Por Francisco Cabrera

En menos de una semana, se han presentado dos explosiones en minas de carbón que dejan 26 mineros muertosEn el momento en el que Notas Obreras publicaba el artículo denunciando la responsabilidad oficial en las recurrentes tragedias en las minas del país, en Sutatausa, Cundinamarca, cinco proletarios más perdían la vida en los socavones de La Escondida, una pequeña explotación carbonífera. Floremiro Olaya, el único sobreviviente, afirmó que el estallido sucedió a las 6 de la mañana del 1º de febrero. Es obvio que una racha de muertes como la que se ha presentado en el último año despierte polémica sobre la política de seguridad minera en el país.

El director de Ingeominas, Andrés Ruíz, renunció al cargo por diferencias con el Ministro Rodado, según declaró a la FM, pues este es partidario del cierre de minas como solución al problema. De la misma opinión es Andrés González, gobernador de Cundinamarca, quien, en un arrebato demagógico, amenazó con cerrar las minas del departamento que no se pongan al día con los requisitos para operar legalmente ¡para lo cual estableció un plazo de 20 días!

Con las desgracias de las últimas semanas se ha venido a saber que Ingeominas, la entidad encargada de la fiscalización, solo cuenta con 16 funcionarios para realizar esta actividad, cuando en el país hay 6.000 títulos mineros, 3.000 en explotación y una cantidad igual en exploración y cuando se encuentran en trámite otros 11.000 títulos, amén de las minas ilegales cuya cantidad se desconoce. Se supo también que con el número de funcionarios mencionados se deben realizar dos inspecciones al año  a las minas en explotación y una a las que están en exploración y que esa diligencia tiene un costo de tres millones de pesos para los propietarios. Semejantes costos explican, en parte, que miles de pequeños y medianos dueños de minas se mantengan en la ilegalidad.

El Ministro Rodado ya está hablando de entregarle la fiscalización al sector privado. Estamos hablando, de acuerdo con los datos de títulos mineros mencionados, de un negocio cercano a los 60 mil millones de pesos anuales. Después de las calamidades padecidas con la salud, con la contratación de las obras de infraestructura y con los servicios públicos, entre otros asuntos encomendados a su cuidado, que no vengan con el cuento de la “eficiencia” y de la “transparencia” de la empresa privada.

La fiscalización debe realizarla el Estado sin que sus costos se conviertan en una barrera para que los pequeños y medianos legalicen su actividad. Y debe hacerse no para cerrar las minas después de que se suceden las muertes, sino para evitarlas.