Economía colombiana

Entre el paquete de medidas que prepara el gobierno de Duque contra la nación y el pueblo se encuentra la venta de otra parte de Ecopetrol S.A., la más importante empresa de los colombianos.

Rechazamos las tropelías del régimen contra la producción interna. Nos oponemos a las importaciones de azúcar o etanol, pero rechazamos que esta posición de principios sirva para disimular las fronteras de clase y poner a obreros y campesinos a servir de furgón de cola de la oligarquía burgués terrateniente. Condenamos la proditoria teoría del “gran barco” que esgrime muy a menudo Robledo, para jurar que él ni su partido proponen “acabar con la propiedad privada” —toda, sin diferenciar entre pequeña y grande, monopolista, nacional o extranjera.

Urge ejercer la soberanía, no la “regulación” de las diferentes áreas que componen el sector eléctrico, nacionalizarlas y planificar centralizadamente su desarrollo.

Se necesita ser demasiado intonso, o asaz artero, para endosar que el mismo ente que exige perentoriamente arrasar con los salarios, las pensiones y toda clase de garantía legal y extralegal obtenida por los descamisados de Colombia en más de una centuria de abnegadas batallas, a su vez se vaya a hacer cargo de acabar con la subcontratación y los pactos colectivos y a entibar los sindicatos, la negociación colectiva y hasta la huelga, quitándole las limitaciones hoy existentes, éstas últimas, herramientas por excelencia del proletariado para su lucha económica contra el capital, es decir, su palanca para vender en mejores condiciones la fuerza de trabajo.

Dado que los funcionarios del gobierno de Santos han alegado ser totalmente inocentes aduciendo que tanto Glencore como CB&I ya habían sido contratados antes de agosto de 2010 y Santos afirmó que “El origen del pecado o el pecado original en Reficar sucedió en el gobierno anterior”, es necesario referirse a los pecados mortales de esta administración.

Juan Manuel Santos, en la sima de la desvergüenza, y en vez de responder por este descomunal desfalco y por otros fraudes, ha salido a pedirles mayores sacrificios a los colombianos, a recortar el presupuesto y a preparar otra reforma tributaria para que las compañías extranjeras, los grandes bancos internacionales y su alta burocracia puedan continuar la fiesta a costa del hambre y las penurias de millones de connacionales.

Las propuestas robledistas de embellecerle la cara al régimen, exigiendo no la desprivatización total de los sectores estratégicos de la economía, sino el “control político” a los gobernantes apátridas por el establo parlamentario, no conducen sino a corromper a las masas, a sembrarles ilusiones en el régimen opresor y a apuntalar a sus enemigos.

La suerte de 48 millones de colombianos no puede seguirse dejando a merced de los vaivenes del mercado; es decir, de los caprichos de los linces mundiales de las finanzas y de los apetitos de las multinacionales, a quienes con tanta obsecuencia les sirven Santos y sus congéneres.

Según se aprecia en las noticias y los comentarios de prensa, hay un estado de euforia en Colombia.

Por más que se trate de adornarlos, los impuestos al consumo han sido, son y serán siempre regresivos. La Revolución Francesa estableció la fórmula que aún hoy resolvería la cuestión tributaria mediante la siguiente regla simple: impuesto universal, progresivo y único. Los 1.500 artículos del Estatuto actual y los 900 de la reforma santista son el resultado de las maniobras de una burguesía decrépita por acomodarlo todo a sus exclusivas conveniencias.