El partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, CD, pretende imponer en Colombia un régimen despótico echando mano de figuras como la asamblea constituyente, la conmoción interior o el plebiscito. Los objetivos consisten en dar al traste con el acuerdo de paz; asegurarle al gobierno gringo que se extraditará a todo colombiano que a bien tengan solicitar la DEA o cualquier organismo de ese país; restablecer la fumigación aérea con glifosato; garantizar la impunidad a los despojadores de tierra, a Uribe y a su círculo y a los perpetradores de “masacres con criterio social”; impedir que se conozca la verdad al respecto, y librar de cualquier castigo a su grupo de “buenos muchachos”.

Movido por el ánimo de vindicta y de monopolizar el poder, Uribe hizo excluir de los más altos cargos del gobierno a sus congéneres ideológicos y políticos —ya porque en el pasado se opusieron a la segunda reelección, ya porque apoyaron a Santos—, y ha tratado de superar el aislamiento con la más obsecuente actitud frente a Donald Trump y a los gremios económicos, a los cuales les entregó parte importante del gabinete, los llamados ministros “técnicos”. Esto, no obstante, no lo ha librado de sufrir frecuentes derrotas en el parlamento. Quizás el más duro de los reveses lo constituyó el rechazo contundente a las objeciones al acuerdo de paz.  

El CD busca principalmente impedir que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, contra la cual, en contubernio con la DEA, la embajada de los Estados Unidos y el fugitivo exfiscal Martínez prepararon una encerrona, exigiéndole que diera vía libre a la extradición de Jesús Santrich, pero sin arrimar al proceso las pruebas que decían tener y que requiere la legislación. Acuden, en cambio, a la difusión sensacionalista de videos manipulados, atropellando las garantías procesales mínimas, las cuales reemplazan por el linchamiento mediático, tanto a acusados como a jueces. De manera descarada sostienen que Estados Unidos no debe presentar ninguna prueba, sino que sus solicitudes son órdenes para el país, como, en efecto, lo han sido a lo largo de más de un siglo; el caudillo de la seguridad democrática, constituyéndose motu proprio en vocero de sus señores, amenaza al país con la descertificación por parte del imperialismo, y este chantajea con el retiro de visas a magistrados y parlamentarios.  

Así Colombia vive otro episodio de la llamada guerra contra el narcotráfico, impuesta por los Estados Unidos, guerra que ya cumple cuarenta años y que, en vez de reducirlo, lo ha incrementado. El eterno alboroto sobre cultivos y carteles le ha servido a la potencia para entrometerse de manera continua en los asuntos internos del país, imponer reformas a la justicia y a toda la legislación, afianzar el control sobre órganos como la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares, y desviar todo el debate político a ese tema, dejando a un lado los de mayor interés para los colombianos.

Pero el imperialismo al igual que las oligarquías colombianas persiguen a la vez que alientan y se benefician del mercadeo de los psicotrópicos. En primer lugar, se trata de un retoño legítimo de la ideología de enriquecimiento rápido y a toda costa que campea en el capitalismo financiero de hoy. La libertad con la que se mueven los grandes capitales facilita las operaciones de los capos, los paraísos fiscales a los que acuden los magnates son los mismos en los que se refugian los dineros ilícitos, y los circuitos financieros de Wall Street y otros se nutren de las ingentes sumas de esa procedencia. La ruina inmisericorde del agro, agudizada por la economía “liberal”, empuja a los campesinos a sembrar coca, única plantación de la que logran arañar su subsistencia. Los desempleados, cuyo guarismo crece con cada éxito de la apertura económica, suministran mulas y pistoleros. 

Millones de dólares procedentes de ese negocio —cuyo producto se consume masivamente a causa del voraz hedonismo que comenzó en las clases parásitas altas de la sociedad estadounidense y ha hecho metástasis en los más diversos sectores sociales— entran rutinariamente a vigorizar los grandes caudales, ante lo cual magnates y autoridades hacen la vista gorda. Desde luego, tanto el gobierno de Colombia como principalmente el de Estados Unidos incautan con cierta regularidad los bienes a los narcotraficantes y se los transfieren a empresas y personas con las conexiones apropiadas, como sucede con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en el caso criollo.  La ilegalidad del negocio sirve en primer lugar, como ya lo señalamos, para justificar la más grosera intervención en los asuntos de muchas naciones, intromisión en la que el imperialismo disfraza sus aviesos propósitos con alardes de moralismo, y sirve también para desplumar con frecuencia a los capos. Se les deja engordar solo hasta el punto de que no logren desplazar del poder económico a los potentados “legales”. Política de similar doble faz se da con los grupos paramilitares, a los cuales se les encarga de asesinatos y saqueos en los que los delincuentes de cuello blanco se lavan las manos. Luego, gracias a la persecución, esas cuadrillas de asaltantes son desvalijadas por los grandes desvalijadores de la república.  

No solo en esta materia el mandato del Pacto por Colombia, pacto por la equidad ha demostrado su carácter dócil. Duque se ha prestado para toda clase de tropelías a fin de desestabilizar al gobierno venezolano; personalmente el “primer dignatario” ha acudido a la frontera a concitar asonadas y desmanes mientras que se ha mantenido como momificado cuando Donald Trump, arrogante, ha hablado de enviar tropas a Colombia para agredir al hermano país. Los agentes de la DEA, como lo demostró la Sala de Revisión del Tribunal de Paz, operan en nuestro territorio desconociendo de manera flagrante la legislación nacional, acuden al entrampamiento, fabrican “pruebas” y hacen y deshacen sin que la Fiscalía ni el gobierno se atrevan a musitar palabra. La inclinación inherente de los uribistas a la obediencia a los poderosos del mundo se ha visto reforzada por el afán de lograr que estos tercien a su favor en la reyerta que libran con sus congéneres por el dominio del estado. Tanta obsecuencia no ha salvado a Duque de las vapuleadas de Donald Trump, quien lo ha acusado de no hacer nada por los Estados Unidos. El esmero del lacayo no lo libra de las coces y pescozones de su señor.

Álvaro Uribe y su círculo han demostrado ser partidarios de que los testigos de sus andanzas se encuentren los más lejos que sea posible o que descansen en paz. Por ello, reclaman con vehemencia que los terceros solicitados en extradición se les despache antes de que den a conocer sus verdades ante la JEP. También les horroriza la posibilidad de que los militares comparezcan ante este tribunal debido a que les exige confesar la verdad para obtener rebajas de penas. Pero el choque de la dirigencia del CD no es solo con la JEP, sino con todos los tribunales que se atrevan a investigar al caudillo o a los que lo rodean o desoír sus ucases: la Corte Suprema de Justicia, la Constitucional, el Consejo de Estado, los jueces… No les falta razón, pues sus cuentas con la justicia son voluminosas y variopintas: peculados, cohechos, compra de testigos, seguimientos e interceptaciones ilegales, celebración indebida de contratos, paramilitarismo…  

Otra de las metas del mentado grupo político consiste en imposibilitar cualquier proceso de restitución de tierras y para ello cuentan con el apoyo exaltado de los grandes terratenientes y otros despojadores, entre los cuales se encuentran también empresas mineras. Y las fumigaciones, los asesinatos de líderes populares, la nueva edición de falsos positivos impiden cualquier reclamación de tierras y, por el contrario, ponen a disposición de los usurpadores las nuevas e inmensas extensiones de quienes son asesinados y de los pobladores que huyen empavorecidos por la violencia. Ya los muertos se cuentan por cientos y los desplazados por cientos de miles desde que se firmó el acuerdo de paz. Y las cifras aumentan cada día.

Como ya se reseñó arriba, el gobierno de Duque, tomando el ejemplo de su jefe político, ha ordenado a las fuerzas militares adelantar operaciones que incrementen las bajas, sin importar si ellas sean civiles inocentes y sin entrar en miramientos para aliarse con grupos paramilitares. Estos graves hechos fueron conocidos por información divulgada por el diario The New York Times, cuyas fuentes fueron oficiales militares preocupados por el uso de los mismos métodos que en el gobierno de Álvaro Uribe causaron el asesinato de más de cinco mil personas. A la vez, los militares más adictos al régimen amenazan y vilipendian a sus compañeros de armas que han acudido a confesar la verdad ante la JEP, y al general que pidió perdón por el asesinato del exguerrillero Dimar Torres. Las instrucciones del Comando del Ejército que dan mano libre a la degollina no fueron publicadas en Colombia porque los directivos de Semana y su nuevo dueño, el banquero Gilinski, sentados a manteles con Duque, decidieron callarse y, posteriormente, despedir al columnista Daniel Coronell por haber pedido explicaciones a la revista por tal actitud cómplice. Coronell ha venido denunciado durante años las fechorías del uribismo y se ha convertido en objeto del odio de ese grupo. La gran prensa, en manos de los conglomerados económicos, es cada vez más adicta a los intereses de los acaudalados y del poder.

Además, el ministro de Defensa ha mostrado de manera reiterativa su propósito de justificar los crímenes oficiales y de amordazar la protesta popular, acusándola de corresponder y ser financiada por grupos ilegales y hablado de la necesidad de “regularla”. Con desfachatez aseguró que si Dimar Torres fue acribillado, “sería por algo”.

Acatando las órdenes de los Estados Unidos, el gobierno de Duque pretende imponer de nuevo las fumigaciones masivas con glifosato en todo el territorio nacional, cuyas graves consecuencias para la salud humana, el ambiente, los cultivos y ganados han sido ampliamente demostradas.

El energúmeno doctor Uribe y su panda han rebajado el debate político a la calumnia y presentan a sus adversarios como violadores de niños o seres proclives al narcotráfico. Táctica muy conocida del ladrón que grita: ¡cojan al ladrón! Con el apoyo del exfiscal Martínez y a raíz de la decisión de la JEP con respecto de Santrich, alborotaron acerca de la “crisis institucional” creada por lo que han denominado el triunfo de la ilegalidad sobre el Estado de derecho. El exfiscal, empleado de marras del Grupo Aval y mandadero de la DEA, antes de huir para los Estados Unidos, llamó a marchar contra las cortes. Se sabía y lo ha confirmado el exfiscal ad hoc, que Martínez estaba dedicado a entorpecer las investigaciones sobre el caso Odebrecht; tal es la catadura de los instrumentos humanos de las agencias norteamericanas.  

El Consejo Gremial se sumó a la algarabía y prácticamente exigió, junto con el Procurador, Fernando Carrillo, que ante la apelación presentada por este, la JEP extradite a Santrich. El tan pregonado respeto a las decisiones de las cortes y la separación de poderes muestran su verdadera naturaleza en momentos críticos. Además, numerosos empresarios —entre ellos contratistas y aspirantes a contratos, banqueros deseosos de evitar las investigaciones por desfalcos al erario en obras públicas, como el grupo Aval, y, por supuesto, el grupo Ardila han acudido a respaldar al régimen de manera incondicional.

En un editorial el diario The New York Times pidió al gobierno de esa nación que interceda para consolidar los acuerdos de paz, en cuyo diseño participó de manera directa, y ha aducido la verdadera razón: [la consolidación del proceso] “incentivaría las inversiones internacionales en las áreas rurales marginadas de Colombia”. De manera que unos sectores claman para que se mantenga la violencia a fin de preservar los terrenos ya apropiados y otros piden paz para hacerse a su parte.

La facción vargasllerista de Cambio Radical, el partido de la U y el liberalismo, después de infructuosos esfuerzos para entrar al gobierno, han decidido entorpecerle la agenda legislativa para obligarlo a llegar a un acuerdo “nacional” de los tradicionales detentadores del poder. El régimen, no obstante sus fracasos, el aislamiento y el desprestigio creciente, se obstina en que tal acuerdo ha de tener como base la rendición incondicional de sus oponentes y maniobra con desespero para imponer una salida en la que pueda pasar por encima del Parlamento y de las cortes, para darles “seguridad jurídica” imperecedera al presidente eterno y a su séquito y quizás lograr la reelección por siempre del campeón de la seguridad democrática, para no seguir confiando su legado ya a “traidores”, ya a ineptos incapaces de enderezar el rumbo según lo ordenado.

Toda esta turbulencia política hace que crezcan las voces del establecimiento que demandan el cese de la polarización y el pronto arreglo entre los adversarios. Señalan que tal reyerta hace peligrar las reformas urgentes, tales como la de pensiones, para terminar de envilecer ese derecho a los trabajadores; la laboral y la de salud, y una nueva de los tributos para extender, ahora sí, el IVA a todos los productos de la canasta familiar, que no se logró en la anterior enmienda precisamente por la puja entre los partidos del orden prevaleciente. Insisten en que el abono a la acrecida deuda pública, y la respectiva calificación, están en riesgo si los mandamases de hoy y de ayer no se ponen de acuerdo sobre lo fundamental: arremeter sin demora contra los intereses populares en provecho de los financistas internacionales y colombianos y de los demás oligopolistas. Claman porque el mandatario, en vez de enfrascarse en los dimes y diretes, lidere y no profundice la división. Sin embargo, las posibilidades de tregua y acercamiento entre estas castas enfrentan la dificultad de que los comicios regionales se acercan y cada sector antagoniza en procura de derrotar a sus contrincantes y hacerse a una porción mayor del poder regional, para utilizarlo como punta de lanza de las elecciones nacionales de 2022.  

Consideramos que a los trabajadores, a los campesinos, profesionales y clases medias no les conviene entregar su suerte a ninguno de esos sectores, no deben entrar en la liza bajo el mando de ningún grupo oligárquico, sino que les es apremiante:

  • exigir que se cumpla el acuerdo de paz;
  • rechazar categóricamente la injerencia norteamericana en Colombia;
  • defender las garantías democráticas esenciales como el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos a la protesta y a la huelga;
  • rechazar todo intento dictatorial;
  • repudiar cualquier forma de agresión a la hermana república de Venezuela;
  • salir a defender con arrojo las pensiones, las garantías supérstites en el código laboral y el derecho a la salud que viene siendo vulnerado día a día;
  • oponerse a las reformas tributarias que expolian el trabajo y exoneran el capital.

¡Qué conveniente sería que a la crisis en las alturas se respondiera con grandes movilizaciones de los de abajo!