Los niños mueren de hambre en La Guajira. Foto Vanguardia Liberal

El 6 de agosto de 2010, temprano en la mañana, Juan Manuel Santos y su familia viajaron en un Black Hawk a la Sierra Nevada de Santa Marta con el propósito de que los mamos del lugar posesionaran simbólica y espiritualmente al nuevo mandatario. Este se reunió, en el lugar sagrado Seyzhua, en la parte alta del río Ancho, corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, Guajira, con los koguis, los wiwas y los arhuacos, quienes le entregaron un bastón de mando, le ciñeron dos hilos de algodón, o aseguranzas, alegoría de compromiso con la Madre naturaleza, y le donaron cuatro piedras sagradas, o tumas, augurio de buen gobierno. A la primera dama, le entregaron un huso: símbolo de vida.

En una de las fotografías del ritual se ve a Santos vestido de blanco y con los pies descalzos, sentado en posición de loto, inclinando la cabeza con un gesto que pretende sugerir respeto, profundidad espiritual y reflexión. Ante semejantes aspavientos, hubo quienes pensaron que quien asumiría el mando de la nación al día siguiente, se constituiría en el más denodado defensor de los aborígenes, de su bienestar, de su medioambiente, de sus culturas y de sus modos de vida.

Los resultados han sido los opuestos. El bastón de mando se convirtió en garrote, la Madre naturaleza sufre los ultrajes de las multinacionales del carbón y demás mineras, y el presagio que cobró realidad no fue el del huso para tejer vida, obsequiado a la Tutina, sino la guadaña de la muerte.

En el 2015 se conoció la noticia del fallecimiento por enfermedades originadas en la desnutrición de cerca de veinte niños chocoanos, después, de 15 infantes embera chamí, en Pueblo Rico, Risaralda, y luego se supo también del hambre que azota a los nativos en el Guainía. Los aborígenes, a quienes la Constitución y leyes de nuestro nunca bien ponderado estado social de derecho les dedican acápites, artículos e incisos llenos de fementidas garantías y protecciones, se debaten en las carencias y el desespero. 

Las noticias más recientes se refieren a la calamitosa situación de los wayuu, en la Guajira. “Desde todo punto de vista nos están llevando al exterminio”, exclamó Javier Rojas Uriana, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipía Wayuu, al describir la penuria que vive esta comunidad. No hay exageración en sus afirmaciones. Los indígenas sostienen que en los últimos cinco años han muerto más de 4.700 menores, según informaciones que ellos han recogido en el 45% de su territorio, lo que hace suponer que la mortandad excede de lejos esa cifra, pues muchas de las rancherías se ubican en lugares remotos, sin puestos de salud, con precarios y costosos medios de transporte, en los cuales los habitantes entierran y lloran a sus hijos sin que en las cabeceras se tenga noticia de la tragedia. El gobierno no tiene qué decir al respecto, pues ignora, y no le interesa saber, cuál es el número o la causa del fallecimiento de los menores. Sus preocupaciones son muy otras.

Para la burocracia santista los culpables son los nativos. Según Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF: “el ICBF no puede solo con el problema”. Afirma que el agua y la sequía del departamento son los mayores problemas de la población y cree que la mayor barrera para solucionarlos es que “el Estado es muy garantista y no les exige a las comunidades indígenas obligaciones para que también aporten soluciones. Los indígenas deben ser parte de la solución”, dijo. (Ibidem) También se culpa al gobierno de Venezuela por cerrar la frontera. Qué ironía que en la República Bolivariana, desabastecida por el socialismo del siglo XXI, los wayuu encontraban el alimento abundante y barato que no consiguen en la Colombia tan bien abastecida por el libre mercado.  

La gente muere de sed y de hambre. Cierto que hace un par de años no llueve en el desértico departamento; la sequía agosta las huertas de maíz, yuca y ahuyama, fríjol; mata los chivos, desata la hambruna. También es verdad que el gobierno no ha hecho nada eficaz para resolver la calamidad. En un intento por calmar la indignación de los colombianos, se apresuró a anunciar la entrega de 98 pozos, pero la gobernadora niega la veracidad de esa cifra.

Son los indígenas quienes tratan, echando mano de sus precarios recursos, de hacer pozos artesanales; este año ya han muerto cuatro wayuus excavando  infructuosamente con el propósito de saciar la sed de los suyos. El drama no es exclusivo de la costa norte, pues, por ejemplo, en el Arauca la comunidad Betoy clama por la construcción de unos pozos mientras que el Ministerio de Vivienda, el departamento y el municipio discuten interminablemente sobre a quién corresponde qué en la solución del problema.

La situación viene de tiempo atrás y el Estado, en vez de resolverla, la ha agravado. El documento Conpes 3430 de 28 de junio de 2006 otorgó la garantía de la nación al departamento de La Guajira para que se endeudara con la banca multilateral por un monto de noventa millones de dólares, para “la financiación parcial del programa de transformación estructural de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de la Guajira”. Dicha transacción se llevó a cabo con el Banco Mundial. Por su parte, el departamento hubo de aportar cuarenta millones de dólares, los municipios, 16 millones de dólares y la nación, 8, para un total de US$ 154 millones.

El Conpes consigna que: “En la mayoría de municipios se cuenta con una capacidad de producción de agua potable superior a las necesidades de consumo; sin embargo, existen fallas en la continuidad del servicio. Por otra parte se observan malas prácticas de consumo, como resultado de los bajos niveles de micromedición y de la aplicación de tarifas que no reflejan los costos reales de operación y de mantenimiento de los sistemas.” En otras palabras, el Conpes muestra que la principal preocupación del gobierno es el cobro del servicio de agua a la población y desconoce la gravedad del problema.

No obstante, asegura que en un plazo de cinco años, es decir, para 2011, la cobertura de acueducto en el departamento sería de 95%, con suministro las 24 horas, la de alcantarillado, de 80% y el tratamiento de aguas residuales, 70%. Se estableció una fiducia que recibió los dineros para “garantizar la transparencia del manejo de los recursos”. Hoy la Guajira muere de sed y el departamento tiene que abonar gruesas sumas de dinero al Banco Mundial por concepto de la deuda.

Los pocos reservorios construidos con la multimillonaria inversión se han secado y  son fuente de infecciones porque allí abrevan toda clase de animales. Al hospital Nazareth de Uribia, en la Alta Guajira, llegan miles de casos de parasitosis intestinal, enfermedad diarreica aguda, enfermedades de la piel e infección respiratoria aguda.

Ofende la manera como se monopoliza el agua en beneficio de las grandes empresas, en tanto que se les escatima a los guajiros. Carbones del Cerrejón utiliza diariamente 17 millones de litros cúbicos del río Ranchería para arrojar a las vías usadas en sus operaciones. Además, pretende modificar los cauces de ríos y arroyos sin importarle cosa distinta que la extracción del mineral y para ello cuenta con la alcahuetería de entidades como ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

Mientras tanto, las cuarenta familias de la comunidad meshuamana, ubicada en el kilómetro 18 de la vía Riohacha-Valledupar, lleva tres años esperando la construcción de un pozo, pues se conoce que en su territorio hay agua dulce a ciento veinte metros de profundidad. Por lo pronto, los fogones permanecen apagados hasta después del mediodía pues no hay qué cocinar. Los niños, famélicos y desmotivados, desertan de la escuela. Menores y mujeres caminan durante horas para ir a los pozos, exprimirles algo de agua y acarrearla a cuestas hasta el hogar, en pimpinas. Esta ranchería hace parte del resguardo de la Alta y Media Guajira y su situación dista de ser excepcional.

En todas las comunidades se encuentran infantes emaciados, hipoactivos, de baja talla y peso, de piel arrugada y seca y con el abdomen distendido, presas de la desnutrición conocida como marasmo, producto de la ingesta pobre de calorías y proteínas; otros presentan piel desescamada, cabello ralo, abdomen prominente y son irritables, son las víctimas de Kwashiorkor, que se produce por déficit proteínico. (¡Qué descarado es Santos cuando pretende hacernos creer que Colombia es un país de “ingreso medio alto”!)

Algunos niños alcanzan a llegar a los hospitales y puestos de salud; hay quienes se salvan pero para otros es demasiado tarde. Aun los que logran sobrevivir pueden padecer el resto de sus vidas por bajo desarrollo cerebral y otras secuelas de la malnutrición. Varios infantes han perecido en los hospitales por falta de atención o por procedimientos inapropiados, según ha reconocido el gobierno. Otros han muerto en manos del Bienestar Familiar.

Los operadores contratados por el ICBF le llevan a cada niño semanalmente una bolsa de leche de 200 ml y un pedazo de pan. Ocurre con frecuencia que dichos alimentos están deteriorados y les provocan a los supuestos y ya debilitados beneficiarios terribles diarreas, con lo que los empujan a la muerte. Los tales operadores gastan en la alimentación de cada niño menos de un cuarto de lo que reciben por parte del ICBF, y se enriquecen velozmente con la hambruna de los niños. Tanto que en los dos últimos años se han robado del programa de alimentación escolar en la Guajira 3.757 millones de pesos.

No sólo ocurre en la Guajira. En los siete departamentos de la costa Atlántica el robo a la alimentación de los escolares suma casi trece mil millones de pesos. Los alimentos se entregan descompuestos, las raciones se empequeñecen y son menos nutritivas; además su número es inferior al de los escolares que las requieren, por lo cual muchos tienen que pasar la jornada sin probar bocado. Las madres comunitarias que adelantaron una valerosa protesta frente a las instalaciones del ICBF en Bogotá y otras ciudades denunciaron que han ocurrido muertes por desnutrición en capitales de departamento y varios municipios y que las artimañas de los ladrones aconchabados con el gobierno son las mismas en todo el país.

Nada de eso importa, lo que interesa es colmar los bolsillos de los socios de las asociaciones para delinquir como la Fundación Acción Social Integral o Fundación Pueblo Bello en Nuestro Corazón o Fundación Pa’ Todo el Mundo o Fundación Kábala, que es la misma, pues ha cambiado de nombre después de cada escándalo y ha conseguido nuevos contratos con sus nuevas razones sociales. Así pululan en Colombia las sociedades y ONG que esconden la avaricia con nombres tan tiernos. Las gomelas o pupis Parodi y Plazas, que han tolerado y alentado con sus políticas de contratación todas estas rapiñas, ahora se rasgan las vestiduras y anuncian investigaciones y cancelación de contratos. Quizá alguno vaya a la cárcel o quede sin su tajada, pero los desfalcos se incrementarán, porque son esencia de este sistema.

Para colmo, el régimen de Santos redujo el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar de más de ochocientos mil millones a menos de la mitad. El gasto del Estado se reduce a costa de la desnutrición de los estudiantes, y todo para obedecerles a los financistas, quienes a través de las empresas calificadoras de riesgo, apremian a los obsecuentes Santos y Cárdenas para que mermen el gasto social en provecho de los agiotistas internacionales. De tal manera que la proeza que propone Santos no es menor: con los escolares hambreados, hacer de Colombia la más educada.   

Volviendo a lo que ocurre en la Guajira, es necesario decir que la producción del Cerrejón alcanzó los 34 millones de toneladas de carbón al año, que si se tasan al precio internacional más bajo, USD 42, significa que el valor de las exportaciones es de USD 1.428 millones, o cuatro billones trescientos mil millones de pesos por año, mientras que el presupuesto del departamento es de apenas 431.000 millones de pesos. Las regalías que pagaba el carbón eran equivalentes al 15 % de las exportaciones, luego se rebajaron al 6,7 %. El Cerrejón ha deforestado 12 mil hectáreas y ha resembrado solamente 3.000. En gran parte como producto de la explotación del carbón, se han secado varios arroyos: Oscuro, Bartolico, San Vicente, La Pobrecita, Araña de Gato y otros. Están en riesgo el arroyo Bruno y el propio río Ranchería, a los cuales la empresa quiere cambiarles el curso para explotar el carbón que yace en su lecho. Las actividades agrícola y ganadera del departamento se han deteriorado hasta ser casi insignificantes en su producto bruto. De tal manera que a la península la abate la miseria en tanto que los dueños del Cerrejón, las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore, recogen billonarias riquezas. Santos debería ir de nuevo a la Sierra Nevada, esta vez a rendir cuentas a los indígenas a quienes de manera tan infame defraudó, y para que la justicia aborigen lo condene al menos a una azotaina.

Es de destacar que el presidente de Carbones del Cerrejón SA es Roberto Junguito Pombo, quien, además trabajó con la Consultora Mckinsey, cargo en el que asesoró el montaje de Transmilenio; fue también vicepresidente de Valores Bavaria, vicepresidente de operaciones de Avianca, presidente de Aero República, la cual entregó a Copa Airlines. Es decir, siempre ha estado ligado al gran capital colombiano y transnacional. Es hijo de Roberto Junguito Bonnet, quien fue ministro de Agricultura y Hacienda en el gobierno de Belisario Betancur, embajador en Francia durante la administración de Barco, ministro de Hacienda de Uribe y codirector del Banco de la República. 

Viene también a cuento mencionar que Hernán Martínez fue el ministro de Minas y Energía desde 2006 hasta 2010, es decir, en todo el último periodo presidencial de Uribe. Fue sancionado por la Contraloría por rebajarle de manera dolosa las regalías a Prodeco, (más de lo que la alcahueta ley le permitía) empresa carbonífera colombiana que opera en el Cesar y que ha terminado siendo subsidiaria de Glencore. Martínez fue también presidente de Atunec SA y de International Colombia Resources Corp. Recién salido del Ministerio fue nombrado en la junta directiva de Medoro Resources, firma canadiense con explotación aurífera en Marmato, Caldas.

Ese es el engranaje diabólico en el que está atrapado el país: las multinacionales explotan nuestros recursos, el trabajo y el mercado nacionales. Los gobernantes tipo Santos, Uribe, Vargas Lleras, Martínez o Junguito y sus congéneres les reducen los impuestos, les rebajan el precio de la mano de obra, les entregan en bandeja las cabezas de los productores nacionales y les acolitan desplazamientos de pobladores y otros atropellos o les venden en baratillo los bienes públicos. En retribución, el gran capital extranjero les ofrece a estos politicastros apátridas altos cargos en las firmas foráneas, sinecuras en los organismos multilaterales, sobornos y otras prebendas. Los congresistas subastan su voto en favor de esos desmanes y a cambio ellos y sus familiares se hacen acreedores a empleos diplomáticos o empresariales, a cuotas en los cargos del Estado y a jugosos contratos. El mecanismo abarca hasta los niveles departamental y municipal. Los diputados, concejales, gobernadores y alcaldes y sus capitanes, que les recogen los votos a los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical, Conservador, quedan facultados para entregarles contratos a sus compinches para que el botín se reparta con los funcionarios. Del saqueo, como se ha visto, no se salva ni la alimentación de los niños, pues los cabos y sargentos, tenientes y capitanes, coroneles y generales de las banderías oficialistas no se pueden poner con miramientos ya que están presurosos por enriquecerse, y el erario y el soborno son sus principales filones. Cuando los latrocinios sobrepasan los guarismos de miles de millones, los cacos de cuello blanco se hacen merecedores del calificativo de “gente de bien” y de “familias honorables” de nuestra escarnecida república.