Bogotá, 19 de noviembre de 2018

Señores:

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y demás miembros del Comité Ejecutivo;
Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, y demás miembros del Comité Ejecutivo;
Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y demás miembros del Comité Ejecutivo;
Trabajadores sindicalizados;

Compañeros:

El anuncio del gobierno de Iván Duque y de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de extenderles el IVA a casi todos los productos de la canasta familiar ha provocado una oleada de indignación en amplios sectores de la sociedad colombiana. En ese sentido, se han manifestado académicos, columnistas de prensa, organizaciones sindicales y populares de toda índole. Es tan grave el atentado contra el bienestar de los colombianos que hasta los sectores más adictos al régimen tratan de negar su conformidad con esa medida, mientras que cada una de las facciones y partidos políticos oficiales u oficiosos busca cobrar con abultadas prebendas su voto favorable. Al mismo tiempo que la gente recibe semejante anuncio, conoce de los robos descarados de los recursos estatales a nivel central y regional y demás procedimientos dolosos de congresistas, ministros, magistrados y fiscales, quienes se adueñan de los dineros y se aprovechan de los cargos públicos con prisa y sin vergüenza. 

El régimen propina este rudo golpe a una población que vive ya en condiciones harto precarias y lo hace con la cínica afirmación de que su propósito consiste en combatir la pobreza y alcanzar la equidad, cuando la extensión del IVA a más del 80% de los productos de la canasta familiar provocará aún más hambre y profundizará la indignante inequidad en Colombia. Si bien este es el aspecto más lesivo de la proyectada Ley de Financiamiento, no es el único, ya que, además:

  • cargará mayores impuestos a los asalariados, mediante la reducción de las deducciones a 35% y la rebaja del piso de retención en la fuente a tres millones de pesos;
  • gravará a los pensionados a partir de cuatro millones ochocientos mil pesos;
  • obligará a tributar a los negocios a partir de ventas brutas anuales de 46 millones  y
  • rebajará drásticamente los impuestos al gran capital, a las megainversiones, a las inversiones de portafolio, etc.

Con el propósito manifiesto de responder a esta andanada, el pasado 9 de noviembre, en la reunión ampliada del Comando Nacional Unitario, se aprobaron tres grandes jornadas:

  • el jueves 15 de noviembre;
  • el 28 de noviembre y
  • paro nacional el 13 de diciembre.

Con respecto a esta última tarea, pero aún sin fijarle fecha, se había manifestado también, en una rueda de prensa, la bancada alternativa, y el senador Gustavo Petro ha llamado en su cuenta de Twitter a paralizar actividades el 28 de noviembre.

No cabe duda de que darle vida de nuevo al Comando Nacional Unitario y ampliarlo a más organizaciones sociales para enfrentar tan nefastas medidas se constituye en un acierto de las centrales obreras. Aún más lo es la decisión de convocar a un paro nacional, que se convierta en preludio de cada vez mayores y más profundas jornadas de lucha contra el paquete de reformas en cierne.

Señalemos, en primer lugar, que es imperiosa la necesidad de unificar todos los esfuerzos en la batalla por dar al traste con la Ley de Financiamiento; sabemos que las diferencias políticas e ideológicas existentes son sustanciales, pero el momento exige la unidad de todos los que de veras estén dispuestos a impedir la aprobación de semejante engendro. Las dificultades son grandes, pues el plazo para la preparación es muy breve —la ley se aprobaría a más tardar el 16 de diciembre— pero si tomamos ya la decisión de manera resuelta, el paro se puede convertir en un punto de giro de la situación, que permita enfrentar con una movilización creciente el paquete de reformas lesivas que prepara el gobierno en cumplimiento de los mandatos de la gran banca internacional y los poderosos grupos financieros y empresariales del país.

Se requiere decidir la fecha para el paro nacional y darse a la labor infatigable de sacarlo adelante y convertirlo en una jornada histórica, movilizar a muy amplios sectores nacionales, llegar a más capas sociales y populares, no conformarnos con llevar el mensaje solo a quienes participan frecuentemente de las protestas, superar la rutina y el amodorramiento, multiplicar la participación de las dos marchas anteriores. Tenemos que lograr la parálisis de los transportes urbanos e intermunicipales, de las fábricas y de las oficinas, de los comercios y de las entidades oficiales. Que la gente se lance a las calles con un solo grito: ¡No más IVA! ¡No más impuestos a los salarios, a las pensiones ni a los pequeños y medianos negocios! ¡No más exenciones al gran capital! Tenemos que trabajar para convertir la inconformidad silenciosa en un gran clamor y la indignación pasiva en lucha resuelta y multitudinaria.

Cualquier declaración que no mencione el paro y la fecha de este o sea confusa al respecto, no contribuye a preparar sino que distrae. Las evaluaciones de las distintas jornadas y esfuerzos deben servir para corregir errores y resolver asuntos desatendidos, pero no para poner en duda que estamos comprometidos con el paro nacional. Hay que repartir centenares de miles de hojas volantes en las ciudades, adelantar plantones informativos, perifonear en los centros y en los barrios, organizar comités y explicar ampliamente las consecuencias nocivas y los engaños con los cuales se presenta la reforma.

Que todos los sindicatos y sindicalistas sepan a qué estamos enfrentados. Que no se mezquine ni un minuto ni un peso a tal empeño. Estamos ante una batalla impuesta, ante una obligación ineludible. No podemos dejar de hacer los esfuerzos máximos para después salirle a la gente con la conclusión lánguida de que “no había condiciones”. Si no enfrentamos esta andanada, vendrán sin pausa la reforma a las pensiones, la laboral, la del sistema de salud, entre otras; por todas ellas apremian la gran banca internacional y nacional y sus organismos multilaterales: la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El paro tiene que ser oportuno, antes de la aprobación de la ley de financiamiento. El inescapable juicio popular caerá sobre quienes no estén a la altura de las exigencias presentes. Las masas se sentirán engañadas y traicionadas y el reflujo se profundizará. Dirán, con razón, que lo que hubo fue un “paro de paro”, una actitud en la que se dice afrontar una lucha pero no se comprometen todos los esfuerzos en su ejecución. Desde luego, a las centrales obreras, por abarcar entre sus militantes a miles de asalariados, les corresponde una responsabilidad mayúscula. Por nuestra parte, nos comprometemos a trabajar sin descanso en la preparación del paro nacional y nos ponemos a las órdenes de todas las actividades requeridas. El régimen ha cumplido apenas 100 días y ya se hunde en el desprestigio; si impone su ley de financiamiento el paro nacional le acarreará un costo político elevado que lastrará el conjunto de sus proyectos antipopulares.

Unamos la valerosa y prolongada lucha de la comunidad educativa de las universidades públicas con la más amplia de los obreros, de los habitantes de los barrios populares, de los camioneros, de los indígenas y campesinos.

Fraternalmente,

Integrantes del Comité Nacional Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno:

Alejandro Torres

Miguel Vivas
Fiscal nacional de Asonal Judicial

Eduardo Andrés Arroyo

Luis Alfredo Gómez Gómez
Presidente Comité de Impulso de las luchas pensionales del Atlántico, Cilpa

Carlos Ribero
Sintracolpen

María del Rosario Vásquez
Vocera grupo de víctimas de las AFP

Anhy Durley González Durán
Vocera grupo funcionarios públicos víctimas de las AFP

Jorge Aguirre Colmenares
Presidente Sintraeaf

Francisco Tirado Santamaría
Presidente ASPU-UIS

Notas Obreras:
Alfonso Hernández Forero
Martha Cecilia Vargas
Julia Carolina Torres Lozano

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