Por Francisco Cabrera

7_efe_duenas_thumbA las seis y media de la mañana del 26 de enero, Fabio Veloza estaba en busca de su desayuno cuando lo sacudió una poderosa explosión y vio salir expulsados violentamente por la boca de la mina los cuerpos de varios de sus compañeros. Dos hermanos suyos, Nelson y William y su primo Jesús encontraron la muerte en los socavones de La Preciosa, en Sardinata, Norte de Santander; en total fueron 21 víctimas fatales en esta nueva tragedia que embarga las toldas obreras. Que en pleno siglo XXI esta historia terrible se repita una y otra vez cubre de oprobio al gobierno de Colombia.

Juan Manuel Santos, quien tiene como una de las “locomotoras” de su plan de desarrollo la minería, se encontraba en Francia y Davos, Suiza, promoviendo, entre otras, la venta de los recursos naturales de la nación ante los inversionistas de las potencias. La noticia de lo ocurrido en La Preciosa lo obligó a interrumpir su gira para regresar repentinamente, aguijoneado por la reciente experiencia chilena en la que el mandatario del país austral logró capitalizar políticamente el rescate de 33 mineros sepultados en un yacimiento de cobre. Sólo que aquí el espectáculo de Santos resultó deplorable, pues se redujo al consuelo de las viudas, al ofrecimiento de una pensión y a hacer el consabido anuncio de que se “investigará a fondo” lo sucedido y se emprenderá una reforma de la minería en la que “la seguridad de los trabajadores sea prioridad”.

La indolencia de los empresarios y del Estado frente a las condiciones que prevalecen en las minas de carbón es proverbial y explica la mayoría de estas desgracias, por lo general anunciadas: “Tres días antes de la explosión hubo una alta temperatura de metano y nosotros monitoreamos y evacuamos. Se disparó el primer monitor, pero los supervisores de turno nunca tomaron cartas en el asunto”, comentó el minero Fabio Veloza. En La Preciosa, en apenas cinco años, se han presentado cuatro hechos trágicos que han costado la vida a 61 obreros: 6 murieron en 2006; en febrero de 2007, perecieron 32, y en mayo de 2008, 2. Pese a este historial la mina se ha mantenido en funcionamiento y en noviembre del año pasado aprobó su última inspección de seguridad, lo que muestra las laxitudes del régimen al respecto. Las normas que exige esta actividad existen hace mucho tiempo pero los propietarios de las minas no las cumplen, como se desprende de las declaraciones del obrero Veloza y lo asegura Luis José Mejía, profesor del Departamento de Geociencia de la Universidad Nacional, quien afirma que para hacer los mantenimientos “es necesario cerrar las minas durante dos o tres días, y esto no lo hacen porque los dueños consideran que se pierde mucha producción".

Según datos oficiales, en 2010 varias explosiones y derrumbes acabaron con la vida de 173 mineros, 73 de ellos en la mina San Fernando, en Amagá, Antioquia, el 16 de junio. En esa ocasión fue Uribe quien posó para las cámaras con los dolientes y quien anunció investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplarizantes. Un mes después de aquella tragedia la comisión investigadora conformada por delegados del Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia, Ingeominas, Ecopetrol, la Universidad Nacional y la empresa, concluyó en su informe: “Se percibe un compromiso de la Gerencia de la compañía con la seguridad, aunque existen todavía oportunidades para mejorar la gestión global en ese sentido”. En eso terminan las tan cacareadas “investigaciones hasta el fondo”. Y no es para menos, cuando, como en este caso, la comisión se conformó con quienes de una u otra forma tenían responsabilidad en lo sucedido, exceptuando a los representantes de Ecopetrol y de la Universidad Nacional.

Se ha vuelto costumbre de los que mangonean el poder que cada que se pone en evidencia la desidia, la corrupción y la complicidad de los entes encargados de la vigilancia y el control sobre las actividades de las empresas privadas se plantean “profundas reformas” a aquellas instituciones que, por lo general, terminan en mayores ventajas para los monopolios. Es lo que ha sucedido con la crisis en la salud, por ejemplo. Ahora, a raíz de la tragedia de Sardinata, Santos y el Ministro del ramo anunciaron un “revolcón en Ingeominas”, la creación de una agencia nacional de minería y una superintendencia. Nada de esto tiene que ver con la muerte de los mineros, pues ya estaba planteado en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2012 prosperidad para todos, cuyo capítulo dedicado a la “locomotora minera” plantea la política para aumentar la inversión foránea en la depredación de las riquezas naturales del país, uno de cuyos aspectos es el “fortalecimiento institucional” del sector.

Nada eximirá al gobierno de su vergonzosa responsabilidad en las recurrentes tragedias en las minas. Y no debe admitirse que sobre el dolor de humildes familias obreras se ambienten designios antinacionales.