Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
Por Alfonso Hernández[*]
Próximamente, el Gobierno presentará al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, desarrollo del artículo 288 de la Constitución de 1991, que busca dividir la nación en regiones. Dicha tendencia fragmentadora no se aplica con exclusividad a Colombia, puesto que constituye el complemento indispensable, la otra cara de la globalización. La organización federal de los países sojuzgados es la que mejor se ajusta a los intereses imperialistas de hoy, pues mina el logro de los pueblos que, durante los siglos XIX y XX, se sacudieron de la dominación colonial y constituyeron Estados con independencia política y mercado interior relativamente autónomo.
Por Alfonso Hernández[*]
El pasado 5 de mayo, cerca de medianoche, el Senado aprobó al Plan Nacional de Desarrollo denominado Cambio para Construir la Paz. Para imponerlo, el gobierno, haciendo uso de los métodos de la democracia participativa, arremetió a bastonazos y con gases lacrimógenos contra las masivas protestas de educadores, trabajadores de la salud, obreros, estudiantes y padres de familia, quienes durante semanas colmaron las plazas y calles principales de ciudades y pueblos. El mamotreto en mención legisla sobre lo habido y por haber y el Congreso está obligado a aprobarlo en un plazo perentorio o el presidente lo expide por decreto. El pupitrazo que dio vida legal al Plan, lleno de prédicas acerca de la transparencia, fue antecedido por el corte de la señal de televisión para facilitar el agitado bazar de prebendas para los parlamentarios de la Alianza para el Cambio y los demás que comprometieran su voto. Fue tal la premura que, según Portafolio del 25 de mayo, el gobierno “lo estudiará a fondo”, pues “no se supo qué quedó y qué no.”
Por Alejandro Torres y Alfonso Hernández[*]
En un ambiente cargado de cortapisas al debate, el Congreso acaba de aprobar el “Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario”, impuesto por el gobierno de Álvaro Uribe. El Plan, retazos de temas y reglamentaciones de distinta monta sin mayor orden, no hace cosa distinta que enconar los quebrantos nacionales, adoptando, una vez más, la mortífera receta del Fondo Monetario Internacional. El legislativo, con muy pocas pero honrosas excepciones, como la del senador Jorge Enrique Robledo, aclamó todo sin discutir ni un tema sustantivo, sino que se entregó a un regateo mezquino para obtener boronas como pago por su obediencia. Claro que el trámite en las Cámaras es un puro formalismo, pues el artículo 341 de la Constitución dispone: «Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley», y agrega que la «inclusión de proyectos de inversión […] requerirá el visto bueno del gobierno nacional». Se trata de otro de los casos en los que tras los supuestos procedimientos democráticos se oculta el despotismo.
Por Alfonso Hernández[*]
El 21 de junio los colombianos tendrán que escoger para presidente entre Horacio Serpa, candidato del gobierno de Samper y del Partido Liberal, y Andrés Pastrana, vocero del Partido Conservador y de un nutrido grupo de gaviristas. Aunque el delfín azul cuenta con la predilección de Washington, los dos han dado pruebas fehacientes de que están dispuestos a cumplir los dictados colonialistas de los Estados Unidos. Los comicios del 31 de mayo derrotaron, por lo pronto, las aspiraciones de Noemí Sanín, ex funcionaria de los últimos cuatro gobiernos y líder de un movimiento que quiere tomar distancia de los partidos tradicionales para defender novedosas propuestas financiadas por los mandamases de siempre; y un exiguo número de sufragantes apoyó el programa de orden del general Harold Bedoya.
Por Alfonso Hernández
Una vez negociado el reparto del botín burocrático, la Comisión Primera del Senado aprobó por mayoría —conformada por uribistas y conservadores— el proyecto de reforma constitucional que busca abrirle paso a la reelección de Uribe. Éste, proclamado adalid de la lucha contra el clientelismo y la politiquería, no tuvo empacho alguno, luego de que la bancada goda ventilara en público sus apetencias, en ofrecerle como pago la Vicepresidencia, algunas carteras, los organismos de control o numerosos cargos diplomáticos.
Por Alfonso Hernández[*]
Colombia entró penosamente en el cuarto año de la presidencia de Ernesto Samper. Éste no sólo ha desvencijado la capacidad productiva del país, también hizo jirones su soberanía. Hay quienes dicen que mostró un gran aguante ante la acometida norteamericana, pues se mantiene en el cargo. No carecen de razón. Durante cerca de tres años el presidente viene soportando, sin una protesta, sin un gesto de dignidad, los oprobios con los que lo cubren los emisarios de la Casa Blanca. No renuncia porque apacigua a sus amos entregando día tras día el patrimonio material y moral de la república.
Por Alfonso Hernández
La única cura posible para los males que aquejan a Colombia es la prolongación perpetua del mandato de Álvaro Uribe, así lo prescribió el asesor presidencial Fabio Echeverri en la entrevista concedida a Yamid Amad, el domingo pasado. Dijo que sólo hay que convocar al pueblo para que abra campo a la reforma constitucional pertinente y anunció la formación de un partido cuyo credo y norma de conducta serán la voluntad del aspirante al trono. De ser necesario, el Congreso será sometido mediante la recolección de firmas, y las banderías políticas que no acaten enfrentarán la furia del bando de los “pura sangre”, apelativo que tiene al menos dos significados.
La democracia participativa
Por Alejandro Torres
Desde hace más de una década el país asiste al auge de la llamada democracia participativa; en su nombre se revocan mandatos, se impulsan referendos, se efectúan plebiscitos, se hacen privatizaciones, se viola la ley, se aupa el federalismo. El invento, que corre parejo con la apertura, va contra el interés nacional, e integra la superestructura ideológica, jurídica y política de la recolonización de Colombia.
Por Alejandro Torres y Guillermo Alberto Arévalo[*] Recorrer los escombros de los pujantes municipios y veredas del departamento del Quindío arruga el corazón. Hay tantas fachadas de viviendas sostenidas por palos de guadua, al lado de las que se derrumbaron definitivamente, de las que medio sostuvieron un precario tejado, de las que aplastaron vidas. La […]
Estados Unidos, so pretexto del combate al narcotráfico, ha venido aceitando toda su maquinaría intervencionista. Sus imposiciones se agigantan y cubren los más disímiles campos
Por Esperanza Lozano Castillo[*]
En cumplimiento de la agenda Frechette, la Comisión Primera del Senado acaba de aprobar la extradición de colombianos para ser juzgados en el exterior, de hecho en los Estados Unidos. Los señores Samper y Serpa, dejando a un lado las actitudes remolonas, apremian al parlamento a obedecer las órdenes imperiales. El ministro del Interior, antes de dejar el cargo para lanzarse a la campaña presidencial, se afana por mostrarle al gobierno norteamericano que tiene en él a otro obsecuente servidor. Ya lo había demostrado cuando llamó al Congreso a dejar de lado todo escrúpulo jurídico para aprobar la ley de extinción de dominio. Desde luego, el proyecto se discute en medio de la vocinglería de los grupos monopolistas que claman porque se apruebe lo que sea con tal de satisfacer al Tío Sam.