La “nueva” política gringa hacia Colombia, una reedición corregida y aumentada de la vieja política neocolonial

Sobre la visita del secretario de Estado norteamericano.

La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llevada a cabo el pasado 20 y 21 de octubre, para asistir al Noveno Diálogo de Alto Nivel Estados Unidos-Colombia (HLD, por su sigla en inglés), reunión que se viene efectuando desde 2010, pasó relativamente desapercibida, si se tienen en cuenta los múltiples asuntos que fueron tratados en solo dos días. Duque y la canciller no cabían de la dicha, pues en esta ocasión el visitante no era el subsecretario del tercer secretario para el hemisferio, sino el principal miembro del Gabinete. Los opositores acusaron el golpe, porque, hasta ahora, el desdeñoso míster Biden apenas se había dignado pasarle una vez al teléfono a Duque, pero ni le ha estrechado la mano, ni le ha ordenado que se siente para darle de viva voz y cuerpo presente las directrices; no obstante, con tan encumbrado huésped, pudiera suceder que tal ocasión estuviera acercándose. La canciller lo auguró, henchida de orgullo:

Hace seis meses decían ‘es que el presidente Biden no va a hablar con el presidente Duque’, pero hablaron por teléfono y todavía hay más de setenta presidentes del mundo que dicen ‘no he podido hablar con el presidente Biden’, muchos en nuestra propia región.

Tan grotescas reyertas revelan, una vez más, la naturaleza servil de esa cáfila de gobernantes colombianos y aspirantes a serlo cuyas deseos se colman con un golpecito del amo en la espalda, así sea en el anonimato de un mingitorio.

Lo tratado que, en buena parte, se mantiene en secreto y que, según se anunció, será dado a conocer “en los próximos meses”, dejó ver la acucia de la gran potencia por retomar la iniciativa en esta parte del mundo y reafirmar a los países al sur del Río Grande como su seguro patio trasero.

Como primera medida, se ratificaron los acuerdos preliminares del pasado mes de septiembre del Grupo de Trabajo Antinarcóticos, presentados como una nueva estrategia conjunta orientada a reducir la oferta de estupefacientes, impulsar la seguridad y el desarrollo rural integral y proteger el ambiente. Estrategia, cuyos planes piloto se están ya desarrollando en los municipios de Cáceres, Sardinata y Tumaco que hacen parte, respectivamente, de tres de las llamadas Zonas Futuro: la del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, la del Catatumbo y la del Pacífico Nariñense. Las dos restantes, son las de Arauca y la del Chiribiquete y Parques Nacionales. Estas cinco zonas cubren 44 municipios, localizados en los cuatro puntos cardinales del país. Aún más, expresamente tales acuerdos se orientan a incidir “con énfasis en los territorios de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, es decir, en 170 municipios con 11.000 veredas, que abarcan el 36 % del territorio nacional, casi la mitad de los parques naturales nacionales y en los que moran cerca de 7 millones de habitantes. En los municipios piloto, según lo afirmó la subsecretaria adjunta Antinarcóticos y para la Aplicación de la Ley, Heide Fulton, se va a desarrollar el nuevo enfoque para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Para los gringos, la cuestión de los narcóticos sigue teniendo un papel prominente en las relaciones con Colombia. Empero, lo principal de la “nueva política”, al igual que la antigua, es que se usa como pretexto para intervenir a gran escala en el país. El 25 de octubre, la Casa Blanca emitió un comunicado que revelaba detalles del plan: enfocar el combate contra los narcóticos no solo como una cuestión de salud o de corrupción sino como crimen ambiental, en particular por su incidencia devastadora en la región amazónica, lo que viene como anillo al dedo en esta era de supuesta preocupación por el cambio climático por parte de quienes han sido sus primeros depredadores de la naturaleza. Como se trata de una política “holística”, se señaló que la nueva aproximación al problema reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental, de tal manera que se logre el doble beneficio de disminuir el ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos, mientras las comunidades rurales en Colombia obtienen mayor seguridad y prosperidad. Todo enmarcado en los esfuerzos de la administración Biden-Harris de enfrentar la epidemia de adicción y sobredosis en los Estados Unidos, recrudecida en lo que va de la pandemia. Epidemia, a causa de la cual, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, murieron por sobredosis en el país del norte más de 90.000 personas —20.000 más que en el año anterior—, 65.000 de ellas, el 75 %, por el consumo, no de narcóticos originados en cultivos como la cocaína o la heroína —que, desde luego, también causan pérdidas de vidas—, sino de drogas como el fentanyl, la metadona y otros opioides sintéticos, o las metanfetaminas manufacturados ilegal o legalmente en el propio país del Norte; una buena parte formulados dentro de un plan siniestro fraguado por grandes laboratorios farmacéuticos para disparar sus ganancias a costa de volver adictos y envilecer a millones de norteamericanos, ante todo jóvenes, de entre 16 y 25 años.

La “nueva política” consta de tres componentes, que explicaron de la siguiente manera: el primero, reducir la oferta y la demanda, que se basa en erradicar cultivos, destruir laboratorios, decomisar drogas, controlar el lavado de dinero y llevar a los narcotraficantes ante la justicia. El segundo, la seguridad y el desarrollo rural: que contempla una ejecución comprehensiva del Acuerdo de Paz con las Farc; una masiva inversión rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, incluida la protección de líderes comunitarios; reducir la dependencia de la coca; ampliar la formalización de la tierra, y cambiar la forma como los Estados Unidos y Colombia miden los progresos alcanzados. En tercer lugar, la protección ambiental y la exploración de nuevas formas que permitan restaurar los bosques tropicales, eliminar los campos cultivados de coca y los laboratorios; proscribir los “santuarios” para los grupos armados ilegales y avanzar en los objetivos de contrarrestar el cambio climático en la clave región del Amazonas, incluyendo la reforestación y un permanente monitoreo y patrullaje de seguridad.

Para cumplir con los “plausibles· objetivos, los dos gobiernos declararon que en el Diálogo de Alto Nivel se tomaron decisiones de trabajo conjunto en áreas como desarrollo económico y social, reforma rural, registro de tierras y formalización de parcelas —ya en práctica en 11 municipios—, comercio, educación, salud, cultura y deportes, ambiente y cambio climático, transición energética,  infraestructura; sobre los “valores compartidos” de democracia, buen gobierno y respeto a los  derechos humanos, migraciones, lucha antinarcóticos, implementación de la paz, “formación” de jueces y fiscales, comunicaciones, seguridad e inteligencia, presencia institucional, desmantelamiento de las redes criminales y sus economías ilícitas. En fin, una abierta y profusa intervención cuasicolonial de los Estados Unidos en la vida de la nación.

El vocero norteamericano dejó  claro, además, que la “nueva estrategia” se enmarca en el plan del gobierno Biden denominado Build Back Better World (B3W) Reconstruir un Mundo Mejor, lanzado en la última reunión del Grupo de los Siete, G7, en junio de este año, en Cornualles, Reino Unido, y adoptado por las otras poderosas naciones que lo componen: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, el cual se centra en un gigantesco proyecto de inversiones por parte de entidades públicas, de las instituciones financieras internacionales y de los monopolios privados en infraestructura en países de bajos y medianos ingresos, y que apunta, expresamente, a contrarrestar la estrategia de China de la Nueva Ruta de la Seda o Iniciativa de la Franja y la Ruta, que consiste en el más agresivo designio de expansión imperialista del coloso oriental, inicialmente en Eurasia y África y que tiene también como uno de sus componentes la inversión billonaria de divisas en infraestructura. En últimas, se trata de reafirmar a Colombia del lado yanqui en la disputa económica y geoestratégica que se encona cada día entre estas dos grandes superpotencias.

Trascendió que son cuatro las áreas de infraestructura que se proyecta “financiar” en Colombia dentro del B3W. Acción climática, que busca, con parla ambientalista, invertir en los grandes negocios del futuro para los monopolios como los de la llamada transición energética, es decir, la generación de electricidad por medio de recursos renovables, y la “movilidad” limpia, o sea el transporte también con base en combustibles y energías no fósiles, y un asalto a la invaluable riqueza colombiana en biodiversidad. La forma más  consecuente de defender el medio ambiente es desnudar el engaño de los imperialistas de presentarse como sus cruzados cuando su único y real interés es capturar las descomunales ganancias que se derivarán de la aplicación de los avances científicos y tecnológicos a la explotación de las fuentes alternativas de energía.

En salud, se habla de la llegada del “conocimiento” de empresas norteamericanas a la producción de vacunas y de nuevas tecnologías para el sector, con lo que se arrasará lo que queda de la industria farmacéutica local y se profundizará el control gringo y nuestra dependencia en este sector vital para la seguridad y la soberanía. En tercer lugar, están las inversiones en transición tecnológica, que abarca “alianzas estratégicas con empresas norteamericanas” para la ampliación de la cobertura de internet, ciberseguridad, internet de las cosas, inteligencia artificial, tecnología financiera y tecnología educativa. Por último, las inversiones en “equidad de género”, un aspecto que tiene tanto de negocio como de embestida ideológica usando para sus fines la bárbara discriminación de la mujer, también connatural a los regímenes de explotación, para tratar de alienar su lucha creciente por justas reivindicaciones y minar su unión férrea con los hombres tras los objetivos supremos de la liberación nacional y social. Sin descontar que la fementida inclusión en proyectos productivos y en las llamadas cadenas de valor reviste el propósito  de redoblar la explotación sobre las mujeres y, con ello, un abaratamiento general de la mano de obra, pues se trata de “incluirlas”, conculcándoles, por ejemplo, los derechos laborales o pensionales, tal como lo proponen los organismos multilaterales controlados por las potencias.

También acordaron reexaminar, con vistas a fortalecerlo, el Plan de Acción para la Igualdad Racial y Étnica (CAPREE), lanzado en 2010, con el supuesto propósito de fomentar la “inclusión” de las poblaciones afrocolombianas e indígenas y de otras comunidades marginadas. Los Estados Unidos tienen también una larga tradición de aprovecharse de los conflictos originados en la discriminación territorial, racial o étnica, connatural al régimen de explotación capitalista, para sembrar la discordia y la división entre los pueblos y las naciones, para someterlos, atomizarlos y debilitarlos, como se vio, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia.

Se trata, entonces, de un vasto proyecto de intervención, bajo el control directo de Estados Unidos y la participación de las dependencias encubiertas y abiertas, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por su sigla en inglés), El banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (Eximbank, por su sigla en inglés) y las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) en las que la gran potencia occidental tiene poder determinante. Esto viene a sumarse a las misiones militares vigentes que “asesoran” a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta, integradas por decenas de miles de hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que operan en el nororiente, el suroccidente y el oriente del país.

Un punto que resulta especialmente álgido es el relacionado con la posición respecto de los acuerdos de paz pactados por el gobierno de Santos y las Farc, cuyo espaldarazo en la “nueva política” evidentemente incomoda al uribismo. No extraña que sea por el renovado respaldo del Pentágono a este proceso —que ha marcado una división profunda entre las facciones oligárquicas uribista y santista y, al lado de esta última, la izquierda—, por lo que muchos guardan silencio frente a la patente agresión a la soberanía nacional que implican las nuevas directrices de Washington. Vale la pena recordar que Notas Obreras llamó a votar favorablemente en el plebiscito al que fueron sometidos los acuerdos de Cartagena y aclaramos que lo hacíamos:

por una única pero poderosa razón: que amaine la violencia que ha asolado los campos de Colombia a lo largo de décadas, cubriéndolos de muertos y de heridos, de viudas y de huérfanos. Ello implicaría que al menos disminuya la masa de seres que huyen de sus parcelas y de sus pueblos para salvar la vida. Que se desminen los campos y cultivos. Que se les respeten la vida y los derechos a los desmovilizados y que se les conceda la amnistía. Si esto se logra, se habrán cosechado todos los frutos que puede rendir un pacto entre un régimen oprobioso y una guerrilla que, finalmente, ha tenido que admitir que su accionar ha disonado con el nivel de conciencia y organización de las grandes masas del pueblo y que, con algunos de sus procederes, causó repugnancia en los más diversos sectores sociales. Votando sí, se facilitará la concreción de estas posibilidades.

También dijimos que:

El yugo estadounidense se hará más asfixiante. Ya se anuncia que los capitales extranjeros, sintiéndose más seguros, entrarán a saco en tierras y factorías; su competencia ventajista causará mayores estragos a las empresas nacionales y los créditos onerosos devorarán una parte creciente del producto nacional.

La supuesta ampliación de la democracia implicará un tutelaje mayor del Tío Sam, incluso o primordialmente, sobre los partidos que surjan a raíz del acuerdo de paz, a los cuales les proveerá, directa o indirectamente, “protección”, finanzas e “instrucción” política. La tal democracia seguirá siendo, y con exceso, el instrumento del dinero y del poder político; su ampliación no significará nada distinto a que habrá algunos nuevos comensales en el comedor del servicio de la mansión de los potentados.

Y, en efecto, estamos asistiendo a una abyecta postración ante los ucases gringos, entre otras razones, porque estos, en lo que se refiere a los acuerdos de pacificación, contrarían las posiciones recalcitrantes del uribismo en declive. Sin duda, la “nueva política”, anunciada por Blinken, hará más oprobiosa la dominación yanqui; empobrecerá aún más a las masas en las extensas zonas rurales sobre las que el águila imperial hincará sus garras; pondrá en peligro la unidad nacional atizando, para su propio beneficio, conflictos territoriales, étnicos y hasta de género. La paz y los derechos humanos, el ambiente y el desarrollo “sostenible”, el combate al narcotráfico y el resto de la larga lista de intenciones, solo les interesan en tanto hacen parte de la caja de herramientas para facilitar el saqueo. Por lo que resultan igualmente traidores al interés del pueblo y de la nación quienes colaboran abiertamente con esta política, sean ultraderechistas o centristas, o los que se allanan a ella con su silencio cómplice. Engañan vilmente a las masas quienes dan por ciertas las cantinelas de la nueva administración gringa por la paz, la vida, el clima, los derechos de las mujeres, los jóvenes, los negros, los indígenas y de los humanos en general y hasta gradúan de defensor de la vida a un personaje como Biden que, en su medio siglo de vida pública, ha representado siempre lo más oprobioso de la política bipartidista norteamericana contra su propio pueblo, incluidas las minorías raciales, y sus felonías a lo largo y ancho del planeta.  

La renovada ofensiva imperialista norteamericana ha refinado el uso de sentidas reivindicaciones y anhelos de sectores sociales y territorios e incluso de exigencias que unen a miles de millones de seres en el planeta, como la protección de este frente al cambio climático, para ganar complacencia; pero también, como nunca antes, por el desarrollo de las contradicciones mundiales su dominación se hará más descarnada. Es hora de volver a levantarse con decisión contra el imperialismo, y de recordar la advertencia de Lenin de que la lucha contra este no pasa de ser una frase vacía si no se une férreamente al combate contra el oportunismo que envenena las causas del pueblo con las pócimas ideológicas y políticas de sus enemigos.

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