Sobre dos de los puntos en litigio entre el magisterio y el gobierno, Fecode contrató un estudio con el ingeniero Aurelio Suárez Montoya, excandidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, comentarista de Blu Radio, pero también asiduo “analista” de otros grandes medios de comunicación, y personaje muy cercano al senador Jorge Robledo.

El objeto del contrato era darle luces al sindicato sobre qué hacer para que el gobierno les cancele a los educadores algunas deudas acumuladas por años, y sobre la posición a adoptar frente a la terminación, en este año, de la vigencia del Acto Legislativo 04 de 2007, que regula el Sistema General de Participaciones, SGP, fondo de recursos que la Nación les transfiere a los entes territoriales para financiar los servicios a su cargo, principalmente, la educación y la salud.

Suárez entregó los resultados de la investigación el 23 de noviembre de 2015: un escrito de 39 cuartillas titulado con pompa Evolución de la economía global, nacional, situación fiscal y SGP y los presentó en esa misma fecha a manera de conferencia ante una absorta Junta Nacional del sindicato. El documento, y más claramente la exposición, contienen posiciones que de ser adoptadas, como hasta ahora todo indica que se hará, llevarían a Fecode a convertirse en altavoz de las ideas y políticas neoliberales de “austeridad fiscal” que enarbolan las castas dominantes y el imperialismo a través de los organismos multilaterales de crédito.

Ya en la introducción se lee que las decisiones que debe tomar el magisterio colombiano en 2016:

Han de estar enmarcadas en el contexto de la economía global y sus repercusiones en la economía nacional y, especialmente, en las cuentas fiscales del país. Es decir, en los ingresos y gastos de la Hacienda de Colombia que, en últimas, determinan las variables sobre las cuales deben centrarse las aspiraciones en torno a las políticas que garanticen los plenos derechos sociales de la ciudadanía y laborales de los educadores (resaltados nuestros).

Y en las conclusiones:

3. En ese marco, se presenta la definición del SGP para la educación que, según el Acto Legislativo 04 de 2007 y las leyes reglamentarias, ubicó su crecimiento en el IPC más el 4,8% en términos reales. Aunque, como porcentaje de los ICN [ingresos corrientes de la nación], dichas transferencias pasaron del 23,17% de los ICN en 2002 al 16,61% en 2012, se debe revisar si en las perspectivas fiscales, esa (sic) sea el sendero para retomar del año 2017 en adelante. No aparece como la mejor opción en el corto plazo.
5. Debe hacerse conciencia que (sic) en el año 2016 se darán las discusiones sobre la deuda laboral y el futuro del SGP, coincidentes en un periodo fiscal con dificultades evidentes. De ahí la claridad que requiere FECODE para enfrentar las respectivas negociaciones.

Así, el consultor enfatiza no en las penurias de la educación (y la salud) y de sus trabajadores, sino en que estos amolden sus reclamos a las “cuentas fiscales del país”: lo mismo que les han venido exigiendo los sucesivos gobiernos oligárquicos. En cuanto al SGP, aunque las cifras utilizadas por él mismo demuestren que con las reformas constitucionales de 2001 y 2007 los recursos para educación y salud cayeron en 10 años (2002-2012), del 23,17% al 16,61%, como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, “no aparece como la mejor opción” volver al sistema previo, el de los artículos 356 y 357 de la Carta de 1991 y la Ley 60 de 1993, que los reglamentó.

Como para que no cupiera duda de su posición, dijo esto en la charla explicativa de su texto:

Se va a negociar el SGP en uno de los peores momentos fiscales del país. Con una cosa grave: que hay que plantear una política que no aísle al magisterio del resto del país, que es una cosa que nos preocupa. Viene todo lo que viene el año entrante y está la opinión diciendo: pero cómo que los maestros pidiendo de todo, mientras el país lo hunden y los maestros como caimán en boca de caño. Hay que saber plantear —es lo que le he dicho al Comité Ejecutivo— una política muy bien planteada, que no aísle al magisterio, pero que no haga que el magisterio y los trabajadores paguen la crisis. ¿Entendieron la complejidad? Y mi opinión que trata de ser una opinión responsable es dar a conocer, y por eso le dije al Comité Ejecutivo que había que hacer el documento, dar a conocer cuál es la realidad de esto, para que la Junta, como dicen los politiqueros, ‘en su leal saber y entender’, trace orientaciones. Nuestro deber es poner en conocimiento eso; y quiero transmitir que es una inquietud que la misma Junta, Luis Grubert, me han transmitido el interés que hay de que esto se maneje de esta manera. Es muy importante que en esta batalla que se va a dar se gane a la comunidad educativa (...)

Puede ser, y no quiero inducir una decisión al respecto, puede ser plantear en cuanto al SGP, una solución de mediano plazo; o sea, decir a tres o cuatro años incluso con IPC más algo peleando uno y enfocándose en el otro tema [el de las deudas]. Cuantificarlo muy bien, incluso el estudio que hagamos puede hasta sugerir un sistema de pagos con el tiempo. Ya ustedes mismos dirán eso no van a poder hacer el cheque ahí mismo para todo el mundo. Hay que mirar a qué se le va a dar prioridad, eso va a tener que decidirlo la Junta. Si son las primas de tal; si son las cesantías atrasadas de los más viejos; las primeras cositas de los del 1278 (…) habrá que tratar de suscribir un plan de pagos con las prioridades (...) Mirar el monto total de la deuda (…) y negociar ese plan de pagos con valores presentes (…) Habrá maestros y maestras que digan que a mi me dejaron para lo último, pero la gente tiene que entender que uno no puede ir y decir: ‘oiga, que me haga un cheque de 50 billones’; hay que entenderlo, en esto no puede haber infantilismos ni locuras (…) Ahora, que haya gente que no entienda o no lo quiera entender, bueno pues eso es problema de ellos, o que quiera hacer bulla con eso, es otro problema

He ahí como este impostor les aconseja a los exangües profesores a quienes les deben las primas por trabajar en zonas de difícil acceso y que han tenido que cubrir con su menguado sueldo básico los sobrecostos que tiene laborar en esas regiones; a los que no han recibido la homologación de su salario ganada hace años; a los que tienen pendiente el pago por ascensos en el escalafón; a los que no han recibido la remuneración de las horas extras ni las dotaciones, no aislarse poniéndose a reclamar sus derechos, so pena de aparecer “como caimán en boca de caño”.

¿Cuáles son el país y la opinión de los que no hay que aislarse? ¿Acaso alude a los estudiantes, los padres de familia, los demás trabajadores del sector, y los amplios segmentos populares que han apoyado con fervor las luchas de los educadores, no solo cuando han sido para defender la educación pública, sino cuando han buscado mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo, y a quienes, más bien, la cúpula de Fecode ha defraudado una y otra vez?

¿O el país que desvela a Suárez es el de los magnates, que para promover sus negocios y concepciones y, además, para acrecentar sus fortunas poseen una telaraña de medios de comunicación, como los Santodomingo, dueños, entre otros, de Blu Radio, Caracol Televisión y El Espectador; los Ardila, de RCN Radio, RCN Televisión y socios de la ultrarreaccionaria cadena gringa FOX; o los Sarmiento de El Tiempo y varios canales de televisión? Ya que son los plumíferos y locutores que laboran para ellos, los que peroran contra todo el que ose lanzarse a pelear por sus reivindicaciones. Claro que no es muy común leerlos o escucharlos comparando a los luchadores con fieras hambrientas al acecho de la presa, como lo hace este personajillo venido a más. Cuánta razón hay en aquello de que no hay nada peor que un converso.

O con quiénes no hay que marcar distancias es con los gobernantes de los últimos tiempos, desde Gaviria hasta Santos, pasando por Samper, Pastrana y Uribe, que a los reclamos de obras, salud, educación, servicios públicos, cancelación de acreencias, ascensos y aumentos de sueldos les han opuesto siempre la cantaleta del déficit fiscal, cuyo origen no está en los pedidos de las mayorías, sino en la dominación extranjera; las gabelas tributarias otorgadas a los oligopolios nacionales y extranjeros; la quiebra de la producción nativa; las asfixiantes deudas, externa e interna; los robos billonarios al erario, como el de Reficar, en el que los principales saqueadores son los relamidos doctores del equipo económico, que abominan girarles la plata de las deudas a los educadores.

Pero la razón principal de la conduerma de que que los maestros y demás servidores públicos se aprieten el cinturón, de mermarles a las regiones transferencias y regalías, de reducir las pensiones públicas, en fin, de recortar el gasto, tiene como verdadero propósito cumplirles las órdenes al FMI, al Banco Mundial, a las calificadoras de riesgo de que no se distraigan en esas fruslerías los dineros con que se deben cancelar cumplidamente el principal y los réditos de la descomunal deuda externa.

A compás con ello, Suárez instruye que para que el sindicalismo dé pruebas de madurez y cordura, debe allanarse a que el régimen dilate cuanto quiera el cumplimiento de las obligaciones; hacer lo contrario, exigir su perentoria satisfacción, como debe ser, es insania e inmadurez.

Pero lo que es un verdadero dislate es que Fecode necesite otorgar contratos, al más puro estilo de los altos burócratas de nuestro Estado social de derecho, porque sus jefes no se dan mañas, y eso que tienen comisiones sindicales permanentes, de inquirir entre las bases y en los entes territoriales para cuantificar los adeudos y presionar para que el gobierno respete el acuerdo de 2013 que estableció un calendario de cancelación de las obligaciones ya certificadas por el Ministerio de Hacienda (320 mil millones), y unas “mesas mensuales de trabajo” entre el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación y Fecode con la asistencia del Ministerio de Hacienda para el seguimiento de las estimadas (560 mil millones).

Qué hacer frente al vencimiento del Sistema General de Participaciones

Como quedó anotado, el asesor sugiere que ante el vencimiento del SGP no se retome la tasación de los aportes a los entes subnacionales como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, sino que se busque una “solución de mediano plazo”, “a tres o cuatro años incluso con IPC más algo”. Mejor dicho, que se mantenga intacta la fórmula vigente establecida en las reformas constitucionales de 2001, de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, y de 2007, de Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga, contra las cuales se levantaron en portentosas luchas el magisterio, los trabajadores de la salud, la comunidad educativa, y otros considerables segmentos de la población de diversas procedencias sociales, económicas y políticas.

Suárez reafirmó su posición el pasado 27 de julio, en el Encuentro de Sectores Financieramente Vinculados al Sistema General de Participaciones, citado por Fecode y la CUT:

En el trabajo que se hizo para Fecode en el mes de noviembre en un modelo econométrico para determinar las variables que inciden en el crecimiento de los Ingresos Corrientes de la Nación, encontramos que esas variables eran el precio del petróleo, el crecimiento de la economía, especialmente del PIB por habitante, y el crecimiento del producto industrial (…) El mismo gobierno reconoce que en cuanto a los ingresos corrientes de la Nación en los próximos años va a haber una parálisis (…) Y esto es importante porque esto es el debate (…) De dónde acá que el gobierno pretende aparecer como reivindicando una vieja petición de ICN, que dicho sea de paso, le ha costado al país, desde el año 2001 hasta el año 2014, en pesos de 2014, 154 billones de pesos y a la educación específicamente le ha costado 87 billones de pesos (…) Yo he hecho una cuenta para los dos próximos años sobre esto. Los ICN en el año 2016 están calculados en 121 billones de pesos; si a estos ingresos para el 2017 le (sic) aplicáramos la Ley 60 del 24,5%, darían 29, 6 billones de pesos, como el situado fiscal para el año entrante. Si aplicamos la fórmula actual del SGP, que hoy está en 31,9 billones de pesos, le aplicáramos un 9% más (porque claro, ahora ya no les sirve la fórmula de la inflación, porque la inflación está por lo menos en el 6), si al 6 se le suma el 3 y le aplico el 9, me da 34,7 billones. Quiere decir que si el país regresa en el año 2017 a la fórmula de ingresos corrientes de la nación, Colombia perdería la diferencia entre 34,7 y 29,6, o sea, 5 billones pesos. Por eso yo señalo que la inclusión de ese articulito, compañero Grubert, en la reforma tributaria próxima es de hecho una segunda reforma tributaria (…) Para el año 2018, entonces, tomo de base los resultados del 2017, cogiendo el 29,6 por ciento como ingresos corrientes de la nación [es un lapsus porque en realidad lo que quiere decir es 29,6 billones de pesos] y aplicándole (sic) el 24,5% me da que crecería a 31,26 para el 2018.

Es evidente que la operación está mal hecha porque 29,6 más el 24,5% da 36,85, pero puede ser otro lapsus; sin embargo, lo que definitivamente hace ver que no entiende de qué está hablando, es que ese incremento se lo aplique a la cifra del año anterior cuando se la debía aplicar a la totalidad de los ICN que se proyecten para tal año. El expositor continúa:

En cambio si cojo para el año 2018 el SGP que me ha dejado 34,7 y le estoy aplicando un porcentaje de 7,5 o sea 3 puntos, y suponiendo que la inflación para el 2017 hubiera bajado a 4,5% me da 37,3 [34,7+7,5%]. Seis billones menos [37,3-21,6]. Es decir, que para los dos próximos años cogiendo ICN, dado que los ICN están determinados por las variables que yo señalé [¿?], a la educación y a la salud y a los entes territoriales para satisfacer los derechos fundamentales, de los que nos hablaba el doctor Sarmiento, pierden 11 billones de pesos.

Dejemos ahí esta parrafada para volver sobre ella luego de hacer una síntesis apretada de la evolución reciente de las transferencias del gobierno central para educación y salud.

En la reforma constitucional de 1968, con los primeros vientos de la llamada descentralización, se creó el situado fiscal, porcentaje de los ingresos del gobierno central que se dirigían a los departamentos para atender principalmente las mencionadas necesidades. Luego, con la Ley 12 de 1986, se optó por transferir un porcentaje creciente del impuesto al valor agregado, IVA, a los municipios, en especial a los de menos de 100 mil habitantes, lo cual se conoció como transferencias del IVA.

En la Constitución de 1991, en el artículo 356, se dispuso que se debería reglamentar legalmente  el situado fiscal,

esto es, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla (…) Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale (...) El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado (…).

En el artículo 357 de la misma Carta se señaló:

Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos (...)

Parágrafo: La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento de 1993 hasta alcanzar el veintidós por ciento como mínimo en el 2002 (…).

Es claro que el aspecto clave de estos dos artículos es que relacionan el situado fiscal y las participaciones con los ingresos corrientes de la nación que, según el artículo 358, los constituyen los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital.

En 1993, la Ley 60, que reglamentó los citados artículos, estableció que el situado fiscal alcanzaría, en 1996, el 24,5% de los ingresos corrientes de la nación —los porcentajes progresivos, a diferencia de los de las participaciones, no se habían fijado directamente en la Carta—. Así, a partir de 2002, las transferencias se consolidarían en 46,5% de los ICN (22% de las participaciones más 24,5% del situado fiscal).

Con ello los presupuestos para educación y salud aumentaron ostensiblemente, aunque seguían siendo deficitarios frente a las enormes carencias. Su peso creciente en el PIB y en los ICN durante los años en que rigieron esas normas están registrados en diversos estudios. Para solo poner un ejemplo, en el documento Implicaciones fiscales y sectoriales de la reforma a las transferencias territoriales de Colombia, de la serie Borradores de Economía del Banco de la República (2007), se hace la siguiente radiografía:

Al examinar la evolución de las TT [transferencias territoriales] durante las dos últimas décadas, la mayor expansión de recursos corresponde al período de la Ley 60 de 1993. Como proporción del producto, los giros aumentaron de 3,5% a 5,4% entre 1993 y 2001, luego de haberse incrementado entre 2% y 3% durante 1986 y 1993 (...) Los recursos para el sector educativo se incrementaron en 1,3 puntos del producto entre 1993 y 2001, al tiempo que los recursos para el sector salud aumentaron en 0,7 puntos (...) Las TT como porcentaje de los ICN, se incrementaron del 34% al 40% entre 1994 y 2001 (…) Por su parte, la participación de las TT dentro de los gastos corrientes de la Nación llegó a niveles del 33% durante el régimen de Ley 60 (…) Finalmente, con dicha Ley las transferencias, en términos per-cápita y en pesos de 1994, aumentaron de $58.932 en 1993 a $92.083 en 2001, es decir registraron un crecimiento real promedio de 9%.

Contra estos resultados clamaron el Fondo Monetario Internacional y sus corifeos, achacándoles la crisis fiscal desatada en el país a finales de la última década del siglo XX, crisis que en realidad era fruto de los iniciales efectos devastadores sobre las actividades productivas de la apertura económica iniciada por Gaviria; del desborde de la deuda externa; del reflejo de las crisis asiática y rusa que prosiguieron a la mexicana, de 1994, todas causadas por la avaricia de las potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos, erigido como la única superpotencia.

En consecuencia, en el Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, de diciembre de 1999, se consignó lo siguiente:

2. Las autoridades también han enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados de una reducción de los gastos del gobierno central.

20. El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es el Acto Legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constante en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación.

38. (…) Como ya se anotó, entre las reformas que ya se han presentado al Congreso hay también una reforma constitucional que cambiaría el actual sistema de transferencias a las entidades locales de un porcentaje fijo de los ingresos actuales del gobierno a cantidades que permanecerían constantes en términos reales.

El Congreso, endulzado por la dupla Pastrana-Santos, que le revivió los suprimidos auxilios parlamentarios, ahora como cupos indicativos, aprobó el Acto Legislativo 01, en junio de 2001. El eje del cambio consistió en desuncir las transferencias de los ICN y en crear el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios (SGP), que unificó en una sola bolsa los recursos del situado fiscal y las participaciones municipales. Se regló que, entre 2002 y 2008, dicha bolsa crecería anualmente en un porcentaje igual a la inflación causada más unos puntos. La bolsa inicial se fijó en $10,9 billones —el gobierno pataleó para que fuera de $8,9 billones—, la cual incluía las transferencias de 2001 por concepto de situado fiscal, las participaciones municipales y las asignaciones al Fondo de Compensación Educativa (FEC), creado en 1996.

Como se recuerda, contra esta medida se levantó una parte importante del pueblo colombiano y al frente de ello estuvo Fecode, que impulsó la conformación del Frente Común y que sostuvo una portentosa huelga de 35 días apoyada masivamente por la comunidad educativa. Este fue el último paro que la cúpula del sindicato magisterial no traicionó.

Como las disposiciones transitorias del Acto Legislativo 01 tendrían vigencia solo hasta 2008, en el segundo gobierno de Uribe Vélez se llevó a cabo otra reforma, el Acto Legislativo 04 de 2007, para mantener las transferencias desligadas de los ICN, lo cual se reafirmó hasta 2016. Como ha podido advertirse, en estos aspectos no hay lugar a discordias entre los cipayos de las oligarquías y el imperialismo, así lo prueba el hecho de que hayan sido los hoy acremente enfrentados Santos, de un lado, y Uribe, Pastrana y Zuluaga, de otro, los propulsores de las regresivas modificaciones.

Fedesarrollo —ese antro del que salen sus miembros directo para el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, la Junta del Banco de la República, para luego regresar a seguir traduciendo las orientaciones de los organismos multilaterales de crédito, para que las pongan en práctica sus congéneres que estén de turno en los sillones oficiales—, resumió así el estrago causado:

Las reformas de 2001 y 2007 significaron pérdidas para el SGP (tomando este metodológicamente como la suma de Situado fiscal, Participaciones y Transferencias) en total de 146,46 billones y para educación en particular de 52.936 billones. Todo en pesos de 2014 (resaltado nuestro).

Ante la evidencia de que esas cifras rebaten cualquier argumento a favor del nuevo sistema, la capilla neoliberal tiene que hacer malabares: se trata, “evidentemente” de un ejercicio de “equilibrio parcial”; pues “si no se hubiese llevado a cabo el proceso de ajuste fiscal (…) la crisis económica se habría agravado –con obvias consecuencias sobre la evolución tanto de los ICN como del SGP.” No sería aventurado pensar que dicha capilla asesora al asesor de marras.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, solamente al ingeniero Suárez puede caberle en la cabeza que si se volviera a los abolidos parámetros iniciales se perderían 11 billones de pesos en transferencias, entre 2017 y 2018. Y aún más disparatado, por decir lo menos, que sugiera gratuitamente que Santos está conspirando para volver a ellos.

Se necesita no haber leído las normas ni nada de las enconadas disputas de 2001 y 2007 entre los sectores progresistas y el régimen alrededor del recorte. Se necesita no haber mirado los archivos de Fecode, ni las revistas ni periódicos del hoy degradado grupo político al que pertenece Suárez, ni las publicaciones del gobierno y de sus adeptos, ni las noticias de prensa de la época, ni las diatribas pasadas y recientes de todo el curubito gremial, oficial y de los think tank fletados por la oligarquía y el Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales, para sostener ese adefesio que, además, el comentarista radial reveló con pose de descubridor de nuevos continentes y con ridícula petulancia, y del cual aportó como prueba irrefragable que: “la mayoría de ustedes saben que llevo décadas estudiando los asuntos económicos y he escrito más de 15 libros al respecto.” 

A tan docto asesor se le pasó, tal vez por el afán de mostrarse responsable con el fisco y no como fiero caimán en boca de caño, que las transferencias tenían dos componentes: el situado fiscal y las participaciones, que ambos se tasaban en porcientos de los ingresos corrientes de la nación, y que sumados debían alcanzar el 46,5% de aquellos (24,5% para el situado y 22% para las participaciones). Para sus cálculos se empecinó únicamente en el primero. Yerro que puede explicarse también porque su inocultable ánimo de descrestar le nubla las entendederas, lo que se deja ver en “el modelo econométrico” que le presentó a Fecode, el cual, incluso si estuviera bien planteado —y matemáticos que lo han visto le tienen serias críticas formales y de contenido—, no tiene ninguna relevancia para la discusión concreta. El propio Suárez apenas lo menciona y cuando sustenta su tesis lo que hace es recurrir a los propios datos oficiales y hacer una comparación de simple aritmética, que ciertamente había que hacer; lo que pasa es que la hace mal. El fiasco también puede originarse en la característica ligereza del personaje, como lo demuestra el caso citado del estimado y reclamación de las deudas, o su perorata en el mencionado foro sobre la amenaza de suprimir los parafiscales, en la reforma tributaria ad portas, cuando estos, excepto la contribución a las Cajas de Compensación Familiar, fueron abolidos en la reforma tributaria de 2012, para solaz de la burguesía que por esta concesión ya se ha embolsillado al menos 20 billones de pesos.

Las cuentas son muy sencillas. Si, por ejemplo, usamos las cifras planteadas por el gobierno en el proyecto de presupuesto para 2017, presentado el pasado 29 de julio —“escenario sin reforma tributaria”—, que no difieren en esencia de las presentadas en junio en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, tenemos que los ICN se estiman en 127,6 billones de pesos, si a esto le aplicáramos el 46,5% (situado fiscal + participaciones), obtendríamos unas transferencias a los entes territoriales de 59 billones 334 mil millones de pesos (127,6 billones x 46,5% = 59 billones 334 mil millones) —71% más de las que el propio Suárez calcula (34,7 billones) para el sistema vigente y que propone mantener—,  y si a estas, luego de descontarles el 4%, establecido en la Ley 715 de 2001 (59 billones 334 mil millones – 4% = 56 billones 961.000 millones), les sacamos el 58,5% para educación, tal como se hace hoy, tendríamos que a este rubro le corresponderían 33 billones 322 mil millones de pesos (56 billones 961 mil millones x 58,5%), suma muy similar a la totalidad del SGP actual.

No cabe duda, pues, de que ante el fin de las normas transitorias del Acto Legislativo 04 de 2007 y la renovada evidencia de que este y el 01 de 2001 constituyeron los golpes más aleves contra la educación y la salud públicas, la decisión que se les impone a los sectores sociales democráticos y, en particular, los “vinculados financieramente al SGP”, es desarrollar un vasto movimiento que retome las enseñanzas del Frente Común de 2001 y que, sin vacilaciones, levante la consigna de restablecer los criterios originales de los artículos 356 y 357 de la Constitución y la Ley 60 de 1993, a más del cubrimiento de los déficit enormes heredados a causa de esas reformas.

Y Fecode quizás habría hecho más gracia encargándole directamente la asesoría, por ejemplo, a Planeación Nacional, a su director, Simón Gaviria, lo cual le hubiera revertido en un doble beneficio: primero, el delfín liberal les habría aconsejado lo mismo, quizás con menos avilantez que Suárez, y, segundo, no les habría cobrado, pues los funcionarios públicos no pueden percibir, al menos oficialmente, ningún otro tipo de ingreso por su trabajo aparte del sueldo, cosa que no sucede con los contratistas al estilo Suárez, quien devenga simultáneamente de los maestros y de los enemigos jurados de ellos, como sus patrones del Grupo Santodomingo. Por lo pronto, al sindicato le convendría romper el contrato por justa causa, así el contratista no reintegre los anticipos, pues si bien sus equivocaciones aritméticas tendrían solución, lo realmente dañino son sus consejos guiados por sus concepciones e intereses reaccionarios, que le impedirían al magisterio adoptar una táctica consecuente de lucha.