Por Alejandro Torres

dussan_moreno_robledo_thumbEn una breve aparición en la Asamblea de Accionistas de la ETB, efectuada el pasado 22 de marzo, el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, anunció que someterá próximamente al Concejo de la ciudad un proyecto de acuerdo para entregarle el control de la empresa al capital privado. La secretaria de Hacienda del Distrito, Beatriz Arbeláez, concretó ante diferentes medios el alcance de la decisión: “La mejor alternativa en estos momentos, con el fin de maximizar el retorno para el accionista mayoritario y para los accionistas minoritarios es la enajenación” (Ver). “La idea es someter a consideración la venta de por lo menos las acciones necesarias que permitan transferir el control de la sociedad, es decir los derechos económicos, que le permitan al inversionista que considere la posibilidad de invertir en la ETB (…) Entonces, la idea es ceder el control, por lo tanto tenemos que someter a consideración la cesión o la venta mínimo del 50 por ciento más una acción" (Ver). Moreno cumplía así la decisión tomada unánimemente el 14 de diciembre del año pasado por la Junta Directiva, en la cual el Distrito tiene la mayoría absoluta.

Notas Obreras se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre esta privatización auspiciada por la Administración del Polo Democrático (abril de 2009, julio de 2009, febrero de 2011). No obstante, la magnitud de lo que está en juego nos obliga a rememorar algunas cosas. Se trata de feriar la principal compañía pública de telecomunicaciones de Colombia. Una firma con activos cercanos a los 5 billones de pesos, que por muchos años ha figurado entre las más grandes del país por ingresos operacionales y utilidades; que cuenta con el 20% del total de abonados a Internet; que posee una plataforma tecnológica sobre la cual se pueden implantar los novísimos avances de las comunicaciones; que es una fuente fundamental de ingresos para Bogotá: en los últimos 10 años ha obtenido ganancias netas de 1,5 billones de pesos; que entre los años 2008 y 2009 registró utilidades de más de 400.000 millones de pesos, superiores en un 33% a las de EPM Telecomunicaciones, la única de su ramo con la que pude compararse; y aunque en 2010 estas bajaron ello se debió principalmente a un programa de gastos que incluyó un plan de retiro de trabajadores antiguos que le costó 113 mil millones de pesos. Todo esto, a pesar de que por una política deliberada de las Administraciones continuistas del Polo y de las juntas directivas elegidas por ellas, ha venido siendo minada desde dentro, marginándola de los negocios con mejores perspectivas, confinándola a los más arcaicos y menos rentables, boicoteando sus servicios y especulando con su acción en la bolsa, con el fin proditorio de justificar su puesta en almoneda, eventualidad frente a la que se relamen monopolios como Telmex o Telefónica.

Es, pues, un asunto de altísima monta, de evidente interés nacional, se pretende la subasta al capital foráneo de un bien construido por varias generaciones de colombianos en un sector estratégico de la economía que, como los demás que han caído o están en la mira del capital monopolista internacional (Ecopetrol, Telecom, EEB, ISA, Isagén) son palancas de desarrollo de otras ramas productivas, y cuya propiedad en manos del Estado posibilita acercar al progreso a los sectores sociales marginados y a las regiones más apartadas. La privatización de estos patrimonios ha sido piedra de toque, desde cuando se inició la llamada apertura, hace ya más de 20 años, para distinguir entre las fuerzas reaccionarias y las progresistas, entre los entibadores de la recolonización imperialista y los defensores de la soberanía nacional y el progreso, que se oponen a ella.

Empero, tal crimen lo está cometiendo la izquierda empotrada en el poder en Bogotá, en medio de vivezas y montando una comedia en la que los relumbrones de la agrupación de marras procuran opinar lo menos posible o, cuando se ven obligados a ello, lo hacen entre bisbiseos, o a través de personajes secundarios, procurando quedar bien con Dios y con el diablo.

Es el caso del senador Robledo, tan celebrado por tirios y troyanos, el docto catedrático, el corifeo de la “oposición democrática”, el crítico de los que “separan su suerte personal de la de la nación”, según su acostumbrada muletilla, quien frente a esta enormidad se limita a rubricar los opacos comunicados del comité ejecutivo del Polo, redactados como para salvar la cara y que si acaso se publican como noticia secundaria en las páginas de Internet de ese Partido.

Robledo montó una puesta en escena de dos actos simultáneos. Él, hace la vista gorda; es decir, se convierte en el mayor alcahuete del Alcalde Mayor. Entretanto, su escudero y candidato al Concejo, Aurelio Suárez, se mueve entre los sindicatos rasgándose las vestiduras (ver entrevista en el programa El agente cívico, de Sintraemsdes, y artículo en página web del MOIR). Parlotea sobre la voracidad insaciable de quienes se quieren adueñar de la empresa; de que no se está hablando de cualquier privatización, de emprender una gran cruzada anti privatizadora y un debate público para desenmascarar el raponazo, de defender la joya de la corona; de que Bogotá, los sindicatos, la dirección nacional y regional de la CUT deben ponerse en pie; de que quien se alce con la empresa obtendrá una posición dominante y elevará las tarifas. Pero al final, la emprende no contra su copartidario, como sería su deber, sino contra los señores de la junta directiva y el presidente de la empresa, a quienes acusa de poner contra la pared al burgomaestre, de atentar contra la ética al querer forzarlo a tomar esa medida y llama a levantarse contra aquellos, y recogiéndoles el guante les dice: ¡Que renuncien! Y sí, los caimacanes de la gran burguesía que el Alcalde había nombrado dimitieron. Entonces, éste, ni corto ni perezoso, ya desprendido de sus acosadores… ordenó la feria de la compañía y remozó el directorio con personajes, si bien con menores títulos que sus antecesores, sí con el mismo compromiso de llevarla a cabo.

Doña Clara López, presidenta de la agrupación, en la noche del 28 de marzo, en el programa Claramente de RCN, señaló que este era uno de los desacuerdos entre la dirección del PDA y el alcalde. Uno más, entre otros que, dijo, no se pondría a enumerar. Ahora nos van a salir conque puntos tan neurálgicos se pueden reducir a una sana controversia, a una desavenencia que se repara acudiendo al "pluralismo" y a la " crítica constructiva"; o que es una equivocación que no empaña tanto "logro social". Los dilapidadores de los haberes públicos de las últimas décadas, desde Gaviria hasta Santos, invariablemente buscan ocultar su perfidia tras supuestas “rentabilidades” sociales. Los sectores democráticos, también sin falta, los han puesto en la picota como traidores a la patria y les han enrostrado que las larguezas con los magnates siempre resultan en mayores miserias para las masas.

Con idéntica posición han actuado las mayorías polistas en el movimiento obrero. Durante los días 17 y 18 de marzo pasados sesionó la Junta Nacional de la CUT. Aunque en ese evento ya se conocía la decisión del 14 de diciembre, y directivos y ex directivos de Sintrateléfonos venían advirtiendo sobre lo que se fraguaba, el plenario sindical no hizo una sola mención en ninguno de sus documentos al respecto y tampoco se trazó una sola tarea para combatir la determinación. Más todavía, dentro de la convocatoria del Comité Ejecutivo de la Central para la jornada del 7 de abril, emitida luego de la Asamblea de la ETB, no se llama, ni de sesgo, a enfrentar el remate del activo distrital. Para ser justos, tampoco hay ninguna referencia a la nueva embestida decretada por Santos contra Ecopetrol. Ésta se menciona en el punto 4° del Plan de Acción en los siguientes términos claudicantes: “Desarrollar denuncias con las organizaciones en contra de las privatizaciones de Ecopetrol, Salud, Electrificadoras, Sena, ICBF, etc.” Es sintomático, que en la Declaración Política de la citada Junta, se aluda estos desmanes de manera bastante deslucida: “Rechazamos (…) las políticas de privatización que al final conducen a traficar con los más elementales derechos sociales.” Para completar, la frase hace parte de un párrafo que se inicia de la siguiente forma: “La CUT da buen recibo (sic.) a la concreción de la aplicación de justicia y la persecución a todas las manifestaciones de corrupción, siempre que se respete el debido proceso.” He ahí el meollo, el enfoque leguleyo que ha adoptado Jorge Robledo para sustraerse del debate político sobre la escandalosa corrupción que vive Bogotá bajo la Administración de sus patrocinados hermanos Moreno. Lo peor, es que la máxima instancia sindical, en vez de fulminar el saqueo del erario por los politiqueros de todos los pelambres, se ocupe de impetrar garantías para Arias y Nules, Morenos y Gómez, derechos que a diario se les niegan a las gentes del común y a los luchadores populares.

Paradójicamente en la Colombia de hoy las vertientes progresistas y patrióticas enfrentan retos singulares por la aplicación de un paquete de medidas del gobierno santista destinadas a aherrojar más al país al dominio imperialista y llenar las arcas de los magnates, con lo que se hundirá a la nación y al pueblo en una crisis sin antecedentes. Para sólo mencionar unas pocas: el Plan de Desarrollo, el ahondamiento de las medidas de liberalización económica, las facultades para reformar la administración pública, la enmienda laboral ya aprobada y la anunciada a las pensiones, los cambios en la judicatura, la privatización de Ecopetrol, la regresiva reforma de la educación universitaria, a más del alza inclemente de los precios de la canasta básica, el desempleo, el envilecimiento de los servicios de salud y la educación, bajo la coyunda de las normas sobre “sostenibilidad” fiscal.

Surgen entonces algunos interrogantes inevitables. ¿Pueden los operarios e ingenieros de la ETB, los directivos y las bases de Sintrateléfonos aceptar como su portavoz a quien no se atreve siquiera a señalar sin artilugios al principal artífice de una decisión tan antinacional? ¿Se derrotará la nueva intentona en Ecopetrol, con esta misma dirección política? ¿Podrán los obreros y los campesinos pobres, las capas medias de la población, los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, los estudiantes e intelectuales democráticos, librar ventajosamente la lucha por sus sentidas reivindicaciones guiados por una jefatura que pregona su aspiración a “ser gobierno” y cuando lo alcanza procede con la misma felonía con la que han actuado los antiguos y nuevos partidos a oligárquicos? ¿El mayor elector del Polo no está acaso desligando su suerte personal de la de la nación?

Lástima grande que la dirección del MOIR, el partido de mayor ascendiente en la agrupación amarilla, la cual, en abril de 1992, diera sin vacilar a su militancia y a sus seguidores la orden de paralizar las telecomunicaciones para impedir la privatización de Telecom, batalla coronada con la victoria, haya caído en manos de un personaje que supedita la pelea por los caros intereses del país y las masas a sus insaciables apetitos electoreros.

Presentamos estas consideraciones ante los asalariados y el sindicato de la ETB, que tanto han batallado en defensa de la empresa, y nos atrevemos a recomendarles repasar la orientación cada vez más vigente de uno de los maestros del proletariado, Lenin: “La lucha contra el imperialismo es una frase vacía y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo.”[1] Si lo piensan bien, de esto depende en buena parte que puedan derrotar la privatización.

 


[1] V.I. Lenin. El imperialismo fase superior del capitalismo. Obras completas, Tomo XXVII, Editorial Progreso, Moscú, 1985. pág. 446.