La multa a los ingenios la pagamos todos los colombianos

En la edición del sábado 28 de mayo, el diario El País, de Cali, publicó una noticia titulada Preocupación por alza en precio del azúcar este año. La nota registra que: “En menos de cinco meses el granulado ha subido, en promedio, 45%, un alza que no solo ha sorprendido a las amas de casa, sino a los comerciantes de alimentos  que utilizan el azúcar como materia prima para la elaboración de pasteles, tortas y pan.” También reseña las declaraciones de Carlos Useche, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos Complementarios, Anipan, quien señala cómo el alza del precio de este insumo de producción nacional ha sobrepasado incluso el de otros que, por ser comprados en el exterior, cargan con la fuerte devaluación del peso: “La harina de trigo y la margarina, que las importa el país, han reportado alzas de entre el 20% y el 30% como consecuencia del alza del dólar, pero no se compara con lo que está pasando con el azúcar. Hoy estamos comprando el bulto de 50 kilos a $140.000, cuando  a finales del año pasado no pasaba de $90.000, lo que muestra un alza superior al  55%. No nos parece coherente esos incrementos tan bruscos (sic)”. Al final, el periódico cita la amañada respuesta de Asocaña, el gremio de los magnates del dulce, que le achaca la escandalosa alza al fenómeno del Niño y distorsiona aún más los hechos señalando que la irregularidad corresponde solo al mes de mayo, siendo que su ocurrencia se ha ventilado desde enero.

En la misma semana en que ocurrían estas graves denuncias de los pequeños y medianos empresarios nacionales de la panadería, el senador Jorge Robledo volvió a llamar al país a emprender una urgente cruzada a favor de los monopolios azucareros —con debate incluido en la Comisión Quinta del Senado—, según él, de nuevo amenazados de desaparecer, ésta vez por cuenta de una resolución que prepara el gobierno para franquear las importaciones de etanol de los Estados Unidos. Al alarmante llamado —“le están armando al azúcar una especie de tormenta perfecta”— lo acompaña la consabida convocatoria a los proletarios de la caña a cerrar filas y a movilizarse sin tardanza a defender a sus patrones.

Idénticas premoniciones sobre la debacle azucarera hicieron el senador y sus más cercanos colaboradores políticos y sindicales cuando a fines del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, les impuso una multa de más de $ 320 mil millones por violar el llamado régimen de libre competencia, embeleco neoliberal que ha merecido varias apologías del celebrado senador, como sucedió en 2012 cuando los monopolios de las telecomunicaciones se disputaron la adjudicación de otra parte del espectro radioeléctrico del país.

Había que ver las encendidas defensas a la gran burguesía azucarera que hacían al alimón y emulando en histrionismo en los medios —varios propiedad de uno de los zares de la caña— el senador polista y el rábula de los ingenios, Néstor Humberto Martínez, esa especie de Rasputín criollo que los potentados se aprestan a investir como Fiscal General de la Nación.
Veamos una mínima muestra del acaloramiento digno de mejor causa del senador: “El monto de la multa (…) amenaza la estabilidad y el empleo del sector”; “Santos va por ellos” (Ibidem); “tenemos al frente el riesgo de una crisis nacional” (Ibidem); “la campaña de hostilidad contra la producción azucarera y contra los ingenios es brutal”; “La sanción deja en vilo el medio de sustento para 2,15 millones de colombianos”.

El escudero de Robledo, Aurelio Suárez, sinuosamente puso en duda los privilegios de esta oligarquía: “Los azucareros son tenidos como un gran poder en Colombia”; el Sistema Andino de Franja de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar tienen “un mayor carácter de estabilización del precio interno –más que de protección”; “Esta economía política histórica de favorecimiento se contradice con la sanción por 320.000 millones de pesos, impuesta por la SIC”; lamentó el “monto descomunal del castigo”; acusó a los acusadores porque “no brindan evidencia de un “cartel antiimportador”; “lo que asoma en el fallo de la SIC es la desestabilización del sector”; y concluyó en tono de melodrama: “Un salto al vacío”.

Pero la atronadora montaña parió un ratoncillo. A mediados de enero, sin demasiados aspavientos, los medios de comunicación anunciaron que los azucareros y la SIC habían llegado a un acuerdo para el pago de la multa (desde luego, sin renunciar a su sagrado derecho de impetrar todos los recursos inventados y por inventar). Incluso, informaron que los ingenios más pequeños cancelaron el cien por ciento de ella de contado. Pagaron y los molinos siguieron girando, ironizó el columnista Julio César Londoño.

Entre bastidores, en los salones palaciegos, seguramente escanciando finísimos licores, los capitalistas azucareros y Santos —¡dizque iba a por ellos!—, resolvieron el entuerto dentro de la más pura ortodoxia. Que los rancios empresarios subieran los precios del azúcar destinada al mercado interno en, digamos, un cincuenta por ciento; que el gobierno se hiciera el de la oreja mocha sin ponerse con regulaciones ni controles. Elemental. Distribuir la “sanción” entre millones de colombianos empobrecidos y agobiados por las alzas de los alimentos básicos; someter, ahí sí, a la desestabilización a los pequeños y medianos empresarios confiteros, de los bocadillos, de la panadería y la pastelería, a los afiliados de Anipan, a los productores nacionales que no son dignos de una sola línea por parte del verboso senador, a quienes el Estado no les concede billones de pesos en subsidios, ni los exonera de impuestos, ni les regala Zidres, ni les expide decretos para garantizarles la venta de sus etanoles; a los que no figuran en las listas de los más ricos del mundo de las revistas Fortune y Forbes, como el propietario de los ingenios Incauca, Providencia y Risaralda.

La triquiñuela, además, les reporta a los mandamases otro indudable beneficio, un intangible: a la galería se le queda en la retina que el sistema funciona a la perfección, que es capaz de auto controlarse, de aconductar al que se descarría; una prueba más de que la democracia burguesa es el menos malo de los sistemas, el único capaz de meter en cintura por medio de sus “organismos de control y vigilancia” hasta a los más encopetados. Ganancia política e ideológica nada despreciable.

Las cuentas son simples. Tal como lo menciona el artículo de El País, el consumo mensual promedio de azúcar en Colombia es de 140.000 toneladas. Así que subiendo el bulto de 50 kilos de $ 90.000, que valía a finales de 2015, a $ 140.000 que se pagan hoy en día, los empresarios se estarían ganando $1.000.000 más en tonelada. En las 140.000 de un mes harían un excedente de 140 mil millones de pesos; por lo que, redondeando, con el alza de dos meses o con su distribución en unos pocos, y a costa de incrementar las penurias de las masas, recogerían la totalidad de la sanción. Sorprende que aún muchos consideren las baladronadas de Robledo, desmentidas tan en corto tiempo y tan rotundamente por los hechos, como el culmen de la sapiencia económica y política. De algo sirve la “presencia” en los medios con la que los potentados le retribuyen sus “patrióticos” afanes.

Capítulo aparte merece el cálculo con el que el presuntuoso senador utiliza a los pobres para cortejar a los ricos. Advertido sobre las suspicacias que despierta el que un líder de izquierda concentre su actividad en abanderar a unas castas poderosas y reaccionarias por tradición, decidió cubrir sus discursos con la hoja de parra de que lo que más lo mueve es su convicción de que lo que afecte a los Ardila Lulle, a los Caicedo, a los Eder, a los González, a los Iragorri, hunde aún más en la ruina a las 350 mil familias campesinas pobres y medias productoras de panela; digresión que busca enseriar con una pretendida teoría: panela y azúcar son bienes sustitutos. Pues, de ser así, en sana lógica, y solo en gracia de discusión, la consecuencia tendría que ser radicalmente contraria: la bancarrota de los ingenios redundaría en el crecimiento exponencial de las ventas de panela.

Todavía más nefasta que el torcido uso del campesinado ha sido la manipulación de núcleos importantes del obrerismo cañero para apuntalar a los amos. Para ello, Robledo ha recurrido hasta a los chantajes más viles que esgrime la patronal en procura de la sumisión de los desposeídos: “quienes más sufren cuando se cierra una empresa son quienes laboran en ella que pasan de asalariados a desempleados”, dice como cualquier gerentico yuppie de los de a trece por docena. Esgrimiendo esta arma innoble y orientando a Sintrainagro, filial de la CUT, y a los grupúsculos patronales supérstites de la CTC y la CGT, dedicados, entre otras actividades amarillas, a impulsar los contratos sindicales, el aspirante presidencial polista promueve con fervor, y con cargo a las cajas menores de los ingenios, que los descamisados se tomen las calles y grandes centros de convenciones no para agitar sus sentidos reclamos: contratación directa; salario digno; estabilidad, amenazada por el incontenible avance de la mecanización; respuesta a los agudos problemas de salud originados en las carga laboral y los accidentes de trabajo, sino para exigir que nadie les toque un pelo a los opresores. Mientras tanto, sus prohijados en el sindicalismo les aceptan a éstos la exigencia de que las negociaciones de los petitorios transcurran en silencio absoluto, sin que los inconformes proletarios osen perturbarlos siquiera con las consignas de un mitin o con la distribución de una octavilla.

Nada de eso. Todo ello estorba la magnánima empresa de los dueños de los emporios de “generar riqueza” sin la cual “ningún país puede construirse”. Y si alguien duda del altruismo de ese objetivo es porque sufre de miopía, concluye el senador moirista. En realidad quien padece de una ceguera incurable es él, a quien el afán de trepar no le permite ver que la causa principal de la pobreza que se abate sobre campos y ciudades del llamado valle geográfico del río Cauca, como en el resto de Colombia, es precisamente, junto con la opresión imperialista, el hartazgo de riqueza de las minorías oligárquícas, entre ellas, en lugar destacado, la plutocracia dueña de los ingenios azucareros.

Además, absolviéndolos del engaño con el que sofocaron, con la complicidad de la cúpula de la CUT, la rebeldía de los corteros cuando exigieron abolir las tristemente célebres cooperativas de trabajo asociado y que se les enganchara directamente y a término indefinido por los ingenios —a cambio de lo cual les impusieron un vínculo laboral con unas empresas fantasmas, es decir, el paso de un sistema de subcontratación a otro—, se la pasa ensalzando a los azucareros como paradigma de las relaciones obrero patronales y perorando especies como que “los empresarios vallecaucanos del azúcar hace algunos años dieron un paso importante al entender que la única manera de relacionarse civilizadamente con sus trabajadores es mediante las organizaciones sindicales.” Y si mucho, como para cumplirles también a los de abajo, llama a hacer un esfuerzo pedagógico, eso sí mostrando el debido respeto para con los señores para que entiendan que “sin el progreso de las gentes sencillas y un proyecto nacional tampoco puede construirse un país respetable”. Ahora bien, lo que le importa es el “proyecto nacional”, su sueño iluso de llegar a la presidencia en el 2018 en andas de todo un país subyugado por sus “originales” teorías de conciliación de clases.

Que quede claro. En estas páginas rechazamos las tropelías del régimen contra la producción interna. Nos oponemos a las importaciones de azúcar o etanol, pero rechazamos que esta posición de principios sirva para disimular las fronteras de clase y poner a obreros y campesinos a servir de furgón de cola de la oligarquía burgués terrateniente. Condenamos la proditoria teoría del “gran barco” que esgrime muy a menudo Robledo, para jurar que él ni su partido proponen “acabar con la propiedad privada” —toda, sin diferenciar entre pequeña y grande, monopolista, nacional o extranjera. Él no se pone con tantas sutilezas— y que también blandió en carta a la revista Semana en favor de los agremiados de Asocaña; artificio  según el cual en esa ilusoria nave “hay camarotes de diferentes categorías, con naturales diferencias entre sus pasajeros. Pero si se hunde el buque, como quieren algunos, se hundirán todos sus ocupantes.” No. A lo que en realidad se asemeja el país es a una enorme galera, como las que surcaban los mares en la antigüedad, y en la que las “naturales diferencias” consisten en que la inmensa mayoría de los que la ocupan son los desposeídos galeotes obligados a hacerla avanzar atados a los remos y bajo el látigo feroz de los esclavistas modernos, a quienes la “naturaleza” los ha dotado con la propiedad de la embarcación. Lo que les conviene a los galeotes de hoy es amotinarse y asumir el timón de la nave.