Pobreza

A lo largo de más de cinco años, Juan Manuel Santos ha venido haciendo las afirmaciones más encomiásticas sobre su gestión. Apoyándose en equívocos análisis del Banco Mundial,  proclama que Colombia ha dejado de ser un país pobre y ahora pertenece al grupo de las naciones de ingreso medio alto y que pronto alcanzará el estatus de sociedad industrializada, objetivo cuyo cumplimiento será reconocido, gracias a su habilísima gestión, con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Alardea de que este país crece a tasas superiores a las de los pares de la región y que su política social ha rendido jugosos frutos. Tan estupendas ejecutorias serían resultado de la tercera vía, que, según él, se diferencia drásticamente de la concepción neoliberal.

 

Palabras y expresiones  tan  evocadoras como paz, post conflicto, vías de 4a generación, urna de cristal, Colombia la más educada sugieren que estamos entrando en una era radicalmente distinta, en un país de ensoñación. No hay duda de que las realidades y los verdaderos propósitos se encubren con lemas cuyo efectismo supera incluso a algunas de las más elaboradas campañas comerciales.

Sin embargo, el panorama económico y social dista mucho del que con tan alegres colores nos pintan las fuentes oficiales. Tanto el hoy ocupante de la Casa de Nariño como el jefe del opositor Centro Democrático han adoptado el mismo dogma económico, adornándolo con diversas consignas, atraer el capital extranjero mediante toda clase de complacencias. Tal inveterada orientación ha determinado que los renglones económicos  objeto de atención estatal sean aquellos apetecidos por los grandes consorcios internacionales o por algunos de los magnates colombianos; mientras que los sectores vitales para el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo languidecen a causa de la falta de apoyo interno y de la envestida de los bien financiados competidores foráneos.

Es así que en las últimas décadas vimos cómo la suerte de la nación se unció al desenvolvimiento de la minería y de los hidrocarburos, que disfrutaban precios en alza en el mercado mundial. La locomotora minera jalonaría los vagones de las demás actividades, llevando el tren de la economía colombiana, velozmente, a la última estación del progreso y el bienestar. En esencia, se presentó la vieja política colonial como si fuera la más reciente innovación del siglo XXI. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, lo expresó así: “No tengo duda de que este sector minero-energético es la mejor oportunidad que tiene Colombia para avanzar hacia el desarrollo, tenemos que aprovechar esa oportunidad.”  En efecto, la inversión extranjera fluyó hacia Colombia: mientras que en el año 2000 ingresaron US$ 2.436 millones en 2013 lo hicieron US$ 16772 millones, es decir, que se multiplicó por siete, montos destinados primordialmente a petróleo y minería. Las consecuencias están a la vista: la moneda se revaluó y el agro y la industria se abatieron y la producción interna fue reemplazada por las importaciones.

Al caer los precios internacionales de los hidrocarburos y de otros rendimientos del subsuelo, el crecimiento del producto interno bruto se estancó, al punto de que los cálculos más optimistas pronostican un lánguido crecimiento del 3% del PIB en el presente año. El desempleo comenzó a subir, incluso en las cifras oficiales, aproximándose al 10%, mientras que el subempleo y la informalidad se mantienen en tasas de 40% y 48.4%, respectivamente. Vale la pena anotar que si la ocupación formal parece haber crecido se debe a que las reformar laborales y de seguridad social han rebajado de tal manera los estándares que los han aproximado a aquellos propios de la informalidad. La inflación se disparó hasta acercarse al 7%, varios puntos porcentuales por encima de la meta del Banco de la República, y los precios de los alimentos subieron más del diez por ciento. El peso perdió desde agosto de 2014 el 75% de su valor frente a la divisa estadounidense, siendo una de las tres monedas más depreciadas. No sólo con las miserias del peso se ha singularizado nuestro país, sino que también lo ha hecho porque la Bolsa de Valores de Colombia ha sido la cuarta de peor desempeño en el mundo. De manera que sí estamos logrando algunas distinciones globales, aunque no sean aquellas que con lenguaje hiperbólico menciona Santos. Si bien no somos los más educados, sí figuramos entre los más estropeados.

La desvalorización del peso ha encarecido aún más el costo de vida y envilecido los salarios. Los ahorros pensionales sufren descalabros por la baja de la cotización de las acciones, y los pequeños y medianos accionistas están al borde de la quiebra. Los grandes capitalistas nacionales prefieren sacar sus recursos del país e invertir en el extranjero: la política de la confianza inversionista ha terminado, por lo pronto, en una fuga de capitales.
A pesar de la pavorosa depreciación del peso, que abarata los productos colombianos en los mercados foráneos, las ventas externas de Colombia cayeron en 2015 en más de 35%, pues las exportaciones a Estados Unidos, China, India, España y Panamá, entre otros, mermaron. Los gobernantes han venido asegurando que los tratados de libre comercio le permitirían a Colombia desarrollar una vigorosa economía exportadora, esto ha resultado ser otra falsedad.  Como el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanza el 7% del PIB, la cartilla de la economía dicta que para superarlo  habría que acudir a la devaluación, pero  Colombia sufre ya una muy drástica que se combina con un creciente déficit. Por supuesto, las reservas internacionales se reducen.

El efecto es aún más gravoso sobre la deuda externa. A septiembre de 2015 el saldo llegó a un monto equivalente al 37,1 % del PIB, 10,3% más que en diciembre de 2014. El 92% de este incremento se explica por el menor valor que el PIB tiene en dólares y el resto porque la deuda pasó, en el mismo periodo, de 101 mil millones de dólares a más de 109 mil millones. Colombia está cada vez más hipotecada y el servicio de la deuda, que ya en el 2015 fue de 47 billones de pesos, se agigantará.  

Las empresas como Ecopetrol, la ETB y la de Energía de Bogotá, entre muchas otras, pierden valor en las bolsas y su deuda en moneda extranjera las agobia, lo cual implicará nuevas alzas en las tarifas de los servicios y renovados esfuerzos de los gobernantes por feriar la participación accionaria estatal que hay en ellas.

Vistos los desastres que está causando la declinante cotización del peso no deja de sorprender que Mauricio Cárdenas, ese tonto niño genio del kindergarten de César Gaviria, diga que  “Necesitamos un dólar a 3.000 pesos para encontrar ese liderazgo en esta carrera de relevos y tener una década de éxitos.”

La solución que ofrecen los burócratas al mando consiste en sofocar aún más la economía interna. Ya el Banco de la República ha empezado a subir las tasas de interés dizque para controlar la inflación con lo que hará más costoso producir. Los tributos  han venido aumentando y en 2015 alcanzaron  la cifra de 116 billones de pesos, un salto de 8% con respecto al guarismo de 2014, principalmente proveniente de los impuestos internos. Sobre las gentes y sobre las actividades productivas pesa una onerosa carga mientras que a los monopolistas nacionales y extranjeros se les reducen los gravámenes. Esta situación empeorará puesto que la caída de los precios del petróleo significa un desmedro billonario de los ingresos del Estado en tanto que la deuda, pública y privada, se incrementa.

Ante semejante crisis, Santos y su gabinete se disponen  a colmar con liberalidades a los multimillonarios nacionales y extranjeros y a administrar otra dosis de austeridad a los trabajadores y gentes humildes. El incremento nominal del salario mínimo fue inferior a la  tasa de inflación y como aperitivo del postconflicto se servirá una reforma tributaria que gravará a los asalariados que devenguen desde un millón y medio de pesos, se incrementará el IVA del 16% al 19% y muchos productos de la canasta que hoy están exentos pagarán por lo menos un 5%. Por otra parte, habrá nuevas rebajas en los impuestos al capital, se habla incluso de eliminarle los de renta y el CREE. Se recrudecerá, entonces, la guerra que la clase de los potentados mantiene contra la de los desposeídos.

La moraleja es clara: la suerte de 48 millones de colombianos no puede seguirse dejando a merced de los vaivenes del mercado; es decir, de los caprichos de los linces mundiales de las finanzas y de los apetitos de las multinacionales, a quienes con tanta obsecuencia les sirven Santos y sus congéneres. La nación debe tener una voluntad, unos propósitos, un plan, que no pueden consistir en nada distinto que el logro de su bienestar y progreso. Y ha de contar con los instrumentos para alcanzar tales metas: empresas e instituciones sólidas y soberanas.