Salario mínimo

El pasado 20 de enero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el oráculo de Juan Manuel Santos, “desclasificó” el estudio OECD Reviews on labor Market and Social Policies: Colombia 2016 (Análisis de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales: Colombia 2016). El presente artículo versa sobre las reformas que el organismo exige en materia de salario mínimo y sistema pensional, para que luego de instaurarlas, junto con las tributarias, comerciales, financieras, de infraestructura, de salud, etcétera, etcétera, a manera de credenciales, se dignen incluirnos en el exclusivo club, de tan excelentes prácticas.

Las cifras recientes de desempeño económico les vienen como anillo al dedo a los adoradores de ese cenáculo para apresurarse a imponer sus “recomendaciones”. El DANE acaba de informar que el desempleo llegó en el primer mes del año a 11,9 %, un incremento de 1,1 % frente a enero de 2015, la más pronunciada alza para este periodo en los últimos seis años, y, lo que es peor, cuando al inicio del trimestre noviembre–enero la cifra era de 7,3 %, es decir, que la tasa de paro subió 63 % en ese breve lapso, a pesar de la normal animación de las nóminas en los servicios, el comercio, el turismo, la hotelería, debida a las festividades, que no contrarrestó la caída de la industria manufacturera, el transporte y la construcción, entre otros.

El ente estadístico también comunicó que la desocupación se agudizó en las 13 más grandes ciudades, en las que los desempleados pasaron de 1.390.000 a 1.680.000, siendo la capital una de las más afectadas. Además, la informalidad se afianzó pues entre noviembre y enero por cada empleo nuevo hubo dos por cuenta propia.

Algunos observadores destacan que esto coincida con un fuerte incremento de la inflación —la de enero fue de 1,29 %, el doble de la del mismo mes de 2015, registrándose para los alimentos un 3 %—,  pues con desempleo y baja demanda se esperaría que los precios no subieran o subieran poco. Pero el alza de estos se explica básicamente por la caída de la oferta dado el abatimiento de la economía nacional suplantada por la producción extranjera, como pasa con los alimentos y materias primas agrícolas, hoy mucho más caras a causa de la devaluación rampante.

Sin embargo, los pretendidos genios que reglan la economía dictaminan subir los intereses, arrumbar los salarios, disminuir las pensiones con lo que se debilitarán aún más las actividades productivas y la demanda y, por ende, la desocupación continuará en ascenso.

Decíamos que esto lo aprovechará la cúpula oficial para imponer las medidas que urgen los organismos multilaterales, en los que rige el interés de los monopolistas, porque tan magros resultados, fruto de aplicar a rajatabla sus propias políticas, se esgrimirán como prueba irrefutable de la necesidad de nuevos y mayores despojos.

Entonces, el mencionado informe, luego de alabar los dizque sobresalientes  resultados de la economía del país, primeramente sus sólidas ratas de empleo, mejores aún que el promedio de las de la OCDE,  y el que “el desempleo disminuye constantemente”, se adentra en los “profundos problemas estructurales” por resolver: el autoempleo expresado en que el 52 % de la población labora como independiente, mientras, por ejemplo, en México y Grecia, partícipes del club de marras, el guarismo es de 27 % y 39 %, respectivamente, y el promedio de la OCDE, 17 %; además de que  el 83 % de los independientes ejercen labores informales y el 93 % no está afiliado a la seguridad social. Por otra parte, la mayoría de quienes tienen empleos formales están enganchados a término fijo, y el 42 % no contribuye al sistema pensional. El PIB per cápita es apenas 34 % del promedio de la OCDE, por debajo también del de México y Turquía, los más rezagados del grupo; el coeficiente de Gini[1] es de 0,56, cuando la media en el citado círculo es de 0,3, y en Chile y México 0,47 y 0,50, respectivamente.

De lo expuesto, como por ensalmo, deduce que el quid de tamaños líos estructurales se ubica en “las diferencias entre regiones en los resultados del mercado laboral” y en la mala calidad de la educación. Para solucionar, lo que llama también “dualidad del mercado laboral”, advierte que hay que complementar los “avances” de la Ley de Formalización y Generación de Empleo de 2010 y de la reforma tributaria de 2012, que bajó los gravámenes a las sociedades y a la nómina (parafiscales) y redujo la informalidad laboral en 5 % en menos de 4 años.

Luego menciona las restantes barreras a la formalización del empleo: 1) las “distorsiones” causadas por los programas de seguridad social; 2) la débil “implementación” de la legislación laboral; 3) los enmarañados procedimientos de afiliación al seguro social; 4) el elevado salario mínimo; 5) el gran desequilibrio entre las habilidades requeridas en el “mercado laboral” y la calidad de la fuerza de trabajo disponible.

En cuanto al “elevado salario mínimo” señala que este se ha convertido en norma para buena parte de los asalariados formales y la mitad de los informales; que, en 2013, representaba el 96 % del salario promedio, muy por encima de cualquiera otro de los miembros de la OCDE y de la mayoría de las llamadas naciones emergentes, verbi gratia, 32 % en México; 68% en  Brasil y Chile; 69 % en Turquía. En consecuencia, muchos jóvenes y trabajadores no calificados no pueden acceder al dicho “mercado” dada su baja productividad. Y finaliza: “Un salario mínimo tan elevado también contribuye a la desigualdad salarial, y no reduce el índice de pobreza, ya que los hogares pobres no tienen acceso al empleo formal.”

Entonces, para que los menesterosos sean enlistados formalmente en el trabajo y se pueda reducir su número, la remuneración mínima debe “recuperar progresivamente su papel de piso” y dejar de ser la norma de facto para la paga del sector formal. Además, que sus ajustes dependan de un mayor “diálogo social”, de la negociación del salario neto, y que se acompasen con la inflación. Y, como punto clave, que se diferencie por regiones y se acompañe de todavía más políticas de reducción de la pobreza.

Se escandaliza de que aunque para fijarlo las normas exijan tener en cuenta la meta prevista de inflación, el crecimiento del PIB y de la productividad —el aumento de la producción respecto al número de trabajadores—, el mínimo haya crecido, entre 1998 y 2010, 25 % en término medio por encima de ésta.

Aduce, también, que es “particularmente oneroso” en las regiones más pobres y de bajos rendimientos y en donde prevalece la informalidad, ya que allí se ubica por encima del ingreso medio, como en las costas Pacífica y Atlántica, zonas en las que representó, respectivamente, 179 % y 131 %, del salario promedio regional.

También clama porque ha venido siendo usado como medida de lo que constituye un salario justo y porque su monto es la causa central de despido de jóvenes, mujeres y trabajadores poco calificados, cuya productividad es menor que su costo salarial, el cual es mucho más alto en Colombia que en otros países de América Latina en los que, por demás, no tiene incidencia o ella es mínima en el nivel total de empleo.

En fin, que solo “familias acomodadas”, “que se ubican en los percentiles 24 y 25 de distribución del ingreso per cápita” se benefician de sus incrementos. De remate, que afecta otras políticas  gubernamentales como la de jubilaciones, pues es responsable de su baja cobertura y del peligro de no acceder a ellas, por lo que casi la mitad de los ancianos languidecen bajo la línea de pobreza.

Visto tan aterrador panorama solo resta concluir que las siete plagas del apocalipsis fueron apenas una nimia diablura de Dios frente al crimen de lesa humanidad consistente en devengar, impunemente, la suma inaudita de $689.000 al mes, y eso sin incluir el nefando auxilio de transporte.

Pero, sucede que para acceder a la canasta familiar básica, esto es, al conjunto de artículos necesarios para vivir: alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros, en Colombia se requieren, según un estudio de 2015 de la firma consultora Kantar Worldpanel, $1.300.000, más de dos sueldos mínimos. Entonces, con el elevadísimo salario, que se ordena bajar a toda costa y el cual devengan el 36% de los trabajadores formales y la mitad de los subempleados tan solo se cubre  el 49 % de la canasta básica, lo que implica que las familias que dependen de él cuando tienen para los alimentos no hallan como pagar el techo y así sucesivamente.

Aún más, si como sostiene el estudio, dicho sueldo equivale al 96 % del promedio salarial del país, quiere decir que una parte enorme de los afortunados que tienen puesto no alcanza a suplir siquiera la mitad de sus necesidades primarias. Para completar, como el 80 % de todos los trabajadores formales de tiempo completo ganan menos de dos salarios mínimos y, de acuerdo con Fasecolda, estos eran a mediados de 2014 algo así como 7,5 millones de personas, el 32,5 % de la población económicamente activa, PEA; se colige que, por lo menos, 6 millones de empleados regulares apenas ganan para sobrevivir. Anotemos, de paso, que el mínimo tasado en dólares es de apenas USD 210, superado ampliamente por los de Panamá, USD 667; Costa Rica, USD 516; Argentina, USD 433; Ecuador, USD 354; Honduras, US$ 353, Uruguay, US$352.

La amenaza más grande y en la que la OCDE y sus recaderos del gobierno se jugarán a fondo es la de fijar el mínimo por regiones. De lo que se trata no es del sofisma de que este recupere su papel de “piso” sino de producir una baja general de los salarios. Qué otra cosa podría suceder si se monta en nuestras dos costas, agobiadas por la desocupación, el hambre y la miseria un mínimo, digamos, equivalente al 50 % del actual ingreso promedio, esto es, unos $360.000, sino que los magnates de aquí y de más allá de nuestras fronteras desplazarían instalaciones a ese nuevo Dorado en el que a más de las franquicias arancelarias y fiscales estatuidas y por estatuir podrían implantar —al borde del mercado mundial—  verdaderos talleres de sudor o, mejor, auténticas “casas de pique”  físico y moral de millones de proletarios.

La experiencia internacional de las últimas décadas confirma con creces lo anterior, pues ha sido pródiga en enseñar cómo el capital imperialista, impelido por la acrecida competencia, se esparce por todos los rincones del planeta tras la mano de obra barata y cómo ello le ha permitido abatir la paga y, en general, las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de las propias metrópolis. ¿O no fue ese el objetivo central del traslado de centenares de procesos industriales a las lóbregas maquilas de la frontera estadounidense con México y de todo Centroamérica? ¿O del desplazamiento de plantas de Europa Occidental a la franja oriental del Viejo Continente? ¿O del establecimiento de los campos de concentración fabriles en la costa oriental de China, en donde los magnates de las potencias —luego de que el socialismo también allí fuera traicionado por la cúpula gobernante— acuartelaron a millones de obreros a producir hasta el desmayo o incluso hasta la muerte, por 30 centavos de dólar la hora?

No sobra decir que el plan también abonaría la estrategia, no abandonada por los imperialistas gringos y de las otras naciones poderosas, de debilitar nuestra unidad nacional, como casi siempre lo procura en las neocolonias, azuzando conflictos étnicos y de toda clase, con el fin protervo de afincar su dominio.

Lo mismo puede decirse del proyecto de pagarles menos a las mujeres —y eso que la OCDE y sus congéneres del FMI y el BM llenan a diario afectadísimos mamotretos en favor de las “discriminaciones positivas” sobre todo en los asuntos de género— y a los jóvenes, a los que sacarán de la educación media, bañados de “competencias básicas”, directo a las plantas para que, con la diminuta paga, su “costo salarial” se corresponda con su productividad.

Ahora bien, el cónclave de las mejores prácticas no se para en pelillos para encontrar hasta el último resquicio que le facilite abaratar más el trabajo, de ahí que también urja modificaciones al sistema de compensación familiar, el cual les significa a los patrones el 4% del costo de la plantilla. Le parece que el canon que cancelan las Cajas “crea distorsiones alrededor del umbral superior”, jerigonza que se traduce en que como el subsidio familiar en dinero por los hijos menores o padres dependientes del trabajador se paga por la misma suma a quienes devengan entre uno y 4 salarios mínimos, pues hay que reducírsela a los que perciben más del mínimo. Además,  ordena “racionalizar” los servicios educativos, de recreación y cultura que aún prestan esas entidades, para que sean cubiertos por partidas del presupuesto, y suprimir “gradualmente” la contribución a las Cajas. Medida concordante con las de la reforma tributaria de 2012, harto halagada por el ente multilateral, cuyo uno de sus ejes fue el de arrasar los parafiscales destinados a Bienestar Familiar, al SENA, y el aporte patronal para salud, en total un 13,5 % de la nómina, lo cual, con base en los mismos cálculos de trabajadores formales hechos por Fasecolda, y solo teniendo en cuenta las que se denominan grandes empresas, les han significado ahorros a los capitalistas por más de 20 billones de pesos, alrededor de 70 % del déficit fiscal que el Ministro de Hacienda y su Comisión de Expertos se disponen a enjugar con más gravámenes a los ingresos salariales y al consumo de las clases pobres y medias.

Tampoco podía faltar el asalto a la jubilación. Y claro, las “preocupaciones”, al grupo multinacional, le acuden en tropel: la baja cobertura del sistema, pues solo 35 % de la población en edad de retiro se pensiona, en tanto que el promedio del club es de 90 %; una tasa neta de reemplazo —proporción de la mesada frente al último salario— de 74 %, nivel muy alto, ya que para sostenerlo se requeriría que la tasa de retorno anual —las ganancias de los financistas— en el sector privado fuera igual a 6 %; un sistema público que precisamente debido a la elevada tasas de reemplazo y a la barrera impuesta por el mínimo legal otorga mucho más de lo que los ahorros individuales podrían financiar y se subsidia por el presupuesto general de la nación a un costo que, en 2011, respondió por el 44 % del gasto público pensional y que genera ineficiencias administrativas, altos costos operativos e inequidades; la inexistencia de un esquema reducido para los que han cotizado menos de las 1.300 semanas; la injusticia de sobrellevar una carga presupuestal para sostener unos hogares ubicados en el quintil más alto y que se apropian del 86 % del gasto pensional, mientras menos de 6 % del mismo va a hogares en situación de pobreza; la incidencia del sistema sobre el índice Gini en 1,63 puntos…

Diversos estudios han demostrado, entre ellos el del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, que de los pensionados del régimen de prima media, más o menos 1,2 millones personas, el 60 % perciben una mesada inferior a dos salarios mínimos —y ya dijimos para qué alcanza esta suma—, inclusive en muchos casos puede ser inferior a éste si se tiene en cuenta que de ella debe pagarse la totalidad de la cotización para salud (12 %) y que no se cobran las  prestaciones legales que obtienen quienes aún se encuentran laborando.

Las propuestas para hacer el régimen “más equitativo y sostenible” y ponerle coto a tanta práctica injusta, las vienen meneando Santos y Asofondos desde el inicio de su mandato. Enumeremos nada más en qué consisten la alteraciones propuestas y que, a propósito, Luis Eduardo Garzón viene preparando muy activamente, por lo que ya anunció que se propone citar el circo conocido como Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para mediados del mes de marzo, con el fin de empezar a abrirle camino a la iniciativa: eliminar la competencia entre los dos sistemas acabando el público de prima media con prestación definida; ponerles tributos a las mesadas, que hoy están exentas, al igual que a los aportes y los retornos de las inversiones financieras, es decir, gravar la parte de los rendimientos con la que no se queden los caimacanes de los Fondos privados. “Flexibilizar” las normas que impiden que la pensión más baja pueda ser inferior al salario mínimo legal. Igualar requisitos entre hombres y mujeres con el argumento inverosímil de que obligándolas a esperar un lustro más se ayudaría a que muchas más se jubilen; aumentar “gradualmente” la edad en la medida en que crece la expectativa de vida. Por último, generalizar los llamados Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, unas supuestas pensiones que ya están en marcha, para “aumentar la cobertura” y la equidad mediante pagos de máximo $200.000, como las miserias de Familias en Acción, otro rubro a cargo del Presupuesto General de la Nación con tal de que los tiburones financieros del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, o del Grupo Aval sigan amasando fortuna con las platas de las pensiones y las cesantías —sin la antiética obligación de hacerse cargo de los emolumentos correspondientes— pues éstas deben también reformarse creando unas cuentas de ahorro “voluntarias” que eviten el “riesgo moral del seguro tradicional de desempleo”, y limitando las opciones de retirar los fondos por razones distintas a la desocupación, por ejemplo, para vivienda o estudios, como sucede en la actualidad.

Empero, como el documento se explaya a lo largo de sus más de 200 páginas en la usual palabrería sobre la superación de la pobreza y en la descripción de las manidas prácticas del gobierno y los patrones en torno al enganche de los trabajadores y en contra de los derechos de asociación y de negociación colectiva, ya han aparecido los que, agarrando la forma por el fondo, como los dones de la Escuela Nacional Sindical, se han dedicado a aplaudir a manu servi las “recomendaciones” del ente multinacional:

Pero mientras las discusiones en el país han girado alrededor de los pros y contras de lo que sugiere la OCDE en estas dos materias [salario mínimo y pensiones], poco se ha dicho sobre las muchas recomendaciones y propuestas hechas en otros temas tan importantes para las relaciones de trabajo en el país. Sobre todo sí (sic) enfocamos la discusión en cómo se pueden mejorar las protecciones y garantías de los derechos laborales de los más de 21 millones de trabajadores colombianos.

Algunas de las sugerencias hechas al gobierno colombiano mejorarían positivamente las condiciones laborales del 64% de trabajadores que carece de trabajo decente en el país, cambiando además las condiciones de pobreza y la desigualdad.

Se necesita ser demasiado intonso, o asaz artero, para endosar que el mismo ente que exige perentoriamente arrasar con los salarios, las pensiones y toda clase de garantía legal y extralegal obtenida por los descamisados de Colombia en más de una centuria de abnegadas batallas, a su vez se vaya a hacer cargo de acabar con la subcontratación y los pactos colectivos y a entibar los sindicatos, la negociación colectiva y hasta la huelga, quitándole las limitaciones hoy existentes, éstas últimas, herramientas por excelencia del proletariado para su lucha económica contra el capital, es decir, su palanca para vender en mejores condiciones la fuerza de trabajo.

Los proletarios con su lucha de clases se encargarán de demostrarles a los imperialistas y a sus espoliques de todos los pelajes que no permitirán que les arrebaten ni con despotismo ni con fingimientos sus derechos. Este sí que se contará entre los más gloriosos pleitos de los que vendrá preñado el posconflicto.



[1]
En términos generales el índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 1 representa una inequidad perfecta. De acuerdo con esto, cuanto más el índice se acerque a 1 la sociedad en estudio será mucho más desigual.