Por Alejandro Torres[*]

El Gran Viraje y la Agenda Venezuela, los programas de los dos últimos presidentes venezolanos, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se convirtieron en la más despiadada confabulación contra la producción nacional y el nivel de vida del pueblo.

El primero produjo el estallido popular del 27 de febrero de 1989 conocido como El Caracazo, brutalmente reprimido por Pérez, que dejó centenares de muertos.

Caldera, continuando la política de su antecesor, puso en práctica el "plan de ajuste" impuesto por el FMI. En él se contemplaban: alzas de combustibles en 500%, incremento del impuesto a las ventas de 12% a 16.5%, liberación total del régimen cambiario y de las tasas de interés, y privatización de la minería, la industria vegetal, la petroquímica y de nuevo el sector financiero.

Anunció la subasta de las empresas productoras de aluminio, la venta de 49% de las acciones de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, como también de Aeropostal y los bancos estatizados.

Se comprometió también con la reforma de la administración pública y la justicia.

El FMI ha reservado la peor parte para los obreros venezolanos: con engañifas como la de rebajar la inflación, prepara el despojo de las prestaciones sociales y horas extras y propone que los aumentos salariales se hagan por el sistema de bonos, sin incidencia prestacional, además de escamotear la contratación colectiva y el derecho de huelga. A pesar de las vacilaciones de algunos dirigentes, se movilizaron el Primero de Mayo contra esta política las centrales CTV, CUTV, CGT y Codesa, en lo que constituyó el primer desfile unitario de toda su historia. Vendiendo los muebles de la casa Alrededor de su enorme riqueza petrolera, Venezuela conformó un poderoso sector estatal de la economía, principalmente en las industrias consideradas estratégicas: la siderurgia, la electrificación, las comunicaciones, el transporte y la petroquímica.

Hoy, como lo anotara hace 60 años Rómulo Betancourt, en un folleto clandestino contra Juan Vicente Gómez, el Benemérito, la patria de Bolívar es una República en venta.

Con la llamada apertura petrolera, a lo largo del actual gobierno se ha planeado subastar parte de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, propiedad del Estado. Diversos sectores, no sólo de los trabajadores, se oponen férreamente a esta intención. Personalidades agrupadas en Pro Venezuela han señalado que las acciones de Pdvsa no se pueden vender en ningún porcentaje ni bajo ninguna modalidad.

La empresa es la segunda petrolera mundial según una combinación de ventas, reservas y actividades de refinación, algunas cifras pueden ilustrar su importancia. En 1995 las ventas fueron de 26 mil millones de dólares. Las reservas probadas, de 66 millones de barriles. La capacidad de producción, de 3 millones 200 mil barriles diarios. La capacidad de refinación, de 2 millones 400 mil barriles por día. La reservas probadas de gas natural, de 140 billones de pies cúbicos.

En 1976 la industria petroquímica no existía. Hoy, a través de Petroquímica de Venezuela, Pequiven, empresa estatal condenada por el gobierno a feriar sus activos, produce millones de toneladas entre fertilizantes nitrogenados, olefinas y compuestos oxigenados, lo mismo que carbón mineral y orimulsión. Cuenta con una flota de 24 grandes tanqueros.

Los impulsores de la privatización de Pdvsa se convirtieron en cruzados del retiro de Venezuela de la Opep. Andrés Sosa Pietri, ex presidente de Pdvsa, propuso vincularse a la Agencia Internacional de Energía, el ente creado por los grandes consumidores para oponerse a la OPEP, para así "encontrarnos con nuestros socios naturales y hacernos eco de sus preocupaciones y angustias y convertirnos en su "suplidor preferido".

La Corporación Venezolana de Guayana, importante complejo industrial del Estado cuyas actividades abarcan la siderurgia, la electricidad, el aluminio y hasta proyectos forestales, puso en venta sus seis empresas del sector del aluminio.

En el campo de la electricidad, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, Cadafe, propietaria del gigantesco Sistema de Generación Hidroeléctrico Uribante-Caparo, desaparecerá al ser despojada de sus activos.

El 49% de las acciones, aún en manos del Estado, de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, se están ofreciendo a menos precio, y se ha anunciado que los dineros de la subasta se destinarán al pago de deuda externa e interna.

Al lado de esta sarracina contra la riqueza nacional, el nuevo favorito de los monopolios, Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan, despedirá en corto tiempo a 800 mil empleados estatales.

Hacia la desintegración Ya el presidente insinuó la necesidad de reformar la Constitución adoptada en 1961. A ello se refirió también el gobernador del Distrito Federal de Caracas, Abdón Vivas Terán: "Se requiere una reforma constitucional que disuelva el peso de la partidocracia y del centralismo. Las exigencias de un gobierno fuerte no pueden ser satisfechas por un sistema parlamentario tradicional".

Oswaldo Álvarez, ex candidato presidencial de Copei, pidió institucionalizar las ONG, redefinir los sistemas de salud y educación, fortalecer al máximo los gobiernos locales y reformar radicalmente la estructura político-administrativa buscando romper la unidad nacional.

Eduardo Fernández, aspirante a la primera magistratura, ha planteado que, frente al desprestigio de los partidos, la alternativa es que "la gente participe en las juntas de condominio, en las comunidades educativas, en la vida cívica, que es la garantía de una democracia efectiva y eficiente".

Los propios Caldera y Pérez se encargaron de iniciar la destrucción de los partidos de los que fueran sus más conspicuos dirigentes: Copei y Acción Democrática, AD. El primero fue elegido en rebeldía por la coalición Convergencia. Y el segundo, expulsado de AD, promueve su escisión apoyando la candidatura presidencial de Claudio Fermín.

El proceso descentralista ha recorrido un buen trecho. Se institucionalizó la elección de gobernadores y alcaldes, y se dispuso trasladar un porcentaje del impuesto al consumo a los entes regionales, descargándoles la responsabilidad de financiar la educación, la salud, los deportes, etc.

La negativa del gobierno a cumplir con las trasferencias ha agudizado las inclinaciones separatistas que, en el caso de algunos gobernadores, han llegado hasta presionar por establecer relaciones internacionales autónomas.

El Consejo Nacional para la Promoción de las Inversiones, Conapri, llegó al fondo del asunto: "La descentralización política y económica ha generado competencia entre las distintas ciudades venezolanas para atraer a los inversionistas que buscan arraigarse con sus capitales en el país". El estudio destaca que el capital extranjero exige infraestructura y un buen recurso humano, es decir, mano de obra barata con una formación básica, que se debe impulsar mediante la descentralización educativa.

Finalmente, como en nuestra patria, allí también va viento en popa la reforma de la justicia, con estudios financiados por el Banco Mundial, y toda su alharaca sobre la tutela, que allí se conoce como amparo, y que recurrentemente utilizan los grandes consorcios en su beneficio. Cada vez son más frecuentes los pronunciamientos en contra de las garantías procesales, so pretexto de perseguir delitos execrables.

Este vistazo a la situación de nuestra hermana república nos muestra que padecemos los mismos males y sufrimos idénticos enemigos, y nos convoca a los herederos de Bolívar y Santander a forjar una unidad mayor que la lograda en los albores del siglo XIX, esta vez para derrotar a los recolonizadores estadounidenses.

Sigamos el consejo de Francisco Mosquera: ante un enemigo común, lenguaje y lucha común.


[*] Publicado en Tribuna RojaNº 68, noviembre 13 de 1966.