En este sitio hemos expresado que de concretarse el acuerdo con las Farc, ello “constituirá un desenvolvimiento favorable de la situación nacional”. Dos de sus innegables ventajas consisten en el cese de la desoladora violencia que azota a numerosas regiones, y en que les quita pretextos a las castas dominantes para anegar en sangre los reclamos populares. Dijimos, además, que la sociedad le debe exigir al Estado que se les respeten la vida y los derechos políticos a los desmovilizados. A la vez, expresamos claramente nuestra certeza de que los acuerdos no traerán ninguna mejora en las condiciones de vida de las mayorías, ni en la repartición de la tierra, ni aun en el desarrollo económico del país (Ver artículo). Por esto no compartimos no solo que Fecode haya adoptado como eje de su actividad sumarse a la campaña gubernamental por el sí en el plebiscito del 2 de octubre; sino que sus directivos estén dedicados, abierta o solapadamente, a sembrar ilusiones sobre que los acuciantes problemas de la educación y los educadores van a resolverse como por ensalmo con el arribo de “la paz”; mientras el gobierno no solo no ofrece ninguna solución, sino que expide normas que atentan gravemente contra ellos y anuncia, entre otras, una reforma tributaria centrada en las cargas sobre los asalariados, incluido el ajuste al regresivo IVA. Ese será el abrebocas del posconflicto.

Está en veremos definir un plan serio de lucha para enfrentar la crisis cada vez más profunda del servicio de salud; para abolir el 1278 y lograr un nuevo estatuto docente, que preserve los logros del 2277 y que recoja las nuevas aspiraciones de los docentes surgidas en los casi 40 años que han transcurrido desde la expedición de este; para combatir la sarta de decretos unilaterales del gobierno, los cuales, para solo citar unas pocas cosas, les imponen nuevas obligaciones a los profesores, disparan el hacinamiento, avanzan en atomizar la educación y disgregar a los maestros mediante el “empoderamiento de los planteles”, instauran un remedo de jornada única, que ni resuelve el problema de la calidad y sí atenta aún más contra los derechos del magisterio. Están también por resolverse el pago de las voluminosas deudas que tienen el gobierno nacional y los territoriales con los educadores; la pelea por el presupuesto para la educación pública preescolar, primaria, secundaria y media, ante la finalización de las normas transitorias del llamado Sistema General de Participaciones, SGP.

En este artículo nos referiremos de nuevo a los dos últimos puntos mencionados, dado que el asesor de Fecode Aurelio Suárez, respondió a nuestras críticas mediante una carta dirigida al Comité Ejecutivo de la Federación, la que, a su vez, publicó en un blog semiclandestino. También nos pronunciaremos, entre otros aspectos, sobre los resultados de la llamada Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa, ECDF.

Recordemos que el escudero del senador Robledo les indicó a los maestros que, habida cuenta de la penuria de las finanzas estatales, debían ponerles sordina a los reclamos por las cuantiosas deudas acumuladas por primas extralegales, entre ellas, las pactadas por enseñar en zonas de difícil acceso y azotadas por la violencia, bonificaciones, homologaciones, ascensos, etcétera; para así “no aislarse” del país, ni mostrarse “como caimán en boca de caño” haciendo desmesuradas exigencias, mientras al resto de las gentes se les impone un régimen draconiano de austeridad (Ver artículo de notas obreras al respecto). 

Suárez, en su acalorada respuesta, apenas se refirió mediante una alusión a este asunto crucial. Se limitó a acusarnos de falta de sindéresis por desnudar sus complacencias con las políticas de “austeridad fiscal”, siendo que él había alertado a Fecode sobre que:

“Juan Manuel Santos intenta trasladar los costos de la crisis a las clases medias y trabajadoras, limitando los salarios; evadiendo las deudas laborales contraídas; haciendo recorte a la inversión y al ‘gasto social’ y aumentando los impuestos regresivos”.

 Respuesta que no niega la acusación —y que en cierta forma es una perogrullada— sino que desnuda su manera oportunista de abordar los problemas de las masas, la cual hace pensar en un personaje grotesco de una comedia televisiva mejicana que, pillado en sus permanentes contradicciones, exclamaba: “es que yo como digo una cosa, digo otra”. Que los profesores sean muy comedidos para cobrar sus acreencias, pero que el gobierno no evada las deudas contraídas; que Fecode no se aísle reclamando el pago inmediato de aquellas, pero, eso sí, que los costos de la crisis no se les trasladen a los trabajadores y clases medias; que el gobierno no recorte la inversión ni el gasto social ni aumente los impuestos regresivos, pero que los asalariados no muestren las fauces de fiera hambrienta —figura que muestra su desprecio arribista por el pueblo— para no disgustar al “país”. En fin, Suárez como dice una cosa dice otra. No se percata de que sus proposiciones se excluyen mutuamente.

Nunca está de más reiterar que cuando los agentes de la plutocracia hablan de que el pueblo debe enmarcarse, para plantear sus aspiraciones, “en las cuentas fiscales del país”, “en los ingresos y gastos de la hacienda de Colombia”, dentro de los márgenes del “espacio fiscal”, lo que quieren decir es que nada puede perturbar el cumplimiento a rajatabla de los pagos de la deuda pública, interna y externa, que agarrotan al país. Para “honrar” tales créditos, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de 2017 contempla una partida de más de 54 billones de pesos, de los cuales, 16,1 billones corresponden al servicio de la deuda externa, y más de 28 billones y medio se destinan solo al pago de intereses —rubro cuya variación porcentual es la mayor de todas las del presupuesto, con un incremento de más de 21 %—. Estos réditos superan en 7 billones la suma total destinada a educación por el Sistema General de Participaciones, y casi son el doble del total destinado del mismo a salud, agua potable, saneamiento básico y otras necesidades. Aún más, el servicio de la deuda supera en 65 % el conjunto de la inversión prevista para 2017 (32,9 billones).

Hacer cumplir con esos pagos es el objetivo de las humillantes intervenciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, o de las llamadas calificadoras de riesgo, que exigen recortes fiscales, “austeridad inteligente”, reformas tributarias “estructurales”, arrasamiento de derechos laborales y pensionales; elevación de los precios de los combustibles, y gabelas a granel para atraer la inversión de los magnates del globo. No es extraño que el señor Suárez les haga sus venenosas recomendaciones a los educadores, ya que desde hace un buen tiempo viene orando en los altares de los monopolios. En agosto del año pasado escribió un artículo en el que, aparte de reconocerle al Estado los “acumulados” en la reducción de la “pobreza multidimensional”, señala que para contestarle a un joven que le preguntó si prefería ser pobre en Colombia o en Cuba, le había dicho que si el país quiere ingresar a la OCDE “la premisa fundamental está en que las carencias en áreas básicas deberían superarse y el factor determinante habrá de ser el ingreso”. Respuesta que indica que dentro de la política de “desarmar los espíritus” que abandera su movimiento, hasta cabe convertirse en pregonero de las falacias de los organismos imperialistas como la OCDE, cuyas verdaderas “premisas fundamentales” son, por ejemplo, reducir el “elevado” salario mínimo colombiano, que no alcanza ni para cubrir la mitad de las necesidades básicas, a más de diferenciarlo por regiones y hacerlo aún más miserable para los jóvenes; abolir el régimen pensional de prima media; reducir las mesadas de retiro generalizando los llamados Beneficios Económicos Periódicos, BEP, y aumentar la edad de pensión de las mujeres hasta igualarla a la de los hombres (Ver artículo de Notas Obreras). 

Quienes les recomiendan a los pobres reclamar de rodillas o comulgar con las ruedas de molino del enemigo, de palabra les sirven a las masas pero de hecho apuntalan a los opresores. Harto necesitados están los contingentes populares colombianos de que para enfrentar la opresión extranjera se les eduque en el espíritu de las proclamas del Libertador, como su célebre Decreto de la Guerra a muerte, y no en el de las claudicaciones ante el soborno y el halago de los potentados, a lo Francisco Berbeo.

El otro elemento del debate con Suárez tiene que ver con la posición que deben fijar el magisterio  y los otros destacamentos de trabajadores “financieramente vinculados al SGP” frente a la terminación de las disposiciones transitorias del Acto Legislativo 04 de 2007. Estas reglaban que los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, crecerían de acuerdo con la inflación causada más unos puntos porcentuales —entre 2011 y 2016, tres más cada año—; y un aumento con destino exclusivo a calidad y cobertura de la educación que, para ese mismo período, se tasó anualmente en 1,8 %. Así, a partir de 2017 el SGP deja de contar con un incremento real de 4,8 %, una cifra que, tomando el monto del SGP de 2016, equivale a una pérdida para educación de un billón 600 mil millones de pesos.

En 2017, la norma general que regirá para determinar los recursos del SGP es la del artículo 4 de dicho Acto Legislativo; esto es, que el incremento se calculará como el promedio del crecimiento porcentual de los últimos 4 años de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, incluido el de la vigencia en curso. Esto, desde luego, no tiene ninguna relación con el porcentaje fijo de 46,5 % de los ICN con el que, desde 2002, debían tasarse las transferencias a las regiones, principalmente para salud y educación, lo cual fue derogado por la reforma constitucional de 2001.

El gobierno santista no sometió a ninguna discusión los cambios que sufrirá el Sistema General de Participaciones a partir de 2017 y eso que el tema hacía parte de la “agenda” pendiente con Fecode. Simplemente tomó la iniciativa. Mientras les ofrece a los sindicatos parlar sobre nuevas fórmulas para el SGP, y Fecode no da abasto creando comités promotores del sí, ya Santos propuso en el Presupuesto General de la Nación, PGN, presentado al Congreso, el pasado 1 de agosto, un incremento del SGP con base en el promedio del crecimiento porcentual de los ingresos corrientes de los últimos cuatro años, es decir, con la reducción del 4,8 % citado. Fórmula que llega apenas al 7,16 %, pero que en el plan presupuestal se fija como 9,9 %; porcentaje falaz porque los casi tres puntos porcentuales por encima de 7,16 % obedecen a sumas dejadas de cancelar en años anteriores; simplemente son el pago de una deuda, no un aumento real para 2017, veamos:

1. La inflación de 2015 fue de 6,77 % pero el gobierno la calculó en 4 %. Esto quiere decir que dejó de sumársele 2,77 % al SGP de 2016; entonces, se presupuesta para 2017.

2. El parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 04 de 2007, establecía, grosso modo, que cuando el Producto Interno Bruto, PIB, fuese superior a 4 %, los puntos porcentuales de diferencia también se agregarían para tasar el SGP del año siguiente, para “atención integral de la primera infancia”. Como en 2013 el DANE calculó el crecimiento del PIB en 4,3 %, pero luego estableció que había sido de 4,9 %,  ese 0,6 % que dejó de agregarle  al SGP de 2014 se toma en cuenta para 2017.

 El siguiente cuadro indica la forma, en que debe liquidarse el SGP de ahora en adelante, incluido el año 2017.

Cuadro 1. Cálculo del aumento del SGP según Artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2007, que entra a regir desde 2017

cuadro 1

Así, la disminución real de los recursos para 2017 va a ser enorme. Incluso, si a manera de ejemplo aplicáramos la fórmula de tasación del SGP que rigió hasta este año, ya el aumento de las transferencias debería ir en 13,48 %, casi 4 puntos porcentuales por encima del 9,9 % que el gobierno presentó para 2017; notemos por qué en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.

cuadro 2

Frente a esto resulta oprobioso que las más “enérgicas” conclusiones del Encuentro de Sectores Financieramente vinculados al Sistema General de Participaciones hayan sido las de emprender un intenso cabildeo con los parlamentarios, que, por demás, ya llevan bien adelantada la discusión presupuestal, que pupitrearán a los pocos días de votado el plebiscito, cuando Fecode seguramente todavía no haya terminado de celebrar:

Para establecer acuerdos y compromisos de ellos [de los parlamentarios] en y por (sic) la defensa de un nuevo Sistema General de Participaciones que irrigue mayores recursos para la educación, la salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico (…) Una vez se firmen los acuerdos de paz, se refleje en el presupuesto nacional un aumento del rubro destinado a inversión social, especialmente, para la protección de derechos fundamentales, como educación, salud, agua, vivienda y saneamiento básico.

Por su parte, el presidente del sindicato, Luis Grubert, en el programa Encuentro, del pasado 27 de agosto, también confió la suerte de las transferencias al toque de Midas de la pacificación:

Este proceso también es una oportunidad para adelantar conversaciones en la profundización de democracia, que genere una discusión en el manejo presupuestal, en el manejo de los recursos, en la posibilidad de que el Sistema General pueda tener mayor apalancamiento económico para que la satisfacción de dos derechos, para nosotros muy importantes, fundamentales, como es (sic) la educación y la salud, tengan los recursos para la satisfacción de estos; y, en nuestro caso, proponemos que para la educación los recursos de manera progresiva vayan incrementándose para garantizar educación desde el preescolar de tres grados hasta la universidad, que sea gratuita para todos los colombianos en las instituciones del Estado.

La enjundiosa táctica consiste, pues, en llamar a las masas a batirle incienso a la pústula parlamentaria, sumisa al Ejecutivo, y en convencerlas del ardid de que la paz será la partera de la historia, mientras Ejecutivo y legislativo, de consuno, fraguan la feroz reducción de los recursos.

Todo esto encaja en las recomendaciones del asesor Suárez. Proponer una táctica meliflua de la que de todas maneras se sale “ganancioso”. El asesor pide pelear por inflación y unos puntos y el asesorado un aumento progresivo, un “apalancamiento”. Así, cualquier arreglo, como los muy torticeros firmados por Fecode en los últimos años, se puede mostrar como una victoria y… salir a pedir votos, ya para el Parlamento, ya para el Comité Ejecutivo.

 En cambio, nuestra propuesta, que tanto encolerizó a Suárez, consiste en exigir el retorno a los criterios iniciales de los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, tras haberse comprobado con creces las previsiones del magisterio sobre las enormes pérdidas que sufrirían los presupuestos para salud y educación. Así, se plantearía una meta cierta, clara, que ya fue probada; que, mientras existió, si bien nunca alcanzó a cubrir las gigantes necesidades, llevó los recursos para educación y salud a unos niveles de participación en el PIB y en los ingresos corrientes de la nación que no habían tenido antes y que no volvieron a tener luego de las enmiendas constitucionales de 2001 y 2007. Esto es así. No se trata de ninguna interpretación. Para que ello no fuera arrasado batallaron Fecode, la comunidad educativa y los sindicatos de la salud en 2001.

Suárez, para desechar nuestra propuesta e imponer la favorable “a las cuentas fiscales del país”, aduce razones tan peregrinas como que “lo correspondiente a los municipios en general para otras ramas, no ha sido el punto de análisis requerido por FECODE y, está claro, que en cuanto a la educación respecta, inclúyase o no el 22% de participaciones de los municipios, aun si alguna pequeña parte de estos fuera hacia allá, los números me dan la razón.” Veamos por qué —independientemente de lo que le haya requerido Fecode al contratista, si así fue— este no podía tomarse la licencia de desechar una de las fuentes de los recursos: las participaciones municipales en los ingresos corrientes de la nación, primero, por su importancia cuantitativa —eran muy similares al situado fiscal— y, segundo, porque el porcentaje de ellas para educación, contrario a lo sostenido por Suárez, no era nada despreciable.

Veamos, con el perdón de los lectores, que encontrarán varias reiteraciones del escrito anterior, un resumen de la historia de este asunto:

1. El artículo 356 de la Constitución definió el situado fiscal como un porcentaje de los ICN, que aumentarían anualmente y debían destinarse “a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media y la salud.”

2. El artículo 357 de la misma Carta dictaminó que los municipios participarían en los ICN, y que la Ley debería definir las áreas de inversión social que se financiarían con esos recursos. En el parágrafo se señaló que la participación de los municipios en los ICN crecería año a año hasta alcanzar el 22 % de ellos en 2002.

3. El artículo 10 de la Ley 60 de 1993 estatuyó el “nivel del situado fiscal” respecto a los ICN, así: 1994, 23 %; 1995, 23,5 %; 1996, 24,5 %. Y en el parágrafo primero determinó que cada departamento debía disponer, del total que le correspondiera, como mínimo 60 % para educación, 20 % para salud, y el 20 % restante para salud o educación, según metas de cobertura y disponibilidad de otra fuentes de financiación. Aquí vale la pena mencionar la falta de honestidad intelectual de Suárez. Porque, aceptemos que se haya equivocado involuntariamente en el estudio presentado a Fecode sobre la distribución del situado fiscal. Pero seguir sosteniendo, al responder a nuestro artículo, que el 100 % de este iba para educación y que solo él constituía la totalidad de las transferencias para educación, cuando simplemente le bastaba haber ojeado de nuevo las normas para darse cuenta de que ello no era así, lleva a pensar que no se trata de una equivocación sino de una supina tozudez orientada a imponer una táctica, así para ello deba falsear a ojos vistas los documentos sobre los cuales se libra la discusión.

4. El artículo 22 de la Ley 60 de 1993 fijó las reglas para la “asignación de las participaciones para sectores sociales”: educación, 30 %; salud, 25 %; agua potable y saneamiento básico, 20 %; educación física, recreación, deporte, cultura, y aprovechamiento del tiempo libre, 5 %; libre inversión, 20 %. Entonces, no es como dice Suárez, con su proverbial ligereza, que si acaso una mínima parte iría a educación, o que “agregar el eventual 22 %, que nada o muy poco destina al sector y que Torres espera que el gobierno de Santos reconozca”. Tampoco aquí las normas ni los números le dan la razón como él lo sostiene, por sí y ante sí.

5. En resumen: a partir de 2002, las transferencias del gobierno central a los entes territoriales por situado y participaciones se consolidaban en el 46,5 % de los ICN, y el grueso de ellas se destinaba, por disposición legal, a educación y salud, siendo la de educación la partida mayor. Por ello, precisamente, fue que al unísono la oligarquía y el imperialismo confabulados decidieron barrer con estas normas, en pro de la salud fiscal de la República, que tanto embelesa al futuro aspirante a senador, o  a ministro de Hacienda, según la enajenada ilusión de su jefe político, Robledo, de que va a llegar a la Presidencia en andas de los menesterosos y los potentados.

6. Con el Acto legislativo 01 de 2001 se consumó el atraco contra las transferencias. Se creó el Sistema General de Participaciones de los Departamentos y Municipios, SGP, y se dispuso que la bolsa inicial no podría ser inferior a la suma del situado fiscal, las participaciones municipales, y las asignaciones al Fondo de Compensación Educativa. En total fueron 10,9 billones de pesos. También se trasladaron a la nueva norma los porcentajes que cada sector obtenía y, con algunos leves ajustes, esto hizo que se llegara a las proporciones actuales, dentro de las que la educación tiene el 58,5%. La posterior reforma constitucional sobre la misma materia, el Acto legislativo 04 de 2007, lo que hizo fue prorrogar la vigencia de los principales cambios de la de 2001, y fijar la forma mediante la cual se determinaría el SGP luego de que concluyera la vigencia de las normas transitorias.

Los siguientes cuadros (“los números”), en todo atenidos a lo dispuesto en las normas en discusión, demuestran palmariamente que exigir el retorno a lo que establecía inicialmente la Constitución de 1991 les asegura muchos más recursos a la educación y la salud, no menos, como gratuitamente afirma Suárez.  

Cuadro 3. Cálculo del situado fiscal de acuerdo con ingresos corrientes de la Nación, ICN, (Presupuesto General de la Nación 2017 y MFMP 2018). Artículo 356 original  de la CP de 1991; Artículo 10, Ley 60 de 1993. Billones de pesos.

cuadro 3

Cuadro 4. Cálculo de las participaciones de acuerdo con ingresos corrientes de la Nación, ICN, (Presupuesto General de la Nación 2017 y MFMP 2018). Artículo 357 original de la CP de 1991; Artículo 22, Ley 60 de 1993. Billones de pesos.

cuadro 4 

Cuadro 5. Total para educación, según normas previas al SGP. Resumen Cuadros 3 y 4. Billones de pesos.

cuadro 5

Ahora veamos lo que sucede tanto con los cálculos de Suárez y los ya presentados por el gobierno al Congreso.

Cuadro 6. Cálculo de Transferencias según SGP (2017-2018). Cálculos de Aurelio Suárez. Billones de pesos

cuadro 6 

Cuadro 7. Cálculo de Transferencias según SGP (2017-2018). Proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno al Congreso.* Billones de pesos

cuadro 7

De los cuadros anteriores se colige que reivindicar el sistema previo a los Actos Legislativos 01 y 04 de 2001 y 2007, respectivamente, le proporcionaría 40 % más de recursos a la educación y, desde luego, también mayores fondos a la salud. Entonces, si no se falsean burdamente las cosas, ¿quién está pidiendo menos plata para la educación?

Para cerrar, hay un elemento que nos muestra a las claras la pertinaz inconsecuencia del muy afectado comentarista de Blu Radio y que, valga la verdad, casi nos ahorraría toda la discusión sobre este punto. En la página 18 del documento que le entregó a Fecode se lee lo siguiente:

En el supuesto de que el Situado Fiscal continuara en el nivel definido por la Ley 60 de 1993, el 24.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) y la Participación de los municipios en los Ingresos Corrientes fuese el alcanzado en el año 2002, tal como lo estipuló el Parágrafo del Artículo 357 de la Carta Política (22% de los ICN), los recursos en 2014 serían del orden de los 51 billones de pesos (6.7% del PIB), el 46.5% de los ICN, una diferencia de 2.9 puntos porcentuales del PIB respecto a lo actualmente liquidado.

Si esta situación se evalúa en perspectiva, es posible afirmar que las ET [entidades territoriales] han dejado de percibir recursos por cerca de 154 billones de pesos (de 2014) entre 2002 y 2014 (…) de los cuales, 87 billones de pesos (de 2014), debían estar orientados a la provisión de la educación.

Suárez, pues, debería explicar por qué cuando se trata de contabilizar las pérdidas que acumula la educación en los años que van desde 2002 hasta hoy, toma en cuenta, con pelos y señales, tanto el situado fiscal como las participaciones. En cambio, para definir la táctica de lucha de los maestros, es decir, si se plantea o no que se retorne a lo que establecían inicialmente los artículos 356 y 357 de la Constitución y la Ley 60 de 1993, desecha las participaciones como abalorios porque, según él, si acaso, una muy pequeña parte de ellas iría hacia la educación. No cabe duda, lo que sucede es que el flamante investigador, que tantos libros ha escrito, como dice una cosa, dice otra, como buen oportunista.

Ingentes necesidades de recursos

La verdad es que batallar en serio, no de palabra, por mayor presupuesto para la educación preescolar, básica, secundaria y media —ni qué decir de la superior, que no es materia de este artículo— es apremiante. Incluso volviendo a la fórmula que defendemos, los recursos serían insuficientes. Veamos unos pocos ejemplos:

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gobierno afirma que para poner en práctica la mencionada jornada única es necesario construir 51.834 aulas; dice, también, que la edificación de 1.650 de ellas, en 2015, costó 460 mil 300 millones de pesos, o sea,  casi 279 millones por aula. Así, las 51.834 costarían 14,23 billones de pesos, a lo cual debe agregársele el costo de su mantenimiento, sumado al de sostener la infraestructura ya existente. Y esto sin tener en cuenta que la propuesta santista de jornada única, su Colegio 10, en realidad es una caricatura, pues, entre otras cosas, dispone la superposición de horarios, o sea, que haya un grupo de estudiantes que ingrese a los colegios, por ejemplo, a las seis de la mañana y salga a las dos de la tarde, y otro que entre a las 10 de la mañana y termine a las seis de la tarde. Con lo que el hacinamiento será aún mayor. Frente a tan enormes requerimientos, en el presupuesto para 2017, el gobierno presenta para infraestructura de preescolar, básica y media: 403 mil millones de pesos, con lo que construir las casi 52 mil aulas, sin tener en cuenta el mantenimiento, se demoraría más de 35 años.

Igualmente ínfimo, en relación con las necesidades, es el rubro que se presupuestó para alimentación escolar en 2017: 500 mil millones; en 2015, había sido de 800 mil millones. A comienzos de este año los gobernadores se quejaron de la falta de financiación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que antes atendía directamente el gobierno central y que Santos les entregó en 2015.  La situación llegó a tal punto, que en la mayoría de las regiones los recursos del programa no alcanzaban ni para terminar el primer semestre. Los mandatarios seccionales plantearon que se necesitaban, por lo menos, 300 mil millones de pesos para garantizar los alimentos hasta el fin del calendario académico. La de la Guajira, mencionó que alimentar a 67 mil niños cuesta 33 mil millones de pesos al año y que el gobierno le destinó apenas 7 mil millones. El de Bolívar, que el costo anual es de 35 mil millones y apenas tiene 25 mil millones. El de Nariño, que allí la necesidad es de 32 mil millones y que le faltaban 12 mil millones para llegar al fin de 2016. El del Chocó, en donde la administración del programa es aún más complicada por las distancias, la dificultad de las vías, etc., afirmó: “No tenemos capacidad para administrar el PAE. No tenemos plata, ni infraestructura”. El panorama es idéntico en todos los departamentos. Todo un retrato de la cacareada descentralización, que les asigna responsabilidades a las regiones pero no recursos, e incluso se los apaña, como ha sucedido con las regalías, en aras de la “responsabilidad fiscal”, exigida por el FMI y sus congéneres.

Para completar, el gobernador de Córdoba preguntó: “¿Acaso, puede garantizarse una buena infraestructura para suministrar los alimentos cuando el Gobierno Nacional está pagando 1.100 pesos por desayuno y 1.350 pesos por almuerzo? ¿En qué lugar del país venden almuerzos por ese precio?” A lo que se le suman las mafias de la contratación, que el gobierno conoce de sobra, aunque farisaicamente se rasgue las vestiduras, y que permite, complacido, que licitación tras licitación se presenten bajo una u otra razón social y se alcen con los dineros que se apropian para el programa.

Según la OCDE, en 2014, en las instituciones públicas de primaria y básica secundaria había 6,5 millones de estudiantes. Si tomamos el monto ínfimo per cápita que hoy se asigna diariamente de $2.450, resultaría que para garantizarles, aunque fuera esa “alimentación” a todos, se requerirían diariamente 16 mil millones de pesos, durante 200 días aproximadamente, esto es, 3,2 billones de pesos anuales. Con los 500 mil millones presupuestados por Santos para 2017, escasamente se cubrirían en esa condiciones deplorables el 15,6 % de los estudiantes, es decir, un millón de niños y adolescentes. Todo esto sin tener en cuenta el costo de la infraestructura para el suministro de las raciones. Abundan las denuncias sobre que en los colegios en los que se está ensayando la “jornada única”, los estudiantes no reciben ni siquiera una comida caliente al día y los refrigerios son de pésima calidad.

En cuanto a la necesidad de profesores, Fecode misma ha calculado que para poner en práctica tal jornada la planta debería aumentarse, al menos, en un tercio, algo más de 100 mil maestros —Santos habla de hacerlo agregando unos cuántos docentes y bajo miserables condiciones de subcontratación, para no sobrepasar el “espacio fiscal”—. Se estima que para 2016 el costo de la nómina asciende a unos 14,3 billones de pesos,  lo que quiere decir que para establecer la jornada única, en términos gruesos y a precios corrientes, la paga de los maestros, sin contar la planta administrativa que habría que adicionar, y que hoy ya es deficiente, sería de más o menos 4,8 billones, con lo que la sola nómina pasaría a copar casi la totalidad de las transferencias territoriales para educación. Y eso sin contar con la justa exigencia de que se nivele salarialmente con los demás profesionales de otras ramas del Estado que, según los estudios más conservadores, como el de la Fundación Compartir, equivale a unos 18 puntos porcentuales adicionales, pero que, por ejemplo, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, CID, estimó en 28 %.

El exsecretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, escribió recientemente en El Tiempo que para que en los 150 municipios más afectados por la violencia, en donde la población menor es alrededor del 5% del total de la del país, cerca de un millón de personas, el Estado debería hacer un esfuerzo sostenido de inversión anual per cápita de 2 millones de pesos, durante 15 años; o sea, unos dos billones de pesos anuales.

¿Cuántos billones más se requerirán, entonces, para superar el analfabetismo; establecer el preescolar de tres grados; avanzar de veras en calidad; mejorar el acceso en las zonas rurales; cubrir apropiadamente las necesidades de alimentación, transporte e incluso de alojamiento en algunas zonas, para que millones de niños pobres puedan educarse. Para llegar aunque sea a los niveles de gasto público por estudiante que tienen otros de los mayores países de América Latina?

Es claro que, así sea con base en el 46,5 % de los ingresos corrientes de la nación, es decir, con las normas anteriores a la reforma constitucional de 2001, de los cuales a educación le corresponderían para el próximo año 28,34 billones de pesos (cuadro 5), los recursos serían altamente insuficientes, por lo que la lucha debería plantearse no únicamente en los términos de volver a esas normas, sino en que el Estado hiciera unos aportes adicionales, al menos para cubrir los dineros que el sector dejó de percibir en los 15 años posteriores a dicha reforma. No sobra mencionar que esos 28,34 billones apenas llegarían a algo así como el 3,3 % del PIB, mucho menos, también, de los que otros países de América Latina destinan para el mismo rubro.

Ante todo lo anterior, ¿no resulta francamente nociva la propuesta de Suárez de que Fecode debería plantear como “solución de mediano plazo (…) a tres o cuatro años, incluso con IPC más algo”?

Sobre la Evaluación Diagnóstica Formativa, ECDF

El señor Suárez aduce —consciente de que con ello toca un punto muy caro a sus contratantes— que una forma de evaluar nuestro “acomodado texto” es el error que nos atribuye cuando pronosticamos el fracaso de la llamada Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa, ECDF (sic). Lo que dijimos fue, entre otras cosas, que ella había sido montada entre el gobierno y Fecode para embaucar a los maestros regidos por el Decreto 1278, es decir, la mitad del magisterio. Sostuvimos que decenas de miles ni ascenderían ni se reubicarían; que Fecode había entregado la reivindicación de que los ascensos y reubicaciones salariales de las nuevas generaciones de profesores se hicieran, como sucedía con los regidos por el decreto 2277 de 1979, con base en los títulos, la experiencia y la producción académica; que el gobierno manejó a su antojo los aspectos centrales de la prueba; que era falso lo que sostenía la cúpula del sindicato, particularmente los prosélitos del señor Suárez, que a fines de 2015 el 100 % de los maestros habrían pasado; que el curso para quienes no aprobaran era un atropello más, ya que, por un lado, los obligaría a desembolsar una suma importante de dinero de su menguado salario y, por otro, caerían presas del chantaje de los negociantes de la educación superior, que con argucias podrían condicionar los 80 puntos necesarios para pasar a que el docente se matriculara en un programa de pregrado o posgrado. Dijimos que el arreglo dejaba en pie el artículo 36 del Decreto 1278 que señala que “Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales”, que había sido el factor determinante para que en la evaluación de competencias, que se venía practicando desde 2010, escasamente aprobara un 20 % de quienes se inscribían.

Veamos si esta argumentación perdió validez por el hecho de que Fecode haya lanzado las campanas al vuelo porque, supuestamente, el 75 % de los profesores  superaron la evaluación. En primer lugar, es harto antidemocrático que el sindicato para poder dar la cifra que le convenga, no ponga a disposición de los maestros, y de quien quiera analizarla, la información que el Ministerio le entrega de primera mano. 

Para elaborar este documento consultamos los resultados en las páginas de internet de 60 de las casi 100 entidades territoriales certificadas en educación y debimos contabilizarlos manualmente (por lo que es probable que haya algunas imprecisiones), incluidos prácticamente todos los departamentos y las grandes capitales, hasta llegar a más de 27.500 examinados, de un total, según los propios cálculos de Fecode, de algo más de 33.000. Así, obtuvimos que poco menos del 65 % de los aspirantes aprobaron el examen (10 puntos porcentuales menos de lo que informa Fecode). Todo indica que el verdadero resultado sea este, si se tienen en cuenta ejemplos como los siguientes:

Cuadro 8.

cuadro 8

 En síntesis, de 33 mil habrían pasado algo más de 21 mil. ¿Es poco acaso que 12 mil compañeros hayan sido reprobados? ¿Puede esto catalogarse como un rotundo éxito, cuando quienes participaron se habían presentado al menos una vez entre 2010 y 2014 y no habían pasado, teniendo el derecho a hacerlo si se les aplicaran las normas conquistadas por el magisterio décadas atrás? La propia Fecode, en el programa Encuentro del 27 de agosto, para ilustrar la alegría que embargaba al magisterio entrevistó a un educador, quien dijo que llevaba seis años presentándose y en esta última ocasión había logrado pasar; ¿no es ello más bien una demostración de la infame condición a la que han sido sometidos 150 mil maestros, y no de las bondades del nuevo sistema?

Pero veamos el aspecto clave del problema. Como dijimos, la promoción de los maestros del 1278 está determinada básicamente por el artículo 36 de dicho decreto, es decir, por “las disponibilidades presupuestales”. Y como dadas las características de la pasada ECDF —solo para quienes ya se habían presentado al menos una vez entre 2010 y 2014— el número de inscritos disminuyó ostensiblemente; por lo que, si bien hay un aumento en el porcentaje de quienes pasan, en términos absolutos la cifra se ajusta perfectamente a la evolución que venía teniendo desde 2010 el número de ascendidos o reubicados. El siguiente cuadro lo ilustra.

Cuadro 9.

cuadro 9
*Elaboración propia. 2010-2013 con base en el Informe de resultados de la evaluación de competencias para el ascenso o la reubicación de nivel salarial en el escalafón de docentes y directivos docentes regidos por el decreto Ley 1278 de 2002, del Ministerio de Educación. El número de inscritos de 2014, por información del mismo Ministerio y los resultados de distintas fuentes, incluidos directivos de Fecode. Para el total de inscritos en la ECDF, la comunicación de Fecode, Alrededor de 26.000 maestros habrían aprobado la ECDF, y nuestra proyección de aprobados del 64,7 %.

Con el resultado de la ECDF no debería haber problemas con las disponibilidades presupuestales, sin embargo, como el gobierno, con la anuencia del sindicato, se tomó en todo el proceso cerca de un año y medio, todo indica que al menos parte importante de los aumentos salariales puede engrosar el monto de las deudas que hay que cobrar con todos los comedimientos que reclama el asesor de Fecode.

El gobierno ya hizo las adecuaciones legales necesarias para postergar los pagos. Mediante el Decreto 1757, de septiembre del año pasado, modificó el Decreto 2715 de 2009 que establece que:

La reubicación salarial y el ascenso de grado en el Escalafón Docente surtirán efectos fiscales a partir de la fecha de la publicación de la lista de candidatos, siempre y cuando el aspirante cumpla los requisitos para reubicación o ascenso (…)”

y le agregó el siguiente apartado:

En caso que los recursos presupuestales resultaren insuficientes, la entidad territorial deberá apropiar dichos recursos máximo en la siguiente vigencia fiscal y proceder al pago del ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial con los efectos fiscales definidos por el presente artículo.

Desde luego, a estas alturas, seguramente en la mayoría de las entidades territoriales ya no habrá recursos presupuestales suficientes.

Pero hay más, como quienes se presentaron debieron haber obtenido los resultados en el 2015, y, al menos empezar a recibir sus aumentos desde comienzos de 2016, Fecode ha informado que el gobierno se comprometió a expedir un decreto  garantizando la retroactividad de aquellos al 1 de enero de este año. No es claro quién la asumirá. Nadie puede asegurar que esto no termine en un peloteo entre las regiones y el gobierno central. En todo caso, los directivos de la Federación deben estar haciéndose cruces para que Santos cumpla su promesa antes del 2 de octubre, no vaya a ser que después no lo vean ni en las curvas.

Para finalizar este punto, el sindicato asegura que también en este mes se hará la convocatoria a una nueva evaluación para quienes cumplen los requisitos y hasta ahora no se habían presentado, que podrían llegar a ser unos 70.000 educadores. ¿Fecode puede garantizarles que en términos porcentuales ascienda o se reubique un número similar al de la primera ECDF teniendo en cuenta unas condiciones políticas totalmente diferentes? ¿O, más bien, se impondrá la ley de hierro de “las disponibilidades presupuestales anuales”, con más veras cuando, como quedó demostrado, los recursos del SGP disminuirán en términos reales?

Dejamos para el final algunos aspectos más bien irrisorios de la carta del señor Suárez. Uno, aunque no viene mucho al caso, tiene que ver con la alusión que hicimos a su ligereza, cuando planteó en el Encuentro de Sectores Vinculados Financieramente al Sistema General de Participaciones que Santos se proponía eliminar los parafiscales en la próxima reforma tributaria, los cuales ya había suprimido desde 2012. Su respuesta, en el sentido de que se refería a que no se les habían quitado a las empresas por sus empleados que ganan más de 10 salarios mínimos, es un botón de muestra de su falta de sentido autocritico y de su capacidad de mentir sin empacho. Lo que sostuvo textualmente en dicha reunión fue lo que sigue: 

Pero hay una cosa más grave y que es absolutamente inaceptable: es la eliminación de los parafiscales. ¿Qué pasa con los parafiscales? (…) esos son ingresos adicionales a los trabajadores, que los han querido convertir en impuestos a la nómina. ¿No es un ingreso adicional para una trabajadora, llámese una docente, una madre cabeza de familia, que trabaje en una fábrica o en una gran superficie que sus hijos sean atendidos por Bienestar Familiar, que tenga un subsidio familiar, que el patrón le contribuya con la salud o que le capacite gratuitamente el SENA para elevar su capacidad, sus ingresos y su escalafón (…) Lo que se le (sic) va a hacer con los parafiscales a los trabajadores colombianos es uno de los más grandes asaltos de la historia, digamos antisocial de este país.

Es claro que cuando se habla de una obrera fabril, de una empleada de supermercado, de una docente, de una madre cabeza de familia que recurre al ICBF o al SENA para la atención de sus hijos o capacitarse, no se está haciendo alusión a empleados que ganan más de 10 salarios mínimos.

Suárez nos acusa de incurrir en mala fe por señalar que sus recomendaciones eran fruto de un contrato con Fecode, y anota que no tiene ningún “contrato firmado” que la realidad fue que el sindicato le “pagó $5 millones por el documento Evolución de la Economía Global, nacional, situación fiscal y SGP”. Empero, varias de las acepciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra contrato se acomodan a la situación. Si se firmó o no, si la cifra que menciona es real o no, o si el producto resultó idóneo, poco o nada importa. Otra cosa es que Suárez haya resultado ser un contratista vergonzante, quizás por la sospechosa calidad de su producto.

En fin, esperamos que las razones aquí expuestas le ayuden en algo al magisterio para encauzar la lucha por sus justas reivindicaciones. Frente a esto, la interminable lista de epítetos que el señor Suárez nos endilga, desde la cima moral que le confieren sus calidades de apaciguador de la lucha de las masas y de pregonero de los mandamientos de los tiburones del capital financiero internacional y nacional, resulta del todo irrelevante.