Por: Arturo Stevenson

Perú es uno de los mayores productores de oro del mundo, ya que cada año extrae más de 150 toneladas, con un valor de 1.300 millones de dólares, procedentes de las regiones de Piura, al extremo noroeste; de la provincia de Nasca; de Puno, y de Madre de Dios, al sudeste, según el Ministerio de Energía y Minas de este país. En estos territorios de enormes riquezas minerales, cuya explotación es una de las principales fuentes de divisas, se estima que existen más de 300 mil trabajadores, entre pequeños mineros informales y artesanales; provenientes de todos los rincones, han encontrado en esta labor una forma de paliar la pobreza y combatir el desempleo desde hace más de veinte años. Estos proletarios, hartos de ser víctimas del agio de unos pocos hacendados, --concesionarnos de miles de hectáreas en las que se encuentran algunas de las reservas de oro-, y ante el hecho de que las nuevas leyes que regulan la minería los desalojarán de sus trabajos en beneficio principalmente de las grandes multinacionales de extracción aurífera, decidieron parar sus actividades y levantarse en protesta el pasado 4 de abril.

Los mineros reclaman el derecho al trabajo, la legalización de su actividad, que se establezca condiciones laborales y seguridad social dignas, peticiones que este gremio ha hecho al gobierno hace nueve meses. En respuesta, la administración limeña expidió un decreto de urgencia conocido como 012-2010, el cual reordena la extracción de oro, especialmente en Madre de Dios, con el argumento de que el medio ambiente se ha visto contaminado por la utilización de dragas y la minería ilegal; sin embargo, Teódulo Medina, secretario general de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), cuestiona el Decreto porque pone en riesgo el trabajo del cual dependen miles de mineros artesanales, aunque reconoce que esta actividad genera también contaminación ambiental, pero en menores proporciones que la gran minería extranjera. Según esta federación, los mineros artesanales no contaminan el medio ambiente, por cuanto solamente extraen el mineral en bruto y lo procesan en los desiertos en los que no hay sembradíos y tampoco animales. La gran minería generalmente procesa el metal en el lugar donde se explota. Los artesanos extraen el oro en forma paulatina y remueven entre dos y cinco toneladas de tierra al día; la gran minería extrae mínimo cinco mil toneladas cotidianamente.

El director de Defensa y Asuntos Legales de la Fenamarpe, Rafael Seminario, dijo que el punto fundamental de la huelga fue poner fin a otros dos decretos, 1.010 y 1.040, promulgados por el gobierno para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esas dos normas darán preferencia a la gran minería imperialista, complicando las posibilidades de legalizar la pequeña explotación. El decreto 1.010 modificó la Ley General de Minería para promover la inversión en tierras de prospectos auríferos y recursos mineros, que adjudicaría más de 300 mil hectáreas a las multinacionales. La ley 27.651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, fue reformada por la Ley 1.040 cuyo reglamento 005 faculta a los titulares mineros y al propio Estado a encarcelar, desalojar y decomisar las herramientas de los trabajadores artesanales o ilegales. Estas normas tienden a desarrollar un monopolio de las reservas, dando una serie de beneficios a la inversión extranjera, específicamente a las empresas estadounidenses.

Ante estas leyes contra la soberanía y los mineros, Fenamarpe convocó a la protesta, el epicentro fue la provincia de Chala, en Arequipa, lugar en el que más de 6.000 manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Sur y dos puentes; a su vez, en Madre de Dios se concentraron cientos de mineros.

En contra de esta protesta, el presidente Alan García envió un fuerte contingente de la Policía Nacional, del Ejército y de la Marina; 6.400 efectivos con el propósito de reprimirla. El mismo día que inició la huelga se produjeron enfrentamientos entre la fuerza armada y los mineros, dando como trágico resultado la muerte de seis personas, abaleadas por proyectiles del ejército, y 28 detenidos; además, la Fenamarpe dice que hay entre 15 o 20 desaparecidos. Esta imposición a sangre y fuego evidencia el despotismo que sostiene el gobierno limeño, pues para junio de 2009, se dio un hecho de violencia similar en la provincia norteña de Bagua, donde murieron 33 nativos, en el marco de un conflicto por la derogación de normas que afectaron derechos indígenas.

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló que "nada justifica la muerte" en un conflicto evitable; por su parte, el Partido Nacionalista Peruano, del dirigente izquierdista Ollanta Humala, acusó de los asesinatos al presidente Alan García y pidió la vacancia en la jefatura de Estado, lo que fue rechazado por las fuerzas oficialistas.

Los obreros de las minas exigen que sus demandas sean escuchadas, pero el régimen las acalló de manera brutal; el gobierno alega que los manifestantes no han tenido disposición para organizarse de acuerdo con las nuevas leyes y que con vías de hecho, como el paro, solo ocasionaron la pérdida de vidas y de cientos de millones de dólares, por el cierre de la vía Panamericana. Como respuesta Teódulo Medina expresó que “García es cobarde y criminal porque mata peruanos desarmados, y mentiroso porque dice que los mineros artesanales no queremos formalizarnos, y eso es falso (…) el gobierno ha venido persiguiendo a los mineros artesanales en todos los rincones del país, quitando sus cargas, denunciándolos por presunto hurto de mineral; las leyes digitadas por la Sociedad Nacional de la Minería criminalizan nuestra actividad; nosotros queremos que nos traten igual que a la gran minería, que haya para nosotros también leyes promotoras para esta actividad que genera miles de fuentes de trabajo, ¿Por qué hay facilidades tributarias y legales para que operen las grandes mineras, que son transnacionales? ¿Y por qué sólo persecución para los mineros artesanales, que son comuneros? Alan García es enemigo de los peruanos más pobres”.

No obstante, el 7 de abril los líderes de la huelga propusieron el desbloqueo por 48 horas de la estratégica vía Panamericana, en busca de concertar una mesa de diálogo, manteniendo en firme la demanda de derogación de tan perniciosos decretos, a lo cual el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, contestó que la mesa de diálogo con dirigentes mineros en Madre de Dios no debe ser interpretada como una negociación que implique derogar el decreto 012. En dicha reunión se llegó a suscribir un decreto en virtud del cual se constituye una comisión técnica multisectorial encargada de la formulación, seguimiento e implementación de un proyecto de plan nacional para la formalización de la minería artesanal, con lo que se levantó la huelga. Queda claro que con la llamada concertación el régimen de García logra desmovilizar esta importante y justa lucha y mantener su política nefasta.

Sin embargo, los representantes obreros continúan con sus demandas al gobierno de García, piden la derogatoria de los decretos pro imperialistas, la libertad para los mineros artesanales enjuiciados y detenidos injustamente y cese de persecución a dirigentes sindicales. Asimismo, exaltan la necesidad de fortalecer un frente de lucha que promueva la soberanía nacional y propenda a un país que defienda los intereses de los habitantes antes que el beneficio usurpador de las multinacionales.