Una despótica medida del  todopoderoso procurador, Alejandro Ordoñez, acaba de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tamaña arbitrariedad pretende castigar la decisión tomada el año pasado por el burgomaestre de quitarles a los operadores privados una parte del negocio de la recolección de basuras y entregársela a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB; reconocerles una compensación económica al trabajo que realizan 14.000 familias de recicladores, y con todo ello cumplir con su promesa de campaña de rebajar las tarifas del servicio. Aunque no se trató de un regreso al monopolio estatal, haberse apartado, así fuera levemente, del libreto de los mandamases del capital provocó un estallido de ira en esos círculos, los cuales orquestaron una virulenta campaña de los medios de comunicación contra el gobierno de la Bogotá Humana, cruzada que culmina con la sentencia del inquisidor Ordoñez.

Desde cuando Petro anunció esas reformas toda la institucionalidad burguesa cerró filas para clamar que estaba atentando contra la “libre competencia”, argumento central en el fallo de la Procuraduría. Toda esta alharaca no es más que una pantomima, pues en el del manejo de los desechos, como en cualquier otro negocio, la “libre competencia” no es más que la libertad de un puñado de consorcios para repartirse rentas millonarias e imponerle sus condiciones al conjunto de la sociedad. Para los capitalistas esto es lo único admisible, así la ley no prohíba la prestación de los servicios públicos por el Estado.

La medida contra el Alcalde de Bogotá ha puesto al desnudo la antidemocracia del régimen imperante, el surgido de la Carta de 1991, de donde emanan los poderes para castigar y para absolver, de los que se encuentra investido el Procurador y que han sido revelados en todo su alcance por Ordoñez, un personaje ultramontano que no ha tenido reparo alguno para repartir mandobles a sus adversarios o para cubrir con su manto protector a sus conmilitones y correligionarios. Recuérdese que a Samuel Moreno, alcalde del Polo Democrático, apenas lo separó del puesto por 12 meses, siendo que éste y los uribistas de todo pelaje amigos del Procurador, se aliaron en lo que se conoce como el carrusel de la contratación, uno de los más grandes saqueos al erario de los que se tenga historia en el país.

Así, los hechos se han encargado de mostrar cuan descaminada se halla la llamada izquierda que, queriendo apartarse del marxismo, se hace ilusiones en la posibilidad de transformar la sociedad mediante remiendos al régimen existente. El propio Alcalde, propulsor entusiasta de esta tesis, la ha llevado al extremo, no solamente erigiéndose en propagandista de la Constitución mediante la cual se instauró el neoliberalismo, sino que votó junto con Antonio Navarro, en Cámara y Senado, respectivamente, por La Ley 734 de 2002, conocida como Código Disciplinario Único, y para completar ayudó a ungir con su voto a quien haciendo uso de tales engendros determinó destituirlo.

El golpe propinado a quien ostenta el segundo cargo de elección más importante de la República ha suscitado variadas reacciones entre las fuerzas oligárquicas, comenzando por aquellas  que lo han recibido alborozadas, hasta quienes expresan sus temores por su propio futuro frente a la existencia de tal concentración de poder en un solo individuo.

De otra parte, dentro de vastos  sectores del pueblo se ha despertado una justa indignación contra el desafuero que se ha expresado en grandes protestas en las calles y en las plazas públicas en Bogotá y en otras ciudades. Notas Obreras une su voz a la de quienes rechazan esta medida tiránica y exigen que al Alcalde Petro y a sus electores se les  respeten sus derechos.  Igualmente continuaremos batallando por una nueva democracia en la que los servicios esenciales para el bienestar del pueblo sean monopolios del Estado.