A finales de 2007 y comienzos de 2008, el mundo veía cómo los precios de los alimentos subían cada día y se hablaba de una supuesta escasez mundial debido al aumento de la demanda. No era más que otro de los velos que los especuladores financieros pusieron sobre sus juegos, en este caso el más cruel, pues mientras muchos morían de hambre en el mundo (lo cual no es un problema coyuntural) por la inflación artificial de los precios provocada en  Wall Street, en Argentina unos cuantos “empresarios agrícolas” derramaban leche por las calles en forma de protesta por la resolución de retenciones móviles, anunciada por el entonces ministro de Economía de este país, Martín Lousteau.

Las retenciones a las exportaciones son un tipo de impuesto que se decretó desde 2002 por petición de los mismos “agroempresarios” para sanear la crisis que atravesaba el país. Su propuesta no es una coincidencia y menos una muestra de amor a la Patria como ellos la quieren hacer ver. En primer lugar las exportaciones agrícolas, sobre todo de soya, venían creciendo constantemente desde el siglo pasado; por eso, junto con los hidrocarburos se consideraron uno de los sectores sobre los cuales debía caer el impuesto. En segundo lugar, Argentina tenía una necesidad urgente de incentivar el consumo, incluso de alimentos, porque aunque las exportaciones aumentaban, los amos del agro siempre debían tener la seguridad de un mercado interno que amortiguara sus pérdidas en tiempos de crisis externa.

Inicialmente se acordó gravar las agroexportaciones con un 5%, lo cual con el tiempo ayudó a sanear la crisis argentina pero sus secuelas no han sido superadas; en el norte del país por lo menos 44% de los hogares se encuentran en la pobreza y 12% en la indigencia. [1]

Desde 2001 también se decidió modificar el tipo de cambio fijo, que tenía atado el peso argentino al dólar y pasar al “tipo de cambio real competitivo”. La principal consecuencia de éste es que a medida que suben los precios en el mundo, así mismo se elevan los de la canasta básica, en pocas palabras, un argentino gana en pesos pero paga en dólares[2]. Esto ha llevado a que las retenciones a las exportaciones, que se creían una medida transitoria mientras se superaba la crisis, se hayan convertido en una política para contener la inflación; por esa razón, en el 2007 se decidió extender el tiempo de las retenciones así como aumentar las cuotas, siendo los productos agropecuarios los más afectados.

Desde ese año, los capitalistas del agro empezaron un proceso de organización con el fin de acabar con las retenciones y enfrentar las medidas que se veían venir. El 11 de marzo de 2008, Lousteau anunció a través de la resolución 125 que las retenciones aumentarían para la soya y el girasol, y para el maíz y el trigo se reducirían. Esta medida fue conocida como las retenciones móviles, a la cual los señores del agro respondieron con un paro de 16 días en marzo de 2008, en el cual cometieron el crimen de derramar la leche en los caminos con el fin de presionar al gobierno para que acabara con la 125 y desmontara las retenciones, pues los precios internacionales de los alimentos estaban por el cielo y ellos estaban perdiendo su buena tajada en la especulación mundial con los bienes básicos. Ese marzo fue decisivo pues los acaparadores de alimentos constituyeron el Comité de Enlace, unión de todos los gremios de productores agropecuarios, cabecilla del chantaje al gobierno y al pueblo argentinos. Después de cuatro meses de negociación, la presidente claudicó y derogó vergonzosamente la resolución 125.

En 2009, se reinició el conflicto por las retenciones entre el gobierno y la burguesía agraria, que ha vuelto a hablar de paro, pues mangonea a sabiendas de que tiene en sus manos el abastecimiento interno. El pasado 4 de marzo, el gobierno, prefiriendo satisfacer a los magnates que garantizar la alimentación del pueblo,  procedió a abolir las retenciones para la leche, a compensar la producción de trigo y carne y a ir desmontando gradualmente el sistema de retención[3].

Sin embargo, la oligarquía del campo no está contenta. Lo que pasó el año anterior la alertó y le demostró que debe estar unida y organizada para defender la sagrada propiedad privada, pues siente que está “ante una de las invasiones al sector privado más graves de  nuestra convulsionada historia.”[4] Por esa razón, Biolcatti, el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, está llamando a todos los empresarios del agro a cerrar filas y formar una lista que sea lanzada las próximas elecciones y de esa manera “alcanzar el poder que han perdido” por la división que ha dado paso al “[ataque]a la propiedad privada del hombre del campo en todas sus dimensiones.”[5] Esta es una muestra clara de hasta dónde llega la intransigencia y la belicosidad del gran capital.

¿Pero qué han hecho los empresarios agrarios por los argentinos? Ya se dijo que ellos fueron tan “generosos” que ofrecieron el 5% por ciento de sus ganancias para solventar la crisis del 2001. ¿Pero son realmente sus ganancias? ¡Cómo es posible que en el norte del país, donde se concentran las cosechas, 44% de la población se encuentre en la pobreza y 12% en la indigencia! Mientras que los empresarios se llenan la boca diciendo que ellos son los principales generadores de empleo en el país, pagan a los peones agrícolas, que son quienes producen, salarios que apenas superan los mínimos nacionales[6].  Los verdaderos productores rurales siguen viviendo en condiciones indignas porque el 70% de la tierra está concentrada en el 30% de las explotaciones, en tanto que el 70% de los trabajadores tiene que vivir en arriendo, pagar altas rentas, pagar altos insumos y recibir un pago irrisorio por lo que produce.[7] 

Por otro lado, a ¿qué se destina todo lo recaudado por este impuesto desde 2002 si las cifras de pobreza en Argentina siguen siendo tan altas? Algo se ha destinado a un subsidio al gasoil, que es casi imperceptible porque sube cada mes, algo para obras públicas y el resto al pago de la deuda, al cumplimiento con los banqueros nacionales y extranjeros.[8]

Lo que demuestra la experiencia de los gauchos es que la avaricia de los monopolistas debe ser enfrentada con la batalla popular. En 2002, los obreros argentinos constataron que no es suficiente con la recuperación de fábricas, es necesario que el proletariado se tome el poder y transforme completamente la sociedad. Hoy sólo hay dos posibilidades, seguir el camino trazado por el imperialismo, la oligarquía y Kirchner, ó que el campo sea tomado por el pueblo argentino y de esa manera garantice su bienestar.

[1]www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/lineas1.xls

[2]Si desea obtener más información sobre las consecuencias de este tipo de cambio, vea:

[4]Biolcatti, Hugo. Hay una obstaculización constante, Boletín de la Sociedad Rural Argentina, No. 767, Diciembre de 2008. en: http://www.ruralarg.org.ar

[5]Biolcatti. No jueguen al clientelismo con el campo, parte del discurso pronunciado en la 67º Exposición Rural de Neuquén, 25 de Enero de 2009. Ibíd.

 


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