Por Alejandro Torres

El pasado 14 de diciembre la junta directiva de la ETB decidió “recomendarle” al Distrito Capital la venta de la totalidad de la empresa. En un lacónico comunicado dirigido a la Superintendencia Financiera quedó contenida la determinación:

La Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB S.A. ESP, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy 14 de diciembre de 2010, por decisión unánime de sus miembros:

a) Aprobó el Plan Estratégico Corporativo Ciclo 2011-2012, cuyo propósito fundamental es preservar el valor de la Compañía.

b) Aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos y el Flujo de Caja para el año 2011, que muestran un nivel de utilidad acorde con las tendencias del mercado y evidencian la capacidad de la Compañía para cumplir con todos sus compromisos.

c) Analizó las tendencias de mediano plazo de la Empresa, las cuales muestran que a la luz de las condiciones competitivas en el mercado, ETB no está en capacidad de generar los fondos internos necesarios para acrecentar su valor futuro.

Ante este último hecho y ante las prioridades que Bogotá D.C. tiene para asignar recursos al gasto social, los miembros de la Junta Directiva recomendaron al Distrito Capital, accionista mayoritario, la venta de las acciones que tiene en ETB e iniciar las gestiones pertinentes para ello”. (Todos los resaltados de Notas Obreras.).

En concreto: la junta de la ETB presidida por Samuel Moreno y en la que él representa más del 88% de las acciones, le encomendó al Distrito Capital, regido por Samuel Moreno, que subaste la firma; a tono con los tiempos que corren aleccionó sobre que la decisión se tomaba en aras de “lo social”. Vale aclarar que la dicha junta directiva está compuesta por siete directores de los cuales seis son nombrados por el alcalde de Bogotá, uno de estos escogido de terna que nominan los accionistas minoritarios, es decir, los fondos de pensiones, quienes a su vez escogen el séptimo integrante. Es claro, entonces, que la responsabilidad de tal decisión recae exclusivamente sobre los hombros del alcalde del Polo Democrático, el cual se ha mantenido mudo y delegó la vocería en el secretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano, quien, el 15 de diciembre, mostrando el acuerdo de la Administración con la medida, declaró a los medios de comunicación: “No significa que la compañía se va a feriar o regalar. Eso no va a suceder, porque la empresa tiene valor y el Distrito va a manejar ese proceso con seriedad y responsabilidad".

El atentado contra este patrimonio estatal fue calculado con todos los detalles. Garzón y Moreno llevaron al directorio a personajes de la crema y nata del neoliberalismo quienes, obviamente, se convirtieron en la quinta columna de las transnacionales que codician el valiosísimo activo, pero lo quieren a precio de ocasión. Esta fue la causa de que aquellas ni si quiera se interesaran en el proceso privatizador, iniciado en 2009, a través del más engorroso sistema de capitalización, también aprobado por la Alcaldía polista. (En sendos artículos de Notas Obreras de abril y julio de 2009 recabamos en la importancia de la ETB y en la pérfida actitud de la dirigencia del PDA). En su labor de zapa la junta, entre otras maniobras, mantuvo a la compañía prestando principalmente los servicios de telefonía local fija y de larga distancia nacional, los que representan más del 75% de sus ingresos; estas áreas, aunque todavía tienen innegable importancia, significan un porcentaje cada vez menor de los ingresos totales de las comunicaciones —en el caso colombiano, sólo en 2009, redujeron su participación en 13% y 20% respectivamente—. En telefonía celular, que hoy responde por el 37% de los ingresos del sector, los eficientísimos miembros de la junta directiva de la telefónica distrital, reputados banqueros, conspicuos presidentes de grandes consorcios, ex ministros de Estado, ex codirectores del Banco Central, todos tan calificados y sapientes y tan bien pagados, la despojaron, aliados con Álvaro Uribe, de OLA, firma construida conjuntamente con Empresas Públicas de Medellín, EPM, cuyo control le traspasaron a la multinacional luxemburguesa Millicom International, todo con la anuencia y el voto de la “oposición democrática”. En los llamados servicios de valor agregado, que significan el 23% de los ingresos del ramo, en los que la compañía fuera líder, han ido permitiendo que sea desplazada, mediante el expediente de postergar decisiones claves como la de “empaquetar” varios sistemas, básicamente telefonía fija, televisión e internet, por lo que, aunque en éste último renglón aún representa el 20% de las conexiones del país, su crecimiento es más lento y a mayores costos que el de las compañías foráneas que le compiten. La confabulación se completa con triquiñuelas montadas desde dentro tendientes a producir deficiencias del servicio para así desacreditarla entre los usuarios; y operaciones bursátiles que hacen caer el valor de la acción y siembran la idea de que “regalada es cara”.

Cínicamente, los figurones del Polo, peritos en astucias, los López y los Gaviria, los Robledo y los Caicedo, los sedicentes radicales, construyeron un tinglado con el fin de engañar al pueblo y embaucar a sus seguidores, en especial a las bases de Sintrateléfonos, sindicato de la entidad; trama retorcida que se sintetiza en lo siguiente: Samuel, a la chita callando, comete la felonía, mientras sus conmilitones del Comité Ejecutivo Nacional, “consecuentes con su Ideario de Unidad”, se declaran opuestos a la misma y se cuidan de cargársela a los otros neoliberales de la junta “encabezados por Jorge Humberto Botero, quien entregara al país en las negociaciones del TLC con Estados Unidos y que proviene de la nómina del Banco Mundial”, como lo dicen a todo timbal en una declaración expedida el 14 de febrero último; y quien —¡para qué confesarlo!— fuera llevado al puesto por el burgomaestre amarillo. Por su lado, en las reuniones de la cúpula sindical polista, agrupada en el Comité Ejecutivo de la CUT, a las que se invita con frecuencia a los líderes del ala política, como en la efectuada el 7 de febrero anterior, que se honró con la presencia de la presidenta de la “izquierda democrática”, doña Clara López, y de distintas organizaciones sindicales, no hubo ni siquiera una mención al tema, y eso que dizque allí se trataba de preparar la “gran movilización nacional” contra el otro nefasto remate en cierne, el de Ecopetrol. ¡Vaya manera de entender aunque sea la elemental importancia que tiene la unidad de acción de la clase obrera! Claro que por esos lados las dos privatizaciones auspiciadas por los delfines que ocupan los primeros cargos de la República no tienen doliente. Es una verdad de a puño que el PDA no ha hecho nada para que avancen la conciencia y la lucha revolucionaria de las masas, empero, hay que reconocerle que viene depurando una forma inédita de hacer oportunismo.

Es vital que las bases y los dirigentes de Sintrateléfonos comprometidos con la causa, que han dado continuas muestras de claridad y decisión de pelea, se inmunicen contra las trampas que les seguirán tendiendo sus acomodados y acomodaticios voceros políticos, orientadas a que sacrifiquen la ineludible batalla en defensa del patrimonio público en los altares del cabildeo parlamentario o la aneguen en los tejemanejes clientelistas del Palacio Liévano.