Liceo La Alcaldía, de Belén, el Lomalinda, de Itagüí, el La Granja-Taller, de San Antonio del Prado, y muchos más.

El diario El Colombiano sacó en primera plana la entrevista con una madre de familia, entrada en años, a quien la reportera preguntó: «Usted que opina de esto y esto que dice el doctor Mockus». La señora le dijo: «Al gobierno le duele que los niños peleen en las calles, defendiendo la educación, pero no le duelen esos niños que deambulan día y noche ofreciendo confites en los buses o soplando sacol».

Lady Johanna, estudiante de sexto grado, de doce años, es la actual personera del Manuela Beltrán, en Manrique Oriental. El 15 en la mañana, al iniciarse el paro, la muchacha madrugó a su colegio, cerró con fuertes lazos la puerta principal y empezó a devolver a todo el mundo. Diez minutos más tarde se hizo presente la rectora. La negativa de la alumna fue cortés pero terminante: no, lo sentía mucho, no había excepciones, no podía ingresar. Tras insistir unos minutos, la funcionaria pareció optar por la zalema: «Mi amor, déjame entrar, tengo la agenda en la oficina». La niña, muy tranquila, se limitó a observarle: «Pues de malas, señora. Aquí estamos en paro».

El 14, la víspera, Lady Johanna había estado en un simposio de personeros estudiantiles convocado por Alfonso Berrío, presidente de Adida, en el cual se explicó a los asistentes la Ley General de Educación, en el capítulo que versa sobre el gobierno en los colegios. Según reza la norma, al personero le compete «proteger los derechos de los estudiantes». Fue lo que hizo la menor. Lady Johanna comentaba después que, al clausurar la puerta con candados y lazos, ella no estaba quebrantando ley alguna, sino ejerciendo, «simplemente», su autoridad.

Salvo algunos lunares, muy escasos, tanto rectores y coordinadores, agrupados en Corodea, como directivos de núcleo, en Adnea, supervisores, en la Asda, y educadores de contratistas del municipio, en Asdem, se sumaron con decisión al paro indefinido.

No fueron a la zaga los alcaldes. Muchos de ellos, como los de Envigado, San Luis y Santa Bárbara, presidieron las asambleas de la comunidad educativa y expresaron su público rechazo al 012.

En medio del combate se fundó la Coordinadora Departamental de Asociaciones de Padres de Familia, que agrupa a más de 80 comités en igual número de colegios, y surgieron varias federaciones de estudiantes.

Fue una intrépida lucha, que Jorge Gómez, el secretario regional del MOIR, resume en esta frase: «Al SGP del FMI, Fecode respondió con DPR: dignidad, patriotismo y resistencia».

La infame campaña desinformadora del círculo palaciego se explica por la ira que le causaba la enorme dimensión que adquirió el combate popular. Primero dijeron que el aminoramiento de los recursos para salud y educación era una falacia de los sindicalistas, que se hallaban enzarzados disputándose la presidencia de la CUT. Sin embargo, al día siguiente de la aprobación del 012, El Espectador reconoció palmariamente: «El proyecto reduce, con respecto al régimen actual, en 9 billones de pesos las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos, desde 2002 hasta 2008», que fue lo que sostuvieron desde el comienzo los líderes gremiales.

Posteriormente, cuando, a lo largo y ancho del país, cientos de miles de jóvenes se tomaron las calles, cerraron los pocos colegios en los que la campaña amedrentadora del gobierno había mellado el ánimo de algunos docentes, y le imprimieron un radicalismo refrescante a la pelea, los pontífices de la reacción se rasgaron las vestiduras en su infinita preocupación por la suerte de los muchachos que eran utilizados como «carne de cañón»; y adujeron que era imposible que los estudiantes entendieran un problema tan ajeno a ellos... el de la educación. Y eso que en la propia gran prensa en ocasiones excepcionales, y para mostrarse amplios, publicaron los razonamientos juveniles que desmentían las aseveraciones oficiales y oficiosas sobre su participación en la contienda; los mismos pensamientos que expresaban en las marchas, en los corrillos, en los bloqueos, en los foros, en las carpas, en los mítines. El Espectador del 25 de mayo publicó las opiniones de algunos: «Nos parece el colmo que el ministro nos trate de bobos y nos irrespete diciendo que no tenemos ni idea de por qué protestamos»; «Hay papás que no tienen plata para pagar pensiones ni matrículas»; «la plata que le descuentan en impuestos a la gente, y que siempre les daban a la educación y a la salud, la van a utilizar para pagar la deuda externa»; «como los recursos ya no van a alcanzar nos los van a cobrar a nosotros para mantener los colegios. Eso es privatizar»; «los papás de muchos de nosotros apenas consiguen para comer, ¿de dónde van a sacar para pagar pensiones?»; «Lo único que quieren es que nos quedemos ignorantes». Afirmaciones que demuestran no sólo el grado de comprensión de la juventud, sino que dilucidan que tal entendimiento tiene como caldo de cultivo las agobiantes penurias que se padecen en sus propios hogares. De ahí que el ímpetu de los adolescentes se manifestara con la furia de un ciclón. Un hecho no visto hacía décadas y que reclama orientaciones certeras y audaces de las fuerzas revolucionarias frente a las reivindicaciones particulares del estudiantado, que conduzcan a elevar su nivel ideológico, de organización, unidad y conciencia política, lo que permitirá forjar decenas de miles de cuadros, que las masas necesitan para que les ayuden a conducir las grandes luchas venideras, y para que aprendan desde un principio a ligarse estrechamente a los obreros y campesinos y a ser hombres, como subrayaba Mao, «de integridad inflexible, sin sombra de servilismo ni obsequiosidad, cualidad ésta la más valiosa en los pueblos coloniales y semicoloniales».

Obviamente, al señor ministro sólo le parecen válidas las opiniones de los jóvenes cuando son promovidas por alguno de los miembros de su clan y desde sus medios; como por ejemplo las escandolas de su primo Francisco sobre supuestos veredictos de millones de niños en torno a los más complejos temas de la paz y de la guerra que, según los dueños de Citytv, los impúberes sí entienden a las mil maravillas.

Otra ruindad del gobierno consistió en la harto increíble conseja de que los maestros no son más que una turba de privilegiados. Argumento manido contra los sectores más organizados y avanzados de los trabajadores para arrebatarles las conquistas logradas luego de procelosas luchas, y que vienen siendo conculcadas implacablemente, en especial a partir de la ley 50 de 1990 y de la 100 de 1993.

Los «privilegios» del magisterio, que tanto duelen a los plutócratas, se reducen a tener un escalafón laboral casi inmune a los tejemanejes politiqueros y electorales; un régimen de pensiones especial que apenas se compadece con el enorme desgaste propio de la enseñanza; y una organización sindical fuerte que propende a la dignificación de las condiciones materiales y espirituales de vida de los educadores. No puede sino encolerizar que Pastranas, Santos y Lloredas, ahítos de todo, vengan a cebarse en los maestros, entre quienes los más afortunados, luego de costearse de su propio bolsillo una larga carrera universitaria y decenas de cursos de capacitación, de laborar veinte o más años, llegan a la categoría 14 del escalafón, la más alta, con un sueldo que no alcanza a un millón y medio de pesos, lo cual los impele a sufrir, junto al resto del pueblo, las ásperas privaciones de la pobreza.

...Perfidia contra el pueblo

Como último paso de la comedia de las acusaciones, el gobierno, pecando por la boca, recurrió a su artillería más pesada: los dineros de las transferencias se despilfarran en francachelas y comilonas por los maestros, en connivencia con las autoridades departamentales y regionales. De manera que alcaldes y gobernadores son unos derrochadores. Pero Santos exhibió como uno de sus más resonantes éxitos, el aval de muchos mandatarios regionales y municipales, encabezados por los confesos serpistas Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, y Luis Pérez, alcalde de Medellín; respaldo alcanzado susurrándoles a los ávidos mandatarios cómo se les facilitaría saquear los recursos del novedoso Sistema General de Participaciones, la famosa «bolsa común», al no discriminarse en ésta los montos destinados a educación y salud; y convenciéndolos de que los recortes se repondrían con la venidera reforma tributaria territorial y afincando en la educación los sistemas de subsidio a la demanda, pago por capitación, venta de servicios, nombramiento de rectores gerentes, en fin, privatizando. Y de adehala, endulzándoles el oído con la abolición del régimen pensional y el estatuto docente y la generalización de los contratos a término fijo, conocidos como Orden de Prestación de Servicios, OPS.

A los pocos días de la presentación «coincidencial» que hizo el Contralor, Carlos Ossa, de su «informe de auditoría al uso de las transferencias», en el cual se basó la campaña «moralista» contra los educadores y trabajadores de la salud; la presión de éstos y de otros sectores, llevó a que el mismo funcionario reconociera que de los problemas de ineficiencia, desgreño administrativo, ausencia de control y corrupción de que adolece el manejo de los recursos girados a los entes territoriales, los primeros responsables son el gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes y las propias Contralorías. Como afirmaran los directivos de Fecode: a cuenta de qué iban a resultar comprometidos en el dolo los maestros, quienes no tienen que ver en la ordenación del gasto, y cuya única relación con el erario es la de cobrar su sueldo, cuando se lo pagan oportunamente.

En Cartagena: la mejor fiesta

El 14 de mayo, en la tradicional Plaza de la Aduana, millares de personas celebraron el Día del Maestro respaldando la orden de paro indefinido. La gran carpa instalada en la Calle del Cuartel se mantuvo durante más de un mes con turnos rigurosos, día y noche. Hasta allí se acercaron a ponerse a la orden los integrantes de la Asociación de Directivos Docentes, Adidobol, de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utrabol, y de decenas de juntas comunales. También Luis Daniel Vargas, gobernador del departamento, apoyó el paro de los educadores y condenó el proyecto 012.

Luis Carlos Fuentes, presidente de Sudeb, evaluó en 95% la presencia del magisterio regional en la protesta y agregó que en Bolívar se presentó el mismo fenómeno que se dio en el país: la participación entusiasta de millares de padres de familia, que a mediados de junio lograron conformar su federación, bajo el nombre de Fedepadres.

Pero lo más exasperante de esas villanas acusaciones era que provinieran de Juan Manuel Santos, un fanfarrón que por largos años se lucró de los fondos públicos administrados por la Federación de Cafeteros, para darse la gran vida en Europa, y quien hace parte de uno de los mandatos más descompuestos que haya padecido Colombia. Parecía de manicomio ver y oír cómo impartía cátedra de moral un gobierno que exhibe entre sus principales realizaciones las siguientes: los robos al Banco del Estado; el negociado de Chambacú; el regalo de 26 mil millones de pesos a los socios de Dragacol, aportantes de su campaña electoral, y a quienes pusieron libres recientemente mediante la maniobra de dejar vencer los términos; las raterías del secretario privado del presidente y amigo del alma, Juan Hernández; el escándalo de Commsa, en el que resaltan las obsequiosidades de su ministro de Transporte con los contratistas; el aberrante caso destapado, en medio del paro, por El Nuevo Herald, un periódico gringo, en el que aparecen conchabados el embajador estrella, Luis Alberto Moreno, también socio en Chambacú, y un hermano suyo; el ex ministro Luis Fernando Ramírez; la señora Fanny Kertzman, ex directora de la DIAN; el embajador en París, Juan Camilo Restrepo, también protagonista en Dragacol; y Jacky Bibliowicz uno de los importantes contribuyentes de la campaña de Pastrana a la presidencia, todos tejiendo una elaborada maniobra para no cobrarle al Banco del Pacífico, en Miami, una garantía a favor de Colombia por 140 millones de dólares. Sólo en este último estraperlo de los íntimos de Pastrana los colombianos estamos perdiendo más de 300 mil millones de pesos. Para colmo quieren hacerle creer a la nación atónita por la corruptela de cuello blanco, que las aulagas de las finanzas obedecen a los sueldos del magisterio y a que el alcalde de Ciénaga de Oro desvió cinco millones de pesos para apoyar las fiestas del cazabe, según cuentan las pesquisas del Contralor.

Avanzó la conciencia de clase

El vivaz contenido de clase de consignas y cantos fue el otro de los rasgos del paro indefinido. Las satíricas coplas contra los gringos y el FMI, contra Pastrana, contra los congresistas tránsfugas, contra el ministro Santos, se aunaron con lemas, no menos combativos, en defensa de la salud y educación públicas.

En una marcha típica –por ejemplo, la del 7 de junio, en Bogotá—, no tardaba en oírse la mordaz ironía contra el talante mercenario del Congreso. El versito, muy rítmico, iba siendo bailado por los grupos de jóvenes que avanzaban tomados de la mano:

Vengan todos a ver
vengan todos a ver
esto no es un Congreso
éstas son tipas* de Cabaret.

Después, parlante en mano, una activista proponía esta ronda:

Ju-ga-re-mos-en-el-bos-que
mientras Andrés no está.
¿Dónde está, dónde está?

De todos lados brotaban las respuestas: «Privatizando la salud», o «Privatizando la educación», o «Entregando a Colombia». Claro que había otras, pero aquí, infortunadamente, impublicables.

Con la música de «La gota fría», se le enviaba un recado al presidente:

Yo tengo un paseo grosero
para el hijo´e Misael.
Él nos trata de embusteros
y más embustero es él.

Varios cientos de jóvenes, en la cabeza del desfile, pregonaban a una sola voz el siguiente Bando:

Se informa al público de la República
que la educación pública se va a acabar.
¿Qué hará el público de la República
sin educación pública donde estudiar?

Y remataban coreando:

El pue-blo-lo-re-pi-te-y-tie-ne-la-ra-zón
primero es lo primero, salud y educación.

El alboroto se hacía atronador cuando la muchachada, más atrás, restallaba:

Con las manos (palmas haciendo un ruido como ta-ta-ta-ta)
con los pies (zapateando en el pavimento, con mucho mayor fuerza y en tropel)

por-aquí-por-allá
¡el 0-12-ca-e-rá!
¡el 0-12-ca-e-rá!
¡el 0-12-ca-e-rá!

Y en seguida, de súbito, los cientos de estudiantes se lanzaban a gritos por la calle, corriendo en estampida.
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* En esta cancioncilla, que entonaba entre risas la multitud, la palabra tipas solía ser remplazada por otra más sonora.

No obstante las inobjetables razones y la ardorosa pelea, el parlamento cumplió una vez más con su papel de celestina del Ejecutivo. Aunque no pocos congresistas optaron por oponerse cerradamente a las pretensiones de Pastrana: Jaime Dussán se destacó al frente del grupo oposicionista en el Senado y en más de una ocasión logró impedir las avivatadas del ministro, que se solazaba metiéndole «micos» al proyecto encaminados principalmente a cercenarles los derechos adquiridos a los educadores; el senador Darío Martínez hizo una encendida denuncia del imperialismo norteamericano y del papel que jugaba Santos como testaferro del FMI; en el Senado también lucharon denodadamente contra el proyecto Vivián Morales, Héctor Helí Rojas, Rodrigo Rivera, Carlos Corsi, Gustavo Guerra y Jesús Enrique Piñacué, entre otros. En la Cámara se destacaron por su consecuencia los representantes Nelly Moreno, Elsy Melo, Antonio Navarro, Germán Navas Talero, Zulema Jattin, William Vélez, Carlos Ramos, Jesús Ignacio García, Gustavo Petro, Edgar Ruiz y varias decenas más. Por el contrario, en el papel de apuntaladores de las órdenes del FMI, se distinguieron sicofantes al estilo de Luis Humberto Gómez Gallo, Juan Martín Caicedo Ferrer, Germán Vargas, Claudia Blum, Carlos Arturo Ángel, o rabiosos especímenes en busca de notabilidad y de prebendas como William Sicachá, José Darío Salazar, o un tal Luis Fernando Velasco, quien es de esos individuos a los que, como dijera Jorge Eliécer Gaitán, se les nota «la punta del cheque en el bolsillo», como que fue artífice junto con el ex ministro Humberto Martínez del «mico» en una ley que le permitía a Comcel birlarle una suma millonaria en dólares a Telecom, la ETB y Orbitel. El desdén frente a las exigencias de las masas y el comportamiento antipopular y antinacional de varios de estos personajes, fue la razón para que en algunos sitios el pueblo desfogara justamente su odio contra ellos, apedreándoles sus sedes políticas o sus viviendas; ante lo cual el gobierno y los medios elevaron una vez más el tono de sus imposturas contra la organización sindical del magisterio.

Contra la pertinaz agresión, extender la resistencia

Como si todo lo anterior fuera poco y a pesar del vasto movimiento desatado contra su Acto Legislativo, el gobierno, mientras transcurría el debate, salió con otro sartal de medidas contra el pueblo. Un día antes del inicio del paro indefinido, Pastrana convocó la llamada «Cumbre en Palacio», para que se ocupara de «desactivar la bomba pensional»; es decir, alterar las condiciones de jubilación en el ISS, el magisterio, Cajanal, Ecopetrol, Telecom, las Fuerzas Militares y de Policía y el Congreso. ¡Respecto a esto, militares y congresistas verán que hacen, pero los trabajadores no tienen nada que negociar!. Además vendrán las modificaciones de la ley 60, complemento necesario de los cambios a las transferencias; la anunciada reforma tributaria territorial para que mediante el «esfuerzo fiscal propio» se le saque al pueblo lo quitado por el 012; la elevación escandalosa de los impuestos en Bogotá, anunciada por Mockus; las notificadas nuevas alzas de las tarifas de los servicios. Para completar, en la legislatura se aprobaron las llamadas Zonas Económicas Especiales de Exportación, ZEEE, que serán el «laboratorio» para erigir en todo el país los tristemente célebres talleres de sudor, para estrujarles plusvalía a los obreros hasta que revienten.

En Pereira: Villa Docente

Villa Docente, un vivaque de carpas que abigarraba el Parque Olaya, fue el eje de la huelga en Risaralda. Fue desde allí de donde el SER, el sindicato de educadores, se proyectó a los municipios y a la comunidad educativa mediante conferencias y videos.

La movilización permanente dio la nota. Cuando en medio del paro indefinido, la señorita Elsa Gladys Cifuentes, gobernadora del departamento, hizo aprobar el Plan de Desarrollo, que llevaba incluidos la restructuración hospitalaria y el obsoleto Nuevo Sistema Escolar, el comité de paro no tardó en repudiarlo como otra imposición imperialista, por conducto del Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo mítines diarios de protesta frente al palacio de la Gobernación y masivos bloqueos en Cerritos. En el mismo sentido de condena resuelta fijó su posición el diputado Carlos Alberto Croswaithe.

Está caldeada la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra el pueblo. El momento exige acelerar los aprestos para la batalla, cuyo principal pulso será el paro cívico nacional aprobado por el Comando Unitario, al que precederá el gran paro nacional agropecuario indefinido a iniciarse el 31 de julio, y que preparan sin desmayo agricultores, empresarios e indígenas, dirigidos por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. De acuerdo con esa necesidad y aunque nuestra fuerza se someterá a las decisiones que aprueben Fecode y el Comando Unitario, creemos que el propuesto referendo derogatorio del 012 podría convertirse en una trampa desmovilizadora, ya que la capacidad de maniobra del enemigo, en ese terreno suyo de la «democracia participativa», conduciría fácilmente a encajar una derrota innecesaria. Cuando el gobierno propaga, ante su éxito parlamentario, que las luchas son vanas e inútiles; lo que apremia es potenciar la envergadura del combate y apelar con aún mayor decisión al apoyo de todo el pueblo colombiano.

Los maestros, los estudiantes, miles de padres de familia, y los trabajadores de la salud, con su soberbia exhibición de organización y fuerza, marcaron durante mayo y junio el camino de la resistencia y demostraron que están en ascenso el inconformismo y la lucha de los explotados; condiciones, las primeras entre todas, para forjar el gran frente único de resistencia antimperialista por el que clama Colombia. En favor de éste también acude el hecho de que a pesar de que Pastrana logró la unanimidad de los privilegiados en torno a su reforma, por los mismos días del paro estallaron conflictos entre ellos, como el de la negativa a la fusión entre las aerolíneas Avianca y Aces, que expresan que las contradicciones en la cúspide tienden también a agudizarse. Señales si se quiere mínimas pero seguras de que no está tan lejos, como algunos pueden imaginarse, el día en que los de arriba no puedan y los de abajo no quieran seguir viviendo como antes.

Todo lo anterior se ahondará con la crisis de la economía imperialista, de la que ya se observan alentadores signos y la cual no podrán evitar los mandamases del orbe así hallen transitorio alivio arrasando la producción de las naciones relegadas y extenuando aún más a los pobres de todo el planeta, incluidos los de las propias metrópolis; y a lo que auspiciosamente los pueblos están respondiendo con luchas que estallan hoy en Quebec, al siguiente día en Manila, luego en Buenos Aires, más tarde en Salzburgo, en Seúl, ora en Atenas, muy posiblemente en Génova, Italia, y, de nuevo, en nuestra espléndida Colombia.

Con la mira puesta en el venturoso porvenir que deparan los anteriores hechos, los integrantes del Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud pueden repetir con Federico Engels, el maestro del proletariado: «Una derrota después de un tenaz combate es un hecho de mucho mayor importancia revolucionaria que una victoria ganada fácilmente».

En Cesar: se amplía el Frente Común

De los 25 Concejos con que cuenta el departamento, dieciséis rechazaron el 012. Merecen destacarse las bizarras declaraciones emitidas por los Concejos de Aguachica, Valledupar, Codazzi, Gamarra, Becerril, Bosconia y Chiriguaná. A finales de mayo, la Asamblea del departamento les pidió a los parlamentarios cesarenses no aprobar la medida. Acataron la exhortación ocho de ellos, entre representantes y senadores, pues sólo uno, el liberal Álvaro Araújo Castro, se plegó a las presiones del gobierno.

Una Resolución de apoyo al magisterio y de repudio al 012 recibió un plebiscito abrumador entre los padres de familia. «Se nos vienen cargando tal cantidad de cobros por cupos y derechos académicos –denunciaba una líder comunal al secundar el paro con su firma—, que ya no existe ni una escuela gratuita. Eso es privatizar: que el pueblo pague todo».

En la asamblea de maestros, la última del paro, hubo un momento emocionante cuando la mesa directiva, presidida por Francisco Rinaldi, entregó las menciones especiales. La primera de ellas, «a los dos viejos más queridos», don Edilberto Gómez y doña Cilia Castrillón, dos aguerridos veteranos que acompañaron sin desmayos los inmensos desfiles, haciendo suya la protesta, y estuvieron presentes todo el tiempo en carpas y bloqueos. La segunda, «al pelao de las marchas», Orlando Linares, de diez años, y a su señora madre, doña Julia Acosta. Y la tercera –¡zumba!— a la vieja Lola, maestra pensionada, guajira y sanjuanera, que estaba tan exhausta por los días de paro, que no le fue posible treparse a la tarima. No por eso se amilanó. Volviendo la cabeza y elevando la voz, se dirigió a un profesor, al que vio más a mano: «Ve, muchacho, ayúdame a subir».

«Fue un trabajo muy lindo ese del paro», resume una maestra. Y lo mejor de todo, el pueblo sigue en pie. Desde Nariño a La Guajira, Colombia ha hecho suyo el fustigante lema de los miles de piqueteros argentinos que se enfrentan por estos días al régimen lacayo de Fernando De la Rúa: «Trabajo para nuestros padres, educación para nuestros hijos».


[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 84, julio 14 de 2001.