Economía colombiana

Por Alejandro Torres

En 2008, 25 grandes empresas del llamado sector real tuvieron utilidades por más de $23 billones. Dentro de ellas se encuentran 18 multinacionales, la mayoría dedicadas a los hidrocarburos, el carbón y la energía, las que obtuvieron ganancias por más de $9 billones; seis compañías estatales, encabezadas por Ecopetrol (que ganó $11.6 billones, el doble de 2007), EPM, ISA, ISAGEN, EAAB y el Grupo Energía de Bogotá; y una de capital privado, principalmente nacional, la Compañía Nacional de Chocolates, del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, uno de los oligopolios más poderosos del país^[1].

La fiesta del capital parasitario

Que se unan todos los sectores susceptibles de unirse y se lancen a la calle a exigirle al gobierno que revoque de inmediato la liquidación, reintegre a los 600 despedidos y le devuelva a Emsirva la prestación de los servicios de aseo y recolección y disposición de basuras. Sólo así el régimen retrocederá y, además, verá comprometido su empeño de clavarle las garras a la más codiciada presa de los privatizadores: las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Por Alfonso Hernández
El gobierno ha anunciado un conjunto de reformas de orden económico, de la rama judicial, y la reglamentación del estatuto antiterrorista. En el primero de los aspectos mencionados, el régimen continúa sin contemplaciones con la pauperización de las mayorías; en el segundo ata las manos a la rama judicial para que no se interponga de ninguna forma en el arrasamiento de derechos y garantías mínimas y, finalmente, pretende convertir al país en un conjunto de celdas y patios en los cuales habrá que pedir permiso a los carceleros para entrar o salir.

Por Alfonso Hernández
En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.

Por Alfonso Hernández

No existe duda de que el Gobierno de Álvaro Uribe se ha propuesto trabajar y trabajar para cumplir los mandatos estadounidenses: asumió una actitud casi insular de respaldo a la agresión al pueblo de Irak, que ya cumple un año, ha abogado por la imposición del ALCA y se afana por aherrojar a Colombia con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Privatización del sector eléctrico

Alejandro Torres^[*]

El 15 de septiembre, Luz de Bogotá y Capital Energía, compañías de fachada de la trasnacional española Endesa, prácticamente se apropiaron de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, mediante la compra de la mitad de las acciones de Emgesa y Codensa, sociedades en las cuales el gobierno concentró las actividades de generación y distribución de la empresa capitalina y a las que se había subvalorado de manera escandalosa para poder presentar el torticero negociado como un éxito para Colombia. Éste es el más reciente capítulo de la aberrante entrega de la propiedad eléctrica del país a los monopolios, que ya se apoderaron de 50% de nuestra capacidad de generación; y una prueba de que, cuando se trata de servir a los intereses imperiales, samperistas y mockusistas son el mismo perro con la misma guasca.

Por Alfonso Hernández^[*]

En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.

Por Francisco Cabrera^[*]

Los millones de toneladas de acero devorados por la hoguera de la Segunda Guerra Mundial, primero, y las ingentes cantidades de mineral que demandó posteriormente la reconstrucción de la porción del globo arrasada por la conflagración, generaron tal escasez, que el Estado colombiano tuvo que enfrentar el montaje de una industria siderúrgica propia. En 1947 el Congreso de la República dictó la ley 45, mediante la cual se creó la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río. Hoy, 50 años después, el presidente de la compañía, y representante del llamado Sindicato Antioqueño, Néstor Fernández de Soto, anuncia su liquidación. Que la empresa “nació muerta” y “no es viable financieramente” dice, bajo el influjo del economismo en boga, ajeno por completo a los intereses nacionales. Pasaremos de tener la industria madre, una siderúrgica integrada, a no tenerla, feriando nuestros recursos mineros al mejor postor en el mercado mundial. Lo que el conglomerado urde es estafar a la nación traspasándole el pasivo pensional y arrebatar a los obreros los ahorros de sus cesantías. De contera se condena a la ruina al resto de la industria del acero y al departamento de Boyacá. ¿Lo permitiremos?

Por Alfonso Hernández^[*]

Desde mediados de julio la movilización campesina se extendió por todo el sur de Colombia. Comenzó en El Guaviare el día 15, cuando más de diez mil labriegos se congregaron en El Retorno dispuestos a marchar a San José, y cerca de 20 mil ocuparon la pista del aeropuerto de Miraflores. Se extendió luego al Putumayo, donde unos 60 mil agricultores tomaron los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre. Abarcó al Caquetá, departamento en el que cerca de 45 mil personas, que proceden de Itarca, San Vicente del Caguán, Doncello, Paujil, Puerto Manrique y otros, luchan por llegar a la capital, Florencia. Incluyó también varias localidades del Meta y Cauca y posteriormente otras regiones como Norte de Santander y Bolívar.

Por Francisco Cabrera^[*]

Por Francisco Cabrera “La descentralización administrativa, junto a la novedad de los alcaldes elegidos en las urnas, brinda asimismo una magnífica oportunidad para subir escandalosamente los múltiples arbitrios que aletean sobre los predios de las localidades. El que quiera ‘apertura democrática’ que la compre”. Francisco Mosquera