En la hermana y vecina república de Venezuela se desarrolla a todo vapor un golpe de estado concebido por Washington y llevado a cabo bajo su batuta. El diario de la plutocracia financiera mundial The Wall Street Journal en una seguidilla de artículos describe cómo se fraguó la conspiración, cuyo propósito inmediato es defenestrar, sin atenuantes, y lo más rápidamente posible, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que preside Nicolás Maduro Moros. “Pence prometió el respaldo de Estados Unidos antes de que el líder de la oposición hiciera su jugada”, tituló el diario el 25 de enero, dos días después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, mediante una aviesa interpretación de un artículo de la Constitución —aunque para el caso cualquier otra leguleyada habría servido— se autoproclamara presidente interino de la república. “El plan secreto de la administración Trump para apoyar al líder de la oposición Juan Guaidó, fue preconcebido, y coordinado con firmeza”. La etapa final se “puso en marcha” la víspera del 23 de enero en la noche mediante una llamada del vicepresidente, Mike Pence, a Guaidó, el personajillo escogido como fachada de la revuelta imperial, en la que lo instó a que “tomara las riendas del gobierno” durante la manifestación del día siguiente: “Si la Asamblea Nacional invoca mañana el artículo 233 el presidente le daría su respaldo”, lo mismo harían luego el grupo de mandatarios cipayos de América Latina previamente adoctrinados por la Secretaría de Estado. En efecto, así se desarrollaron los hechos. Debido, seguramente, a los constantes fracasos de la política internacional norteamericana expresados, entre otros, en las derrotas que le significan a la potencia la anunciada salida de sus tropas de Siria y el acuerdo con los talibanes de Afganistán para establecer un nuevo gobierno, el diario expresa sorprendido que en el caso de Venezuela se había visto “una faceta poco conocida de la política exterior del señor Trump, una que es claramente preconcebida, firmemente coordinada y llevada a cabo rápida y eficientemente”.

El diario refiere que el gobierno estadinense conformó un grupo de halcones para planificar el asalto. En el núcleo de este están el consejero para la Seguridad Nacional, John Bolton, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y dos ultraderechistas de origen cubano, Mauricio Claver-Carone, encargado desde agosto pasado de coordinar las políticas para Latinoamérica, y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio. Durante diciembre y enero el grupo actuó con desenfreno. Entre finales de diciembre y comienzos de enero desarrollaron conversaciones con los golpistas venezolanos en la que estos “manifestaron su pedido a la comunidad internacional para incidir en la dinámica política interna de Venezuela”. Pompeo se reunió al inicio del año con Duque y Bolsonaro, al primero le “insinuó” el plan de acción que se habían trazado; y el 10 de enero —el mismo día en que Nicolás Maduro se posesionó para su nuevo término de seis años en la presidencia, para el que fue elegido el 20 de mayo de 2018—, habló con Guaidó para reiterarle la promesa de trabajar juntos y su diktat de que “la Asamblea Nacional era la única institución legítima y democráticamente elegidad en Venezuela”; dos días despues Guaidó declaró: “Es tiempo de iniciar la transición ordenada a un nuevo gobierno”.

La noche del 22 se reunieron en la Casa Blanca a ultimar los detalles con Trump los congresistas republicanos Rubio, Mario Díaz Balart y Rick Scott, el vicepresidente Pence y otros. En otra reunión separada estuvieron Pompeo y Bolton, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el del Tesoro, Steven Mnuchin, “quienes le presentaron a Trump las opciones para reconocer a Guaidó”. Luego de consumadas estas decisiones, funcionarios de la Presidencia se pusieron en contacto con empresarios venezolanos e instituciones financieras; el Departamento de Estado le notificó a la Reserva Federal que, en adelante, Guaidó sería el agente que dispondría de los activos venezolanos en los bancos de los Estados Unidos, con lo que le entregan a Guaidó y su pandilla el control inmediato sobre unos USD 500 millones.

En la reunión nocturna del 22 de enero el senador Rubio emitió el siguiente tweet: “Oremos esta noche por Juan Guaidó y los miles de venezolanos que se enfrentarán a los peligros y a las dificultades en las próximas horas. Mi Dios les dé fortaleza. Y pueda mudar los corazones de los líderes del ejército para que protejan y no repriman a sus compatriotas.” El lacrimoso mensaje solo vale la pena citarlo porque revela un aspecto central del plan, que consiste en hacer que las fuerzas militares volteen las armas contra el gobierno actual, este sí legítimamente elegido en unos comicios en los que parte de la oposición, aconsejada por el amo del Norte, se negó a participar. Hasta ahora el alto mando ha manifestado públicamente su lealtad hacia el presidente Maduro. Y, a propósito, al contrario de lo que pregona el aparato de propagada imperialista sobre la supuesta dictadura represiva que preside Maduro, a la que le adjudican diversas y nunca probadas cifras de muertos y encarcelados, lo que realmente sorprende es la benignidad del gobierno que ha permitido tan flagrantes delitos, valga solo mencionar el de la proclamación espuria de un presidente designado a dedo por una potencia extranjera, es decir, un traidor a la patria, y el consentimiento de la presencia en las manifestaciones de bandas provistas de sofisticados y costosos equipos para enfrentar a la fuerza pública, lo que desnuda el chorro de dólares que financia clandestinamente a los agentes internos del complot.

Debe mencionarse que semejante agresión ha contado con la plena colaboración del Partido Demócrata, el de los clinton y los obamas, duchos también en pisotear a nombre de cualquier “noble” ideal la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El 12 de diciembre pasado, el citado Marco Rubio y Bob Menéndez, senador por New Jersey, y líder demócrata del Senado, urgieron al alimón a Trump a reconocer a la Asamblea Nacional venezolana como la única institución democrática del país. Esto a nivel interno, mientras en el plano internacional cuentan, en el hemisferio, con la colaboración del Grupo de Lima, un ente constituido ad hoc, entre otras razones, para evadir las votaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que los gringos no han podido conformar las mayorías necesarias para darle visos de legalidad a su intervención. Además, la arremetida norteamericana recibió el apoyo de la Unión Europea que hizo alarde de independencia frente a su socio de la OTAN, conminando al gobierno venezolano a convocar elecciones en una semana so pena de reconocer a los golpistas.

Estas medidas han venido a complementarlas otras como las anunciadas, el 28 de enero, por el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin: el bloqueo de USD 7.000 millones en activos petroleros venezolanos y la conculcación a Caracas de otros USD 11.000 millones en fondos por exportaciones de hidrocarburos a lo largo de un año. Seguidamente el Departamento del Tesoro anunció que PDVSA, la petrolera estatal patriota, y sus subsidiarias, incluida Citgo Petroleum Corp., que posee tres refinerías en la costa este de Estados Unidos y una red de unas 6.000 gasolineras en todo el país, que la convierten en una de las mayores distribuidoras de combustibles al menudeo en el país del Norte, podrían ser removidas de la lista negra “si se transfiere de inmediato el control al presidente interino o a uno elegido democráticamente”.

El tesoro, simultáneamente expidió una autorización a las grandes firmas petroleras gringas Chevron Corp., Halliburton Co., Schlumberger Ltd., Baker Hughes y Weatherford International Ltd., para que en un plazo de tres meses se puedan desprender de sus vínculos con PDVSA, y para seguir operando en Venezuela, “lo cual les permitirá a las firmas estadounidenses mantener el acceso al país y asegurarse la producción de crudo en curso de la nación.” Mnuchin cerró su comparecencia reiterando su despótico chantaje: “Si el pueblo de Venezuela quiere continuar vendiéndonos petróleo, mientras vaya a las cuentas bloqueadas, nosotros lo compraremos. De otra forma no lo haríamos.”

Las determinaciones frente a PDVSA y Citgo blandidas largamente por Washington pero que no se había atrevido a tomar hasta ahora, básicamente por los multimillonarios intereses de petroleros y financistas gringos, aparte de seguir fortaleciendo al “gobierno” títere, tienen el indudable propósito de animar a la comandancia militar a apuntar los cañones contra Maduro y respaldar a Guaidó. Ni más ni menos que un atraco al peor estilo de un matón que sin que nadie lo ronde se arroga el derecho de disponer a su arbitrio de los recursos radicados en su territorio por un país soberano, aprovechando la ventaja que le da el estado de indefensión de la víctima y violando todas las normas que rigen las relaciones entre las naciones, entre ellas las de la confianza y el respeto recíprocos.

Es evidente que la superpotencia no jugaría esta carta si no tuviera la definitiva determinación de derrocar al gobierno en un breve lapso. Pues, si bien el embargo de los fondos y el bloqueo de PDVSA y sus subsidiarias debilitan aún más al gobierno de Maduro, este podría optar por orientar la proa de sus tanqueros, que llevan actualmente unos 500.000 barriles diarios a los Estados Unidos, junto con el resto de sus exportaciones, hacia otros mercados ávidos de hidrocarburos. Pero sería iluso suponer que entre sus planes los gringos contemplen abandonar ese dorado, la faja del Orinoco, ubicada al nororiente del país, la fuente de crudo más grande del mundo con alrededor de 300 mil millones de barriles de reservas probadas, los cuales tiene prácticamente a la mano, pues el viaje de un tanquero de las costas venezolanas a las de Estados Unidos no tarda más de nueve días, mientras que de otras procedencias, entre uno y dos meses. Naturalmente, no se trata solo de la riqueza petrolera sino que en la decisión yanqui cuentan también otros intereses como los financieros, el aseguramiento del pago de la deuda y, no menos importante que todo lo anterior, la reafirmación del control en su patio trasero en la disputa comercial y geopolítica con China y Rusia.

Es tan clara la determinación yanqui de apoderarse de Venezuela que mientras anunciaban las disposiciones tomadas, los reporteros lograron captar en la libreta de apuntes de Bolton una anotación sobre  el envío de cinco mil soldados a Colombia. Lo que indica que la agresión militar directa también está contemplada por los adalides de la democracia y de los derechos humanos. No sorprende en lo más mínimo que el entenado de Uribe que ocupa la Casa de Nariño y su fanfarrón canciller, tan altaneros ante la república fronteriza, no hayan siquiera elevado una nota de protesta por semejante pisoteo de la soberanía colombiana. Al fin y al cabo, Uribe pretendió en el último año de su gobierno plagar de bases militares norteamericanas el país.

La anterior es una síntesis sobre los más recientes acontecimientos. No es el momento —aunque habrá de hacerse obligatoriamente— de evaluar el experimento venezolano del “socialismo del siglo XXI” con el que se pretendió por parte del comandante Chávez y sus demás impulsores enmendarle la plana a los “desvaríos” del socialismo del siglo XX: el de la Revolución de Octubre y la conformación de la Unión Soviética de Lenin, el de La Revolución China de Mao Zedong, de la que conmemoramos 70 años en este 2019. Lo que es imperativo en este momento para cualquier demócrata, para cualquier persona o Partido que se precie de progresista, para cualquier sindicato, que defienda los intereses de los obreros y del pueblo, es rechazar sin ambages esta infame agresión. Notas Obreras condena el complot imperialista contra el pueblo y el gobierno venezolanos.

¡Abajo el imperialismo norteamericano!

Bogotá, 30 de enero de 2019