Por Alfonso Hernández
Suele decirse que la confianza mata, y a Álvaro Uribe, el imbatible en las encuestas de opinión, un error garrafal de cálculo lo tiene bastante maltrecho. En medio de su trapicheo reeleccionista decidió colmar los apetitos de los dueños de las EPS, procediendo de manera inmisericorde a imponer a los colombianos el pago de sumas exorbitantes por la atención en salud que no esté incluida en el POS, a restringir éste aún más y a escarmentar a los médicos que osen dar prioridad a la salud de los pacientes sobre las cuentas avaras del “costo beneficio”.
Presentamos lo que dicen el presidente Álvaro Uribe y el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, acerca de dos de los asuntos más polémicos de los recientes decretos de Emergencia Social promulgados por el gobierno: la desmejora de los servicios y el pago con las cesantías, las pensiones o hipotecándose con los bancos, de las llamadas prestaciones excepcionales. A la vez, presentamos el texto de lo que dicen los decretos para que el lector vea cómo se le miente olímpicamente al país.
Colaboración para Notas Obreras de Camilo Hernández M.D.
Con la utilización de la Emergencia Social para tratar la crisis de la salud, el gobierno busca ocultar las verdaderas raíces de un problema que lleva 16 años, desde la expedición de la Ley 100, y tomar unas medidas que lejos de resolver el problema lo van a profundizar. Con demagogia pretende hacerle creer al país que su afán es nivelar el POS subsidiado (Sisben) con el contributivo, mientras esconde sus verdaderas intenciones de favorecer aún más a sus aliados monopólicos de las EPS.
Enero 29 de 2010
La Academia Nacional de Medicina de Colombia expresa su profunda preocupación con motivo de los decretos-ley que han sido expedidos en el marco de la Emergencia Social decretada por el Gobierno y cree que, en conjunto, tales decretos representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática.
El plenun de la asociación colombiana de sociedades científicas conformado por las organizaciones científico gremiales de especialidades y subespecialidades en sesión extraordinaria reunida en la ciudad de Bogotá reunida el 29 de enero del corriente, tras el logro de consenso se permiten informar a la opinión pública.
Decreto 120: Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol. Decreto 126: Por el cual se dictan disposiciones en materia de Inspección, Vigilancia y Control. de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones. Decreto […]
El gobierno declaró, mediante el decreto 4975 del 29 de diciembre de 2009, la Emergencia Social para adoptar de manera expedita medidas que le permitan garantizar abultadas utilidades a las empresas que se lucran con el negocio de la salud.
Por Alfonso Hernández
La noticia de que el Presidente declarará la emergencia social por la crisis del sistema de salud, más que el reconocimiento tardío de esta grave situación, constituye un anuncio de nuevas desmejoras y mayores tributos. Pretextando que va a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que los regímenes contributivo y subsidiado deben tener los mismos beneficios, y la promesa de alcanzar el cubrimiento de toda la población, el mandatario prepara una nueva reforma tributaria para los entes territoriales y la exclusión de varias enfermedades, que no serán atendidas por las EPS ni su tratamiento sufragado por el Fosyga, Fondo de Solidaridad y Garantía, sino costeado por los afligidos, si cuentan con los recursos necesarios.
Este 11 noviembre, los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Zipaquirá iniciaron un paro general con el propósito de impedir la liquidación de la entidad. La inmensa mayoría del personal, con el apoyo de un nutrido grupo de usuarios, dio comienzo a la huelga en las horas de la madrugada y, exceptuando las urgencias, se suspendió la prestación de todos los servicios. Mientras que muchos funcionarios mantenían el control sobre las diferentes puertas de acceso, centenares marcharon a la Alcaldía municipal a entonar consignas contra la desalmada política de feriar las instituciones de salud.
Por Patricia García y Alfonso Hernández
Con el afán de entregar el hospital San Juan de Dios de Zipaquirá a los buitres financieros, el gobernador Andrés González dice basarse en un “estudio”1, de esos de conclusión anticipada, que sólo encontró un argumento: los deudores no le pagan la cartera al San Juan de Dios y, por ello, hay que liquidarlo. La celada quedó en evidencia, pues los mayores deudores son la propia Gobernación, con más de dos mil millones de pesos, y las EPS, morosas con más de cinco mil millones de pesos que, no obstante, buscan adueñarse del negocio.