Aurelio Suárez

  • Apremiantes problemas del magisterio y la educación, y la contumacia oportunista de un asesor de Fecode

    En este sitio hemos expresado que de concretarse el acuerdo con las Farc, ello “constituirá un desenvolvimiento favorable de la situación nacional”. Dos de sus innegables ventajas consisten en el cese de la desoladora violencia que azota a numerosas regiones, y en que les quita pretextos a las castas dominantes para anegar en sangre los reclamos populares. Dijimos, además, que la sociedad le debe exigir al Estado que se les respeten la vida y los derechos políticos a los desmovilizados. A la vez, expresamos claramente nuestra certeza de que los acuerdos no traerán ninguna mejora en las condiciones de vida de las mayorías, ni en la repartición de la tierra, ni aun en el desarrollo económico del país (Ver artículo). Por esto no compartimos no solo que Fecode haya adoptado como eje de su actividad sumarse a la campaña gubernamental por el sí en el plebiscito del 2 de octubre; sino que sus directivos estén dedicados, abierta o solapadamente, a sembrar ilusiones sobre que los acuciantes problemas de la educación y los educadores van a resolverse como por ensalmo con el arribo de “la paz”; mientras el gobierno no solo no ofrece ninguna solución, sino que expide normas que atentan gravemente contra ellos y anuncia, entre otras, una reforma tributaria centrada en las cargas sobre los asalariados, incluido el ajuste al regresivo IVA. Ese será el abrebocas del posconflicto.

  • Fecode contrata asesores que le recomiendan someterse a las políticas de “austeridad fiscal”, exigidas por el Fondo Monetario Internacional y los oligopolios

    Sobre dos de los puntos en litigio entre el magisterio y el gobierno, Fecode contrató un estudio con el ingeniero Aurelio Suárez Montoya, excandidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, comentarista de Blu Radio, pero también asiduo “analista” de otros grandes medios de comunicación, y personaje muy cercano al senador Jorge Robledo.

    El objeto del contrato era darle luces al sindicato sobre qué hacer para que el gobierno les cancele a los educadores algunas deudas acumuladas por años, y sobre la posición a adoptar frente a la terminación, en este año, de la vigencia del Acto Legislativo 04 de 2007, que regula el Sistema General de Participaciones, SGP, fondo de recursos que la Nación les transfiere a los entes territoriales para financiar los servicios a su cargo, principalmente, la educación y la salud.