Declaración del Comité Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno

En este febrero, el Comité Nacional Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno cumplirá un año de haber iniciado la lucha contra las reformas a los sistemas pensional, laboral, de salud y tributario urdidas contra los asalariados y las clases medias por organismos multilaterales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, agentes del capital financiero imperialista, los magnates colombianos y la cúpula política y gubernamental.

Han sido ingentes y fructíferas las tareas desarrolladas. Empezando por el estudio de decenas de documentos de los mencionados organismos y de sus defensores en Colombia, como Fedesarrollo, lo mismo que los del Consejo Gremial, principalmente los de Asofondos, ANIF, Asobancaria y Fasecolda, emisarios de los grandes grupos financieros, AVAL, de Sarmiento Angulo, y Empresarial Antioqueño, GEA. Documentos que, palabras más palabras menos, reeditan la argumentación usada ya hace casi tres décadas para imponer el despojo de los derechos de los trabajadores mediante las leyes 50 y 100 y las muchas otras que les sucedieron, y que tienen como hilo conductor una avasalladora campaña ideológica consistente en difundir la magnificencia de los grandes empresarios, mientras se culpa a los “ricos” (asalariados, pensionados) de beneficiarse de subsidios estatales que se les niegan a los ancianos o a los desempleados.

Pertrechado con estos conocimientos el Comité programó decenas de conferencias en barrios, colegios, universidades, sindicatos; les dirigió comunicaciones a las centrales sindicales llamándolas a comprometerse con la lucha; elaboró una cartilla que distribuyó profusamente; desarrolló una pertinaz campaña en las redes sociales;  promovió mítines y plantones en los que se repartieron unas 100.000 hojas volantes frente a las sedes de los gremios impulsores de las reformas, en el centro de Bogotá y de otras capitales, en las zonas industriales, barrios populares y portales del transporte masivo. Como punto culminante se realizó el 7, 8 y 9 de septiembre un representativo encuentro nacional en Bogotá, cuyas ponencias y conclusiones permitieron darle aún mayor alcance a la pelea, incluida la creación de nuevos comités locales y regionales, por ejemplo, en la Costa Atlántica y en el Valle del Cauca.

A finales de 2018 , el Comité llamó al Comando Nacional Unitario a llevar a las barriadas la agitación contra la reforma tributaria, por el aumento del salario mínimo y a favor de la lucha de estudiantes y profesores de la educación superior, propuesta acogida con entusiasmo por un numeroso grupo de estudiantes y maestros, principalmente de la Universidad Pedagógica Nacional. En buena parte a causa del repudio que despertó la hambreadora medida de imponerle IVA a la canasta familiar, el gobierno debió renunciar, al menos por ahora, a esta medida que era la columna vertebral de su ley de financiamiento. Además, el Comité se solidarizó con los funcionarios de la Rama Judicial, lo mismo que se sumó a la denuncia de la masacre de líderes populares, cometida a ciencia y paciencia del gobierno y que se mantiene en la más oprobiosa impunidad.

Las actividades descritas permitieron captar la honda indignación que producen en las masas los nefastos planes de los poderosos y la necesidad de hacer incansables y concienzudos esfuerzos para explicar el origen de los atropellos y lograr que la ira se transforme en organización y lucha decidida. De otro lado, pudimos constatar el respaldo a las consignas centrales del Comité. En primer lugar, la necesidad inaplazable de desprivatizar la seguridad social, empezando por abolir las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que destinan a la especulación financiera —mientras liquidan apenas unas pocas y pírricas mesadas— los cerca de 250 billones de pesos extraídos a millones de colombianos mediante el dolo estatuido por la Ley 100 de 1993; dineros que hay que exigir que reviertan al Estado a través de Colpensiones para fortalecer el régimen de prima media, que hay que convertir en el único sistema pensional, manteniendo los parámetros de edad, semanas, tasa de reemplazo, etc., que hoy lo rigen.

Idéntica solución es necesaria para la salud, cuyos significativos recursos presupuestales engordan las arcas de unas cuantas EPS e IPS privadas, en las que, además, campea la más desaforada corrupción, en tanto crecen los paseos de la muerte, la negación del servicio, el hacinamiento, el deterioro de los hospitales públicos, la inclemente explotación del personal de base y profesional del sector; pero el gobierno, en contravía de lo que demanda semejante crisis, busca apuntalar el ruinoso sistema de intermediación exprimiendo aún más a los colombianos mediante el aumento inmisericorde del llamado gasto de bolsillo, suprimiendo la atención por parte de especialistas, controlando la remisión a exámenes especializados, reduciendo sin contemplación el régimen subsidiado, sujetando la prestación del servicio a las exigencias de la regla fiscal.

En cuanto al salario mínimo, planteamos que este debe cubrir el costo de la canasta básica, reivindicación que únicamente podrá hacerse realidad si se prepara y organiza con tesón a las masas para la pelea y se le da un vuelco a la fracasada “negociación” decembrina de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que año tras año se validan con míseros aumentos las políticas de productividad y demás dictámenes del gobierno, los gremios, el FMI y la OCDE, entidades que, por demás, han ordenado que antes que subir la paga mínima, deben aprobarse varias formas de reducirla, lo cual la ministra ha estado anunciando con cuentagotas.

Esta ministra declaró también, so pretexto de la “concertación”, que prefiere presentar la reforma el próximo año, con el obvio propósito de no darle curso simultáneamente con las elecciones regionales y locales. No obstante, el ministro de Hacienda manifestó que “tratará de convencerla” de que la presente al Congreso en el segundo semestre de este año. Cualquiera sea la fecha que acuerden, lo cierto es que Duque está comprometido a fondo con esta reforma, que, en buena parte, se ha postergado por los desacuerdos entre sus promotores, pues unos impulsan que, al menos, una parte de las cotizaciones ingrese al Estado para que apoquine al cumplimiento de la regla fiscal, es decir, al pago de la deuda pública, para lo cual impulsan el sistema de pilares ideado por el Banco Mundial, como es el caso de Fedesarrollo, y, otros, demandan acabar Colpensiones o, más estrictamente, con el régimen de prima media, y otorgarles el monopolio a las AFP, cual es la propuesta que es impulsada por Asofondos y ANIF. En lo que no hay discordancia entre ellos es en hacer más inalcanzables los requisitos para pensionarse y en pedir que se generalicen los BEPS, esos auxilios miserables al estilo de Familias en Acción como uno de l os pilares del sistema, lo que viene como anillo al dedo a la propuesta de la ministra de Trabajo de darle vida legal a la contratación por horas.

Por otro lado, el gobierno apronta otras reformas de la misma catadura antipopular y antinacional. Entre ellas, la venta, de momento del 8,5 % de Ecopetrol, paquete accionario por el que los ávidos inversores obtendrían dividendos anuales de alrededor de $600.000 millones, según lo ha denunciado la Unión Sindical Obrera. Pero los abanderados de esta funesta privatización exigen también que el manejo de los dineros que paguen por las acciones quede en sus propias manos, como lo plantea el documento de Fasecolda en el que se propugna la privatización total de la empresa con tesis tan peregrinas como la de que así se blinda la economía de la dependencia del petróleo, industria que, según ellos, “no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la nación”.

El ministro Carrasquilla, al tiempo con el anuncio de continuar vendiendo Ecopetrol, advirtió que eliminará algunas entidades del Estado, actividad en la que hizo sus pinitos cuando fue viceministro y luego ministro en el primer gobierno de Uribe. Así, aparte de desmontar dependencias que atienden problemas sociales, miles de trabajadores quedarán en el asfalto y, otros, incluidos los petroleros, deberán resistir la segura embestida sobre sus derechos, como lo hacen ya los trabajadores de Colpensiones dirigidos por Sintracolpen, defendiendo su pliego de peticiones en medio de una oscura campaña del tecnócrata, también proveniente del BID, al que Duque nombró presidente de la entidad, y quien considera un crimen que los empleados procuren, a través de la negociación colectiva, mejorar las condiciones laborales y defender la entidad contra sus sepultureros.

A lo anterior habrá que sumarle la anunciada reducción de “subsidios” a las tarifas de los servicios públicos para los sectores populares y medios y la elevación de los costos de la “atención” en salud. Al campesinado, excluido de los más elementales derechos de salario, salud, educación y cultura y con la necesidad de tierra para trabajar aú n sin resolver, se le amenaza hasta con la regresión de ínfimos logros como los establecidos en la Ley de restitución de tierras; y los terratenientes, con apoyo oficial, los despojan y extrañan de sus parcelas y territorios, y a los que acosados por la pobreza no tienen otra salida que cultivar unas matas de coca al lado de algunos animales y sembradíos de pan coger, se les intima a abandonar los campos so pena de sufrir los bombardeos con glifosato ordenados por Washington. Como si fuera poco, millones de pequeños negociantes serán inscritos “de oficio”, o sea, a la brava, en el oneroso sistema impositivo denominado Simple, aprobado en la ley de financiamiento, régimen que los gravará de manera escandalosa, ya que los varios tributos que agrupa se cobrarán sobre la totalidad de los ingresos, que la DIAN estimará a su arbitrio, y no sobre las utilidades reales.

Por demás, hay dos asuntos inmediatos que debemos abordar y que requieren que se dispongan medidas inmediatas de lucha. Uno es acompañar solidariamente la negociación de los pliegos de peticiones de los empleados públicos, tanto nacionales como de las entidades territoriales, que empieza a comienzos de marzo. Y, el otro, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que se debatirá en la primera legislatura de este año, el cual deberemos estudiar a fondo e incluirlo entre los materiales que nos ayuden a hacer la campaña contra las reformas y las demás políticas sociales y económicas del régimen, pues en dicho Plan se concentran todas estas, incluidas las bases para las modificaciones laborales y pensionales. 

Tal cúmulo de medidas hacen imperioso redoblar esfuerzos para llegar a amplios sectores de las masas para elevar su organización, promover su movilización, y unirse con todos los que estén dispuestos a librar consecuentemente la lucha contra el paquete de reformas que dio origen a la creación del Comité Nacional Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno; pero también ligarse a las demás bregas contra el conjunto de atropellos que se preparan. Urge, por tanto, continuar la divulgación de la crítica a las reformas, efectuar más conferencias y encuentros, conformar nuevos comités locales y regionales y revitalizar los ya creados, así como promover y elevar el nivel de lucha del pueblo en las calles. Debemos aprovechar con audacia los vaivenes del gobierno para educar y organizar a las masas. Y como quedó planteado en la declaración del Encuentro Nacional de septiembre, deberemos estar atentos y evaluando en todo momento los avances del movimiento y su organización, para de acuerdo con ello convocar un nuevo encuentro en el que se tracen “tareas de mayor envergadura, incluida la posibilidad de llamar a un paro nacional”.

Es cierto que hechos —que merecen nuestro categórico repudio—, como el atentado del 17 de enero a la Escuela de Policía General Santander, el cual se atribuyó el ELN, le hacen un flaco servicio a las causas que defendemos, pues su resultado práctico es el de haberle dado aire al gobierno de Duque que venía de capa caída, acosado por las rencillas entre las castas gobiernistas y por la creciente inconformidad de la población, por un lado, y, de otro, envalentona a los sectores “pura sangre”, expertos en utilizar estos actos demenciales y ajenos de las masas para decuplicar el expolio, justificar la represión brutal de la protesta y recortar todavía más los derechos y garantías democráticas.

Pero también este escollo habrá de superarse, para ello contamos con que los asalariados, el campesinado y demás sectores populares y medios, impulsados por la creciente pobreza y por la voracidad de la minoría dominante, más temprano que tarde se lanzarán a la pelea. El Comité Nacional Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno aportará su grano de arena en promover esta nueva gesta del pueblo colombiano.

Comité Nacional Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno 

Bogotá 31 de enero de 2019