magisterio

  • Decenas de miles de maestros ni ascenderán ni se reubicarán debido a la tramposa evaluación montada entre el gobierno y Fecode

    Paro 2015

    El pasado 23 de junio el Comité Ejecutivo de Fecode convocó a una rueda de prensa para informar, por boca de su presidente y gastando gran prosopopeya, que había roto relaciones con el Ministerio de Educación; que en adelante solo aceptaría dialogar con “el director de la orquesta”, el presidente Santos, y que se disponía a convocar a un nuevo paro nacional indefinido desde los primeros días de julio. Según Luis Grubert, presidente del sindicato, el gobierno le había “declarado la guerra al magisterio”, y que la copa la habían rebosado las “trampas” oficiales a la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa (sic), ECDF. Por lo demás, que el ICFES había fracasado en la aplicación de las encuestas; que faltaban todavía unos 2.000 maestros por grabar y que unos 6.000 aún no habían subido el video a la plataforma; que los resultados se estaban mostrando de manera parcial, lo que generaba zozobra y desconfianza; y que sin el conocimiento de los resultados totales no se podía aplicar el llamado “principio de favorabilidad”. 

  • Fecode contrata asesores que le recomiendan someterse a las políticas de “austeridad fiscal”, exigidas por el Fondo Monetario Internacional y los oligopolios

    Sobre dos de los puntos en litigio entre el magisterio y el gobierno, Fecode contrató un estudio con el ingeniero Aurelio Suárez Montoya, excandidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, comentarista de Blu Radio, pero también asiduo “analista” de otros grandes medios de comunicación, y personaje muy cercano al senador Jorge Robledo.

    El objeto del contrato era darle luces al sindicato sobre qué hacer para que el gobierno les cancele a los educadores algunas deudas acumuladas por años, y sobre la posición a adoptar frente a la terminación, en este año, de la vigencia del Acto Legislativo 04 de 2007, que regula el Sistema General de Participaciones, SGP, fondo de recursos que la Nación les transfiere a los entes territoriales para financiar los servicios a su cargo, principalmente, la educación y la salud.