Ponencia actualizada sobre reforma a la salud para el Encuentro Nacional Sindical, Social y Popular Virtual del 11 y 12 de julio, 2020

Desprivatizar la seguridad social y, por tanto, abolir las EPS, las AFP y las ARL. El servicio público de salud debe ser financiado por el Estado, el cual debe garantizar recursos suficientes para que ningún colombiano carezca del derecho efectivo a la salud, es decir, a los servicios médicos generales y especializados, odontológicos, de cirugía, hospitalización y medicamentos.

El personal de medicina, enfermería y servicios generales y administrativos de hospitales y centros de salud públicos debe ser contratado por la nación a término indefinido y con todos los derechos laborales.

 ¡No más EPS! 

 Introducción 

La pandemia del covid-19 ha puesto a la orden del día, como nunca, el debate sobre el sistema de salud basado en el aseguramiento privado, creado por la Ley 100. Desde antes de la emergencia el país ya vivía el drama de las salas de urgencias colapsadas; del paseo de la muerte; de la negación de servicios, procedimientos y medicinas, y de la quiebra de la red pública, todo ello porque para las EPS e IPS lo principal es el negocio y no salvar vidas o aliviar los padecimientos de las personas. 

Lo primero que quedó al descubierto es que el país no tiene un sistema de prevención que permita actuar frente a epidemias o pandemias, porque con la Ley 100 el que tenía el Instituto Nacional de Salud fue destruido. Al funcionar bajo las leyes del mercado la prestación de los servicios de salud se concentró allí donde era más rentable y dejó en el abandono a los departamentos pobres y a las zonas apartadas que han tenido que enfrentar la pandemia con centros de atención de baja complejidad, en donde no hay, o son muy pocos, los especialistas y las unidades de cuidados intensivos UCI. Pero estas también son insuficientes en todas partes porque normalmente más del 50 % se encuentran ocupadas por pacientes que padecen enfermedades diferentes al covid-19 y, además, solo el 10 % de las UCI tienen infraestructura biosegura y menos del 2 % cuentan con presión negativa, condiciones necesarias para atender pacientes como los infectados por el coronavirus. A medida que el país pone en funcionamiento más UCI, ha aparecido una realidad aún más grave: no hay personal preparado suficiente para atenderlas, en cuyo caso da lo mismo que no tenerlas. Otro gran problema es que desde que apareció el primer caso del virus en Colombia el país mostró su gran incapacidad para la práctica de pruebas, y aún después de cuatro meses, las que se hacen son insuficientes, por lo que el número de contagios está siempre subvalorado. 

 Con la pandemia las EPS aprovecharon para suspender consultas y procedimientos, cuando no fueron los mismos pacientes quienes lo hicieron asustados de que los hospitales fueran focos de contagio, de tal manera que las aseguradoras terminaron quedándose con los dineros de las Unidades de Pago por Capitación, UPC, sin incurrir en mayores gastos. En contraste, las patéticas imágenes del personal médico y paramédico usando improvisados trajes de protección hechos con bolsas de basura y los plantones en los que exigen dotaciones de bioseguridad, salarios y condiciones laborales dignas, sacaron a la luz las aberrantes condiciones en las que se debaten, al tiempo que el gobierno, con descarada hipocresía, los exalta como héroes de la primera línea de lucha contra el virus. 

Durante la pandemia se ha gestado un nuevo saqueo a los recursos de la salud de esos que se volvieron recurrentes en el país. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gobierno afirmó que durante la emergencia ha destinado $7,1 billones de pesos para la atención en salud, pero “las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,94 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud”. 

Aquí trataremos de describir el sistema creado por la Ley 100 y sus nefastas consecuencias. 

La mentira de la cobertura universal 

La promesa de la Ley 100 fue la cobertura universal. Hoy la cobertura es del 96% de la población, pero por experiencia la gente sabe que tener una afiliación a una EPS no significa gozar del servicio a la salud. 

La salud no quedó en la Constitución como un derecho fundamental porque se concibió como un negocio. La tutela se generalizó como el medio para acceder a los servicios que niegan las EPS. La Ley 1751 de 2015, lo reconoció como derecho fundamental, pero quedó limitado por la reforma constitucional del acto legislativo 03 de 2011 que estableció la sostenibilidad fiscal. 

¿Qué es la sostenibilidad fiscal? 

En palabras de Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos “Para evitar un excesivo endeudamiento, debe haber límites a lo que los individuos tienen derecho a demandar de la comunidad”, O lo que es lo mismo: para pagar la deuda es necesario recortar el gasto social. 

Que el derecho a la salud es una mentira lo demuestran los cientos de miles de tutelas reclamando atención 

Durante 2018 se presentaron 207.734: 569 diarias y 23 cada hora. 

Flujo de los recursos en el sistema de salud 

El de la Ley 100 es un sistema en el que los recursos los aporta toda la sociedad, provenientes de las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo y del presupuesto (Sistema General de Participaciones). Pero la administración está en manos de las EPS que son intermediarias privadas parasitarias. Todos los dineros llegan primero a una bolsa que antes se llamaba el Fondo de Seguridad y Garantía, FOSYGA y hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. 

Unidad de Pago por Capitación – UPC 

Es el valor anual que se reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) supuestamente para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS) —antiguo POS— en los regímenes contributivo y subsidiado. 

Los llamados recobros incentivan el robo a la salud 

Son el pago que la ADRES hace a las EPS de cualquiera de los dos regímenes por los servicios médicos o por medicamentos no incluidos en el PBS —antiguo POS—. Este mecanismo se convirtió en un medio para que las EPS, funcionarios del Estado y bandas de pícaros desangren el sistema. 

Saqueo oficial de los recursos 

Con los actos legislativos de 2001 y 2007, Hasta 2014 el gobierno le quitó a la salud y a la educación 146,46 billones de pesos

Con la reforma tributaria de 2012 (Ley 1607), que abolió el pago de los 8.5 % sobre el salario del trabajador que les correspondía a los empresarios en la cotización a salud, estos han dejado de pagar 57,24 billones, entre 2014 y agosto de 2019. Al trabajador sí le tocó seguir pagando su aporte del 4 % y a los pensionados un 12 %. 

Desangre de los recursos por las ARS las EPS y entidades del gobierno 

1999: crisis del régimen subsidiado. Se crearon una gran cantidad de ARS para robarse la UPC presentando afiliaciones de personas ficticias y hasta muertos. La solución fue reducir su número de 236 a 40. 

2004: De los $6 billones que el Estado destinaba al régimen subsidiado se calculó que $2 billones fueron saqueados por la corrupción en las ARS. 

Escándalo de los recobros en 2010: Una maquinaria conformada por las EPS, empresas gestoras y funcionarios del Ministerio de la Protección Social y del Fosyga con sobrecostos en procedimientos y medicamentos, pacientes fiticios, y aprovechándose de las tutelas defraudaron al sistema de salud en una cifra cercana a los $4 billones. 

Coomeva EPS desvió recursos de la UPC para gastos de la entidad por un monto de $146 mil millones. 

Un cartel de recobros en el Ministerio de Salud saqueó recursos por $224 mil millones 

En Caprecom se produjo un desangre de medio billón en contratación. 

Saludcoop ostenta el record con los $1,7 billones que se apropió para hacer inversiones ajenas al servicio. 

En el departamento de Córdoba el gobernador Alejandro Lyons montó una maquinaria para robar al sistema $42 mil millones con enfermos de hemofilia ficticios, y en Bolívar el gobernador Juan Carlos Gossaín Rognini, usando un mecanismo similar le defraudó a la salud $26.274 millones. 

La de Duque es una reforma para salvar a las EPS a costa de encarecer la salud para el pueblo 

Acuerdo de punto final, en el cual el gobierno se comprometió a asignar $7 billones para cubrir parte de las deudas de las EPS y de los departamentos con las IPS, y que se pagarán con bonos de deuda pública (art 237 y 238 del PND). Se socializaron las deudas para salvar a las EPS. 

Las cifras de la cartera de las clínicas y hospitales reflejan el fracaso de la Ley 100. A mayo de 2019 la deuda a las IPS por servicios llegó a $10.1 billones de pesos, de los cuales el 59,1 % son mora. Los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo con $4 billones de pesos, de los cuales el 57,9 % son mora. En el régimen subsidiado las EPS adeudan a los hospitales y clínicas $2.9 billones, de los cuales el 66,9 % son mora. 

Escenas como las de la fotografía son comunes en los hospitales de la red pública

Al tiempo que se pagan las deudas de las EPS y se exonera a los empresarios del pago del aporte que hacían a la salud se aumenta el gasto de bolsillo para el pueblo 

El Plan de Desarrollo parte de que la gente pide más de los servicios que está dispuesta a pagar, y por ello prioriza las atenciones de baja complejidad, la medicina y la odontología general, a la vez que restringe las consultas con especialistas y propone el aumento del gasto de bolsillo: copagos, cuotas moderadoras y que todo lo que no está incluido en el PBS corra por cuenta del paciente. 

El artículo 242 priva de subsidios a millones de colombianos y los obliga a cotizar 

El Plan dispone una mayor focalización depurando el SISBEN. Por ello el director de Planeación viene diciendo que allí hay 6’000.000 de colados. Con la aplicación de la metodología del SISBEN IV se hará una nueva clasificación según la presunción de ingresos. Dice el artículo 242 que quienes “sean clasificados como no pobres o no vulnerables deberán contribuir solidariamente al sistema, de acuerdo a su capacidad de pago parcial”, contribución que va del 1 al 15% de la Unidad de Pago por Capitación, UPC del régimen subsidiado. Si la UPC del subsidiado es de $787.327,20, el 15% de 787.327,20 es 118.099,05, Es decir, más de lo que cotiza un afiliado al régimen contributivo con un ingreso de tres salarios mínimos. 

Como para el director del DANE en Colombia una persona con un ingreso mensual de $450.000 es de clase media, eso significa que millones de personas serán obligadas a “contribuir solidariamente al sistema”. 

Las relaciones laborales en el sector salud: sobrecarga de trabajo y míseros salarios 

En las IPS se han generalizado las diferentes modalidades de subcontratación y se explota sin contemplaciones mediante jornadas extendidas y salarios miserables. 

Las comunidades científicas han denunciado que al convertir la salud en negocio se ha cercenado gravemente la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas, afectando la esencia misma del acto médico. 

Las crisis de los hospitales de la red pública acosados por las deudas que tienen con ellos las EPS, las han tenido que padecer, además de los pacientes, los trabajadores a quienes se les despoja de todo derecho y en muchos casos se les deja sin su paga durante meses. 

Colombia se convirtió en exportador de servicios de salud 

Mientras la atención en salud es más precaria y costosa para el pueblo, crecen la inversión extranjera, la exportación de servicios y la instalación de zonas francas de salud, que ya llegan a 14 en el país. 

La inversión extranjera directa en este campo llegó a los US$1.270 millones. 

Algunos ejemplos de la apropiación del sector por capital extranjero: 

  • La multinacional inglesa British United Provident Association, BUPA, es la propietaria de Sanitas; 
  • Colmédica Medicina Prepagada, Aliansalud EPS, las clínicas El Country y La Colina en Bogotá, y la Clínica Portoazul en Barranquilla, están en manos de la norteamericana UnitedHealth Group, con presencia en 130 países;
  • Coomeva, la Clínica Farallones y Palma Real, en Cali están controladas por la norteamericana Christus Health, empresa que posee más de 60 clínicas y hospitales, y 350 centros médicos en Estados Unidos; 
  • Medimás, con casi cuatro millones de afiliados adelanta negociaciones y puede ser adquirida por la norteamericana Dynamic Business and Medical Solutions Inc (DBMS), con sede en Boston.  

La prevención es una frase vacía en las reiteradas reformas y en el Plan de Desarrollo 

Desde los orígenes de la Ley 100 a la prevención se le asignan importantes recursos que se quedan en las EPS sin que se realice actividad importante. Por el contrario, han reaparecido epidemias de fiebre amarilla, paludismo y dengue hemorrágico, enfermedades que durante más de 60 años estuvieron controladas por el Servicio de Erradicación de la Malaria, SEM, entidad que fue desmantelada. 

Inspección Vigilancia y Control otra frase vacía 

Con la Ley 100 surgió la profesión de los médicos auditores, que no son para controlar la calidad sino el gasto. Los auditores son de bolsillo de las EPS. La Superintendencia se vio obligada a suprimir las suyas porque estos funcionarios vendían contratos de auditoría y negociaban con las EPS para que estas contrataran a sus recomendados. 

Los recursos de la salud son públicos, pero están manejados por EPS privadas y la auditoría es privada, pero sin control público. 

El drama de la salud en Colombia no tendrá fin mientras sea un negocio privado y exista el aseguramiento parasitario de las EPS. Por ello 

Proponemos: 

  • Desprivatizar la seguridad social y, por tanto, abolir las EPS, las AFP y las ARL. El servicio público de salud debe ser financiado por el Estado, el cual debe garantizar recursos suficientes para que ningún colombiano carezca del derecho efectivo a la salud, es decir, a los servicios médicos generales y especializados, odontológicos, de cirugía, hospitalización y medicamentos. 
  • El personal de medicina, enfermería y servicios generales y administrativos de hospitales y centros de salud públicos debe ser contratado por la nación a término indefinido y con todos los derechos laborales. 

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