Declaración del preencuentro del Comité con las Pensiones No y Salario Digno

El gobierno de Iván Duque se prepara a darle un zarpazo a las pensiones de los colombianos y encubre todo con la mentira de estar preocupado porque millones de personas de avanzada edad no logran protección en su vejez. También miente el gobierno cuando dice que la reforma que se presentará después de las elecciones de octubre se propone conjurar una supuesta “bomba social”, cuando su verdadero interés es satisfacer la exigencia que vienen haciendo el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, el gran capital financiero nacional e internacional y las agremiaciones patronales de marchitar Colpensiones.

La reforma se orquesta en medio de la más infame campaña ideológica contra la clase trabajadora a la que se le acusa de que con sus derechos pensionales saquea el erario en sumas equivalentes a más del 5 % del PIB, para ostentar unos privilegios que se les niegan a la masa de ancianos necesitados. De la misma manera se les endilga a los asalariados la responsabilidad de que Colombia posea el récord de desempleo en América Latina debido a lo que llaman los altos costos extrasalariales y que si no fuera por ello, los esforzados empresarios estarían prestos a generar ocupación. Siempre que los potentados y el gobierno simulan preocupación por la pobreza y el desempleo esconden nuevos asaltos a los derechos de los trabajadores, como ocurrió con la ley 789 de 2002, en la cual incluso sectores del sindicalismo aceptaron sus disposiciones que alargaban la jornada diurna, disminuían el pago de horas extras, festivos y dominicales a condición de que se creara empleo. A cambio pidieron incluir en esa nefasta norma la llamada cláusula de rescisión, contenida en el artículo 46, que obligaría a derogar o modificar la ley en caso de no crearse nuevos puestos. Hoy la tasa de desempleo alcanza más de 11 por ciento y los trabajadores perdieron esos derechos. No podemos caer de nuevo en trampas de ese tipo.

El objetivo verdadero hoy es acabar con el régimen público de prima media administrado por Colpensiones, en últimas bajar las mesadas pensionales a las sumas miserables que otorgan los fondos privados —cuya estafa viene siendo puesta en evidencia por el cada vez más grande movimiento de víctimas de estas entidades—, pero también aumentar la edad, las semanas y el monto de la cotización; reducir la pensión de sobrevivencia; acabar la prohibición legal de que haya pensiones inferiores al salario mínimo, etc., y que se generalicen los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, para el grueso de las nuevas generaciones de trabajadores, como, en efecto, se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo con el artículo 193 que estatuyó el Piso de Protección Social que de un solo tajo acaba con distintos aspectos de la seguridad social integral, las prestaciones y con el salario mínimo —del que dicen los gobernantes y los grandes capitalistas que es demasiado elevado—.
Pero el gobierno de Duque también se ha propuesto arrasar con lo que queda de otros derechos de los colombianos como quedó expreso en el Plan de Desarrollo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Con los mismos sofismas de que los “subsidios” están mal asignados se apresta a deteriorar aún más el sistema de salud tanto contributivo como subsidiado. Con argucias tales como que los colombianos exigen más de lo que están dispuestos a aportar se pretende que las mayorías hagan mas “gasto de bolsillo”, es decir, que, aparte de su cotización regular, paguen altas sumas para acceder a exámenes diagnósticos, medicamentos, laboratorios o especialistas, o para tener derecho a que los beneficiarios sean atendidos. Con la socorrida focalización, basada en la herencia santista del Sisbén, metodología IV, también se obligará a pagar por el servicio a millones de personas hoy adscritas al régimen subsidiado imponiéndoles, de acuerdo con una arbitraria presunción de ingresos, un pago mensual de entre el 1 % y el 15 % de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, del régimen subsidiado.

Ese mismo criterio se aplicará para suprimir de aquí a 2022 las tarifas diferenciales de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas a los estratos 1, 2 y 3 y elevarlas, mientras a los sectores medios de los demás estratos se les cargará con nuevas sobretasas para cubrir las raterías de los monopolios beneficiarios de la privatización, como es el caso de Electricaribe.

Todas estas medidas antipopulares se toman al tiempo que se les disminuyen a los magnates los impuestos sobre las rentas o a las inversiones, o se les devuelve el IVA por la compra de bienes de capital, en tanto se busca gravar con este la canasta familiar. También se les merman los gravámenes a los ricachos por hacer megainversiones, construir o remodelar hoteles, o se les permite que desfalquen el erario “pagando” los tributos con obras. El pago de la enorme y usurera deuda pública, negocio predilecto del capital financiero y causante fundamental del déficit de las finanzas, devora el grueso del presupuesto, que se le mezquina al cubrimiento de las necesidades de la población.

Entretanto, la nación se hunde en una profunda crisis que abarca todos los aspectos. La corrupción carcome toda la estructura gubernamental y privada; vastas regiones del país se mantienen incomunicadas debido a los negociados de la privatización de la infraestructura, el desplazamiento aumenta, la delincuencia y la inseguridad crecen por oleadas. De remate, el asesinato selectivo y sistemático de luchadores populares, defensores de derechos ciudadanos y del ambiente crece en cifras alarmantes en medio no solo de la más pavorosa impunidad sino de las más retorcidas explicaciones oficiales.

Llamamos a todos los trabajadores y sectores medios a movilizarse desde ya a defender el derecho a la pensión, a desenmascarar los discursos mentirosos sobre equidad y demás engañifas con las que se recubren los asaltos contra los intereses de los asalariados. No hay que hacerse ilusiones con que el parlamento nos salvará de esta emboscada. Solo la más decidida y amplia lucha popular podrá dar al traste con las nuevas andanadas del régimen.

Preparemos el encuentro nacional de Con las Pensiones No aprobado en Bogotá el pasado 20 de julio, constituyamos comités a todo nivel y adelantemos una gigantesca campaña de denuncia y educación sobre lo que hoy está en juego. Toda demora en esta labor operará en beneficio de los jurados enemigos de los asalariados y de los trabajadores independientes.

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LAS REFORMAS PENSIONAL, LABORAL Y DE SALUD PARA EL 31 DE AGOSTO Y 1° DE SEPTIEMBRE