La pandemia se usa para acabar con los derechos de los asalariados

A pesar de la incertidumbre reinante hay una certeza: todas las contradicciones sociales se están exacerbando: las que existen entre las potencias imperialistas y los pueblos de los países sojuzgados; la que se da entre esas mismas potencias; la de los pueblos y sus clases dominantes y la que existe entre el capital y el trabajo. El desenlace está por verse. Nuestro deber es contribuir a esclarecer la conciencia de las masas —que aprenden más en días de crisis que en años de tránsito tranquilo—, así como estimular su rebeldía y la confianza en sus propias fuerzas y en su lucha.

 La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz todas las lacras del sistema capitalista y su incapacidad para resolver los problemas de la sociedad humana. Sin embargo, la burguesía y los sectores parasitarios en el poder se aferran a la máxima de que “toda crisis es una oportunidad” y aquí, como en el mundo entero, expiden normas de emergencia, que buscan, ante todo, asaltar los recursos públicos a fin de salvar sus negocios; que los bancos endeuden a todo el que puedan, y presurosos corrieron a arrancarles a los trabajadores los últimos derechos que aún conservaban, al extremo de que Fenalco y ACOPI proponen reducir los salarios hasta en un 30 %; además, se los lanza al contagio, pues el gobierno de Iván Duque, obediente al clamor del Consejo Gremial, decidió que junto a los sectores esenciales ya exentos de la cuarentena, a partir del 27 de abril entrarán en actividad la manufactura y la industria de la construcción, que suman cuatro millones de empleos. 

 Al amparo de la Emergencia Economíca, Social y Ecológica declarada por el gobierno se dictaron toda clase de decretos legislativos, de resoluciones y circulares del Ministerio del Trabajo que abarcaron los diversos aspectos de la relación laboral y que a los asalariados les lesionaron todos sus derechos. Estas medidas se tomaron pregonando que eran necesarias para proteger los puestos de labor y la salud de los trabajadores y evitar el avance del contagio, pero la realidad ha sido bien distinta. 

El 24 de febrero, por ejemplo, el Mintrabajo expidió la circular 017 dirigida a las ARL y a los empleadores para la “prevención, preparación, respuesta y atención de enfermedad por COVID-19”, mientras que el transporte aéreo internacional seguía a todo vapor y en los aeropuertos ni las autoridades ni las empresas controlaron la llegada de las personas que trajeron el contagio de Europa, al tiempo que continuaban las aglomeraciones en los sistemas de transporte masivo. Lo mismo pasó cuando se decretó la cuarentena, pues los despidos de trabajadores vinculados mediante temporales, con contratos por obra o labor, se sucedieron por miles, dejándolos expuestos al hambre, mientras el Ministro del Trabajo y el Presidente Duque peroraban sobre las bondades de sus políticas para cuidar los empleos, normas cuya ineficacia y verdaderas intenciones se iban revelando a cada paso. Al tiempo que las compañías presionaban a sus empleados a “solicitar voluntariamente” licencias no remuneradas dejándolos sin salario, el 17 de marzo el Mintrabajo emitió la circular N° 021, dando vía libre a la jornada laboral flexible y a las vacaciones anticipadas y colectivas, y el 19 expidió la Resolución 803, mediante la cual echó mano del poder preferente a fin de resolver en forma rápida las solicitudes del empresariado permitiéndoles suspender actividades y hacer despidos colectivos. 

 Posteriormente se expidió el Decreto 488, del 27 de marzo, que insta a los trabajadores sin ingresos a retirar sus cesantías mientras dura la emergencia, o a que soliciten los exiguos subsidios al desempleo de las cajas de compensación consistentes en dos salarios mínimos divididos en tres mensualidades. Esa misma norma determinó que las ARL destinen el 5 % de las cotizaciones que cobran —con las que hacen jugosas utilidades— a la dotación de elementos de protección personal, chequeos médicos preventivos y diagnóstico al personal de salud, del transporte aéreo, marítimo o terrestre, de control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, pero nada de esto sucedió como lo muestran las protestas en los hospitales, de otra parte, debió obligarse a estas aseguradoras a cubrir a todos los trabajadores cuyas labores los exceptúan del aislamiento social, que son obligados a transportarse y a laborar sin garantizar su bioseguridad. 

 A un mes de la circular N° 021, el gobierno la adicionó con la N° 033 del 17 de abril en la que, bajo el supuesto de conservar los empleos, estableció nuevos mecanismos para cambiar las condiciones del contrato laboral a costa de los asalariados. Allí se fijan pautas para que empresarios y trabajadores “acuerden” licencias remuneradas “compensables” y se compara cínicamente la licencia que se pide en cuarentena al “disfrute de un tiempo de descanso” que debe ser compensado laborando en jornadas adicionales. También se orienta para que de manera “concertada” se modifiquen la jornada laboral, los salarios cuando son superiores al mínimo, los beneficios extralegales y las convenciones colectivas, obviamente con el fin de que los trabajadores renuncien a sus derechos, es decir, la flexibilidad laboral absoluta ¡El sueño dorado de la burguesía!

Las pensiones de los trabajadores tampoco se salvaron del embate. Primero, con el decreto 444 del 21 de marzo, el gobierno se autoprestó cerca de $2 billones de pesos del FONPET, destinados a pagar las pensiones de miles de trabajadores de los entes territoriales y desvió esos recursos para darles liquidez a los bancos y comprarles acciones y otros papeles a las grandes empresas en dificultades. Después, con el Decreto 558 de 15 abril, le dio un alivio a las empresas reduciendo del 16 al 3 % la cotización, pero el trabajador pierde prácticamente esas semanas (art. 3). En su artículo 7, ordenó que Colpensiones asuma el pago de las mesadas correspondientes a quienes se hayan pensionado en los fondos privados con la modalidad de retiro programado y cuyo ahorro y “rentabilidades” ya no sean suficientes para recibir una mensualidad de salario mínimo. En el retiro programado la mesada pensional se determina anualmente de acuerdo con el saldo de la cuenta de ahorro individual y se reliquida según las pérdidas o rentabilidades de la inversión. Con la crisis actual, los ahorros de los fondos de pensiones se redujeronron y todos los cotizantes han sufrido grandes pérdidas. Quienes han estado recibiendo mesadas de más del mínimo en retiro programado verán sus ingresos reducidos al mínimo; las AFP se descargarán de las mesadas de la mayoría de los cerca de cien mil pensionados que tienen en esta modalidad, de un total de 179 mil jubilados en el régimen de ahorro individual. A cambio le entregarán a Colpensiones en dinero o en papeles depreciados, sumas insuficientes para cumplir la nueva obligación. Esto le costará a Colpensiones sumas multimillonarias. El gobierno alebrestará urgiendo la reforma que le aseste el golpe final al régimen de prima media. Así cumplen Duque y Carrasquilla su función de mandaderos del capital financiero. En eso consiste el negocio de los Fondos Privados de Pensiones: recibir las cuotas durante décadas, negociar con ellas y pasarle los pensionados al gobierno. Por ello, las parasitarias AFP deben desaparecer, y los cerca de $280 billones de pesos que tienen acumulados de los ahorros de sus 6.300.000 mil cotizantes; la verdadera reforma que se requiere es que estos pasen a Colpensiones, y así, garantizarles a todos los trabajadores un ingreso medianamente digno durante la vejez. 

Pero allí no terminan los atentados contra la fuerza laboral del país. El gobierno expidió, el 15 de abril, el decreto 568 que obliga a los empleados o contratistas públicos que devengan más de diez millones de pesos a pagar durante tres meses un impuesto que, en el caso más bajo, bordeará los 4 millones de pesos, y quienes ganen menos de esa suma podrán dar su aporte “voluntario”, pues en realidad se obtendrá a punta de intimidación. Con cinismo el gobierno anuncia que los recursos irán a la clase media vulnerable y a los independientes, pues a los más pobres ya se les ha favorecido de sobra. Falacia que a diario desmienten con sus cacerolazos miles de famélicos en distintos puntos del país. De otro lado, el gobierno se viene cebando en los sectores medios— entre otros, profesionales, jueces, parte del profesorado universitario— a los que les va a conculcar otra tajada sustancial de sus ingresos, ya bastante menguados por los onerosos gravámenes que les han cargado en las últimas reformas tributarias; o por las sobretasas a las tarifas de los servicios, como la nueva a los estratos 4, 5 y 6 para responder por las ladroneras de Electricaribe. Las millonadas que les arrebatarán a los sectores medios no aliviarán la pobreza de nadie, irán al Fome para que este se los pase al Fondo de Garantías y por ahí derecho terminen en las arcas de los potentados. 

El COVID-19 no solo puso de relieve la incapacidad del sistema de salud privatizado para enfrentar la pandemia, sino que reveló las dramáticas condiciones laborales del personal hospitalario y la hipocresía del régimen que los venía tratando como esclavos y ahora los exalta como héroes de la primera línea de combate al virus. Con la expedición del Decreto 538 el gobierno volvió a mostrar su catadura: allí se obliga a prestar sus servicios a los trabajadores de la salud y a los aspirantes a títulos en el área, pero no se les ofrece ninguna garantía de protección en bioseguridad, pues los hospitales adolecen hasta de tapabocas. Las organizaciones de los médicos y de enfermería rechazaron con justa razón el decreto y señalaron que no se los podía obligar al suicidio. 

La pandemia ha revelado en toda su magnitud la miseria, el desempleo y la informalidad que campean en el país, en donde con una frágil economía de rebusque millones de seres apenas logran arañar una precaria subsistencia y cualquier crisis los condena a la hambruna, como ahora está sucediendo. Trapos rojos colgando en las fachadas de humildes viviendas y brotes de protesta desesperados desafiando la cuarentena y reprimidos violentamente por los alcaldes, incluyendo a los más “progresistas”, son el anuncio de las convulsiones sociales que se avecinan, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. A pesar de la incertidumbre reinante hay una certeza: todas las contradicciones sociales se están exacerbando: las que existen entre las potencias imperialistas y los pueblos de los países sojuzgados; la que se da entre esas mismas potencias; la de los pueblos y sus clases dominantes y la que existe entre el capital y el trabajo. El desenlace está por verse. Nuestro deber es contribuir a esclarecer la conciencia de las masas —que aprenden más en días de crisis que en años de tránsito tranquilo—, así como estimular su rebeldía y la confianza en sus propias fuerzas y en su lucha. 

Por su parte, los asalariados del país superarán la postración que causa el pánico a perder los puestos de trabajo, fomentada por la burguesía y aprovechada para imponer las regresivas reformas que acrecientan los padecimientos de los esclavos del salario. Cuanto mayor sea la crisis, menos margen de maniobra tendrán las direcciones claudicantes en las principales centrales obreras, cuya conducta ha contribuido a la desmoralización de las bases. Hasta que estas ya no soporten el peso de sus cadenas y decidan romperlas y tomar su destino en sus manos. 

Bogotá, abril 25 de 2020 

¡No más EPS! ¡No más AFP! 
¡Ninguna desmejora a los contratos de trabajo! 
¡Nacionalización de la banca! 
¡Pan, salud, techo y servicios públicos para todos! 

Notas Obreras 

Nueva Democracia Comunera 

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