La lucha contra el recorte a las transferencias

Por Francisco Cabrera

Cuando la Junta Nacional de Fecode, realizada el 1° de junio, decidió de manera sorpresiva levantar el paro nacional indefinido sepultó la posibilidad de impedir el nuevo recorte a las transferencias y de propinarle una derrota al gobierno de Uribe. Las condiciones eran altamente favorables: en la víspera se habían realizado las movilizaciones más grandes que se recuerden en la historia reciente del país; el movimiento estudiantil había despertado vigorosamente y se había convertido en el alma de la pelea, y los gobiernos departamentales y municipales habían expresado su rechazo al proyecto de acto legislativo. Por su parte, el régimen uribista se encontraba acorralado por los escándalos de la parapolítica y trataba desesperadamente de contrarrestar la campaña de los congresistas del Partido Demócrata norteamericano quienes, en su pugna por el mando de la potencia imperialista, lo convirtieron en blanco de sus ataques. Al levantar el paro, Fecode le prestó una gran ayuda al gobierno y frenó el empuje a la comunidad educativa y al pueblo que se vincularon con entusiasmo a la lucha para defender los recursos de la salud y la educación.

En los documentos emanados de la Junta Nacional de Fecode, del 1° de junio, se justificó esta táctica equivocada con el argumento de que iban a “reagrupar fuerzas” para volver a las movilizaciones el 13 y 14 de junio, cuando la plenaria de la Cámara le daría el último debate al proyecto de Acto Legislativo 011. Es un contrasentido hablar de “reagrupar fuerzas” al día siguiente de una movilización como la del 30 de mayo. En la práctica el efecto fue el contrario: la dispersión. Al gobierno, en cambio, se le dio el aire que necesitaba con urgencia y que aprovechó al máximo. El sindicato aceptó el manido chantaje de que “el Estado no negocia bajo presión” dizque para demostrar su voluntad negociadora, pero la ministra de educación vino a recibir a los directivos de Fecode sólo hasta el 8 de junio para decirles que el gobierno no se movería un milímetro de lo aprobado por el Congreso y, sacándole provecho a la claudicación de los jefes del profesorado, no cedió a ninguna de sus demandas. Para completar la humillación, la Cámara adelantó el debate para el 12 de junio, de tal manera que la convocada marcha del 13 se realizó cuando el gobierno de Uribe y el Congreso ya le habían dado el zarpazo a las transferencias. Ése día, por supuesto, el grueso del magisterio no acató la orden de paro y las marchas no fueron más que un cortejo fúnebre.

En Bogotá, en donde la Alcaldía y la Secretaría de Educación se encuentran en manos del Polo Democrático, quedó en evidencia que las fuerzas que controlan la ADE y Fecode, todas de ese partido, pusieron sus cálculos electorales por encima de los intereses de la nación y del pueblo. Aquí el sindicato toleró que desde los cadeles y las rectorías se debilitara el paro con el fin de evitarle conflictos al gobierno distrital. Por su parte, el secretario de educación, Abel Rodríguez, hizo una permanente campaña contra la protesta diciendo que se estaba utilizando a los niños y que era indispensable retornar a las aulas, pues, según él, no había razones para mantener la pelea. La ADE descargó la responsabilidad de la lucha en las tomas de los colegios por los estudiantes, cuyo movimiento se encontraba en pleno ascenso. A los jóvenes la noticia de la rendición de la cúpula sindical les cayó como un balde de agua fría. Y en el colmo del cinismo, cuando las tomas fueron reprimidas, se responsabilizó de ello únicamente a Uribe, siendo que el Alcalde es el jefe de la policía. Si el presidente hubiese desconocido al alcalde, ¿por qué Garzón no hizo pronunciamiento alguno?

Uno de los argumentos para levantar el paro fue decir que éste estaba débil, aunque la movilización estaba fuerte. Si las intenciones de Fecode hubiesen sido propinarle una derrota al designio uribista de reducir las transferencias debieron haberle sacado el mayor provecho a las dificultades del mandatario, y apoyarse en los factores positivos que arrojaba la creciente movilización para superar las dificultades del paro y poder llegar al último debate al proyecto con la máxima concentración de las fuerzas.

¿A qué lógica obedeció esta torpe táctica de Fecode?

De la lucha adelantada contra el primer recorte a las transferencias en el 2001, los jefes sindicales derivaron la absurda teoría de que el paro ya no era la forma de presión por excelencia de los trabajadores, sino que lo era la “movilización social”. También concluyeron que había sido un error no concertar algún arreglo que permitiera mostrar logros; es decir, que se debió aceptar que se menguaran los recursos y, a cambio, conseguir algún reajuste en los porcentajes. Ese mismo año, con el aval de la dirección de Fecode, los congresistas Dussán y Avellaneda votaron la Ley 715, reglamentaria del Acto legislativo y base de la andanada de normas acordes con la merma de los fondos, entre otras: el reformado Estatuto Docente convertido en un recetario de deberes sin ninguna garantía, y con el cual se les niega a los profesores nuevos la posibilidad de ascender en el escalafón y que, además, posibilitó, a través de los concursos, la salida de la nómina de cerca de 80 mil maestros provisionales; la privatización por medio de los convenios y las concesiones; el hacinamiento en las aulas con el aumento del número de alumnos por maestro; el deterioro de la calidad al instaurarse un sistema basado en competencias y en estándares que menosprecia el conocimiento científico, quitarles importancia a las asignaturas de artes y educación física y generalizar la llamada promoción automática.

Como puede verse, el actual despliegue de oportunismo mostrado por el ejecutivo de Fecode tiene muy claros antecedentes. Por ello el paro se consideró accesorio frente a las marchas: no se preparó con seriedad, ni se crearon los instrumentos que deberían garantizarlo y después, cuando el gobierno ordenó no pagar los días de cese, no se contrarrestó la medida oficial con decisiones efectivas para apuntalar el paro. El objetivo principal de la federación de los educadores era hacer una marcha grande con unos intereses electorales no tan ocultos; nunca tuvieron en mente acorralar al gobierno y obligarlo a ceder. Ya el 25 de mayo en carta abierta enviada al presidente abandonaron el objetivo de amarrar nuevamente las transferencias a los ingresos corrientes de la nación, para limitarse a regatear unos puntos porcentuales adicionales para la educación: “solicitamos que, sobre la base de lo aprobado hasta ahora en el sexto debate (…) se incremente la parte para la educación en seis puntos reales a partir del año 2008”. Y en una entrevista concedida al periódico Caja de Herramientas, Witney Chávez, presidente de Fecode, afirma que lo que se perdió con el Acto Legislativo recién aprobado fueron 52 billones de pesos; no obstante, ante la periodista que lo increpa por la forma como se levantó el paro sin obtener nada, respondió: “el gobierno se vio obligado a mejorar un poquito la parte pertinente a educación, de tal suerte que no nos fuimos en blanco como se dice”. Queda claro que en la mente de los directivos de la Federación estaba la idea de que si el gobierno les cedía alguna migaja en la mesa de negociaciones, la presentarían como una gran victoria.

Tras el lánguido desenlace de la que fuera anunciada como una batalla decisiva, y después de dilapidar las energías del movimiento de masas, ahora se plantea la única tarea en la que la dirección sindical ha creído desde el principio: recoger firmas para un referendo, cuya realización dependerá también del mismo Congreso de mayorías uribistas que aprobó el Acto Legislativo. Además, se anuncian las consabidas demandas para que sean también los altos tribunales, que le han dado el pase a todas las felonías del déspota de turno, los que decidan sobre la legalidad del debate del 12 de junio. ¡Cretinismo parlamentario puro y simple!

El desmonte del paro nacional indefinido selló la suerte de la batalla por las transferencias. A los educadores y al pueblo sólo les resta recoger las enseñanzas como ejemplo negativo, y entender que en vez de la conciliación y de fiarle su destino a las gestiones parlamentarias y jurídicas, a los referendos y demás, se trata de fortalecer la educación, la organización y la lucha de profesores, estudiantes y padres de familia.

Publicado en el periódico Leonardo da Vinci, agosto de 2007